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Oklahoma exige a Johnson&Johnson que repare daño causado por crisis opiáceos

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EFE

El estado de Oklahoma exigió hoy a la multinacional Johnson&Johnson que repare el daño causado a miles de personas por la actual crisis de opiáceos que vive el país, al considerar que la compañía jugó un papel clave fomentando la dependencia a estos fármacos con sus campañas de publicidad.

“Esta epidemia ha afectado a gente real y sus familias. Creo que la justicia para Oklahoma significa que los acusados tendrán que limpiar el desastre que han dejado en el estado, cueste lo que cueste”, señaló al inicio de la vista el fiscal general del estado, Mike Hunter, que forma parte de la acusación.

Asimismo, Hunter consideró que la actual crisis de opiáceos es “la peor crisis sanitaria en la historia” de Oklahoma y del país.

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Los abogados que defienden la acusación del estado de Oklahoma defendieron que durante algunos años la cantidad de recetas de analgésicos de Johnson&Johnson dispensadas superó la cantidad de residentes del estado.

También argumentaron que Johnson&Johnson, junto con las farmacéuticas Purdue Pharma y Teva, crearon campañas de publicidad “engañosas” que no destacaron los riesgos adictivos de los analgésicos que comercializaban y que finalmente han causado estragos en la población de su estado.

Pese a que Oklahoma acusó a las tres compañías mencionadas, Purdue Pharma y Teva alcanzaron sendos acuerdos con las autoridades del estado por un valor de 270 millones de dólares y 85 millones, respectivamente, para evitar el juicio.

En un comunicado divulgado este domingo, Teva señaló que el pacto con la Administración de Oklahoma “no establece ninguna mala conducta” por parte de la empresa ya que “no ha contribuido al abuso del uso de opiáceos de ninguna manera”.

Los recursos económicos abonados por las compañías se destinarán a financiar la investigación y el tratamiento de la adicción en Oklahoma y al pago de los gastos legales de la contienda, según medios locales.

En su intervención, la defensa de Johnson&Johnson dijo que la empresa sí realizó actuaciones para alertar del peligro del uso masivo de los opioides y avisó a los menores de edad de que “las pastillas son peligrosas”.

El letrado Larry Ottaway explicó también que la venta de este tipo de medicamentos para contrarrestar dolores muy intensos es “legal” y que está regulado por varias agencias gubernamentales, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

“Los médicos y el Gobierno apoyan las terapias con opiáceos para dolores crónicos”, insistió el abogado, que recordó que uno de los medicamentos más señalados lleva varias décadas en el mercado.

Se espera que el resultado de este juicio en la ciudad de Norman (Oklahoma) marque el camino de los próximos litigios a nivel nacional.

“Este caso sentará un precedente y obligará a la parte perdedora a cambiar su estrategia en los siguientes casos”, valoró el profesor de Derecho de la Universidad de Kentucky, Richard Ausness, en declaraciones a la radio pública NPR.

Oklahoma presentó esta demanda en 2017 en una ola de acciones judiciales similares presentadas por los estados del país más afectados por la epidemia de opiáceos, como Texas o Misuri, entre otros.

Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés), las sobredosis relacionadas con opioides en el país se saldaron con más de 47.000 muertes en 2017, de las cuales un 36 % incluían drogas que habían sido suministradas con receta médica.

Hasta el momento, más de 2.000 demandas han sido presentadas en diferentes cortes del país alegando que las farmacéuticas ayudaron a fabricar una cultura de dependencia de los opiáceos.

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