Legislación mexicana no alcanza a proteger al colectivo LGTBI, según estudio
La legislación mexicana castiga la discriminación por cualquier motivo en todos los ámbitos, sin embargo, un reglamento “avanzado” no está siendo suficiente para garantizar la igualdad de las personas del colectivo LGTBI, según el informe “Diagnóstico Nacional sobre Discriminación hacia personas LGBT en México”.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fundación Arcoíris presentaron los datos recabados en relación al contexto socioeconómico de las personas pertenecientes a este colectivo, a partir de los cuales generaron cuatro diagnósticos temáticos a nivel nacional: salud, educación, trabajo y seguridad y acceso a la justicia.
En la presentación, el titular de la CEAV, Jaime Rochín, explicó que conocer los resultados de esta evaluación, realizada entre 2015 y la actualidad, “es muy importante para que Gobierno y organizaciones civiles definan las rutas de trabajo a seguir para los siguientes años”.
Durante el evento, llevado a cabo en el Centro Cultural de España en México (CCEMX), Rochín aseguró que “una sociedad que protege a sus integrantes bajo los mismos derechos es una sociedad plena, pues así genera un terreno fértil para garantizar la paz”.
En tanto, la investigadora Carmen Herrera dio a conocer datos relativos al derecho al trabajo, en los que destacó que la mayor parte de los encuestados eran estudiantes (24,7 %) o empleados del ámbito privado o público (15,97 % y 12,63 %) respectivamente.
Herrera explicó que 32 % de tienen un ingreso quincenal de 1.000 a 3.000 pesos (de unos 52 a 155 dólares), 25,4 % entre 3.001 y 6.000 pesos ( de 155 a 311 dólares) y el 15,6 % ninguna percepción económica.
En relación a las situaciones a las que se enfrentan las personas LGTBI en su entorno laboral, 60 % consideraron que “su condición sexual ha sido un obstáculo”.
A la hora de encontrar trabajo, 8,35 % recibieron exigencias de entregar pruebas médicas de VIH y 6,20 % fueron preguntados por su orientación sexual.
De esta manera, en relación al ámbito laboral, el informe concluyó que tanto el acceso al empleo, como el trato en el ambiente laboral y las condiciones otorgadas en el trabajo, “siguen siendo distintas para las personas LGTBI que para el resto de la población mexicana”.
Por su parte, la investigadora Claudia Isabel Barrón habló de las dificultades y desigualdades a las que se enfrentan en relación a seguridad y acceso a la justicia, las cuales aseguró, son causa de la falta de un estado de derecho deficiente.
Según los resultados del estudio presentado, un 89 % de las personas que recibieron algún tipo de discriminación por su orientación sexual o identidad de género “no acudieron a ninguna instancia superior para denunciarlo porque no confían en las instituciones ni en sus operadores”.
Por su parte, la coordinadora general Fundación Arcoíris, Gloria Careaga, explicó a Efe que después de tres meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador “no hay ninguna claridad en la ruta que se va a tomar con respecto a los derechos humanos en general y sobre este sector de la población (LGTBI) en particular”.
Acusó también al político izquierdista de haber menospreciado la contribución de las organizaciones sociales y de no haber mencionado “prácticamente nunca” la lucha de este colectivo y la necesidad de actuar para promover la igualdad en este ámbito.
