Los posibles caminos hacia un juicio político contra Donald Trump

Aunque aún no ha jurado el cargo, el presidente electo, Donald Trump, ha dado razones para pensar que pueda ser objeto de un juicio político y no sea capaz de finalizar la legislatura, como sostienen diversos expertos.

Ese escenario es posible habida cuenta de que Trump ha dejado en manos de sus hijos su emporio inmobiliario y se ha negado a colocar sus activos en un “blind trust” (fideicomiso gestionado por administradores anónimos desconocidos por el propietario mientras éste ocupa su cargo político) en el que no pueda interferir.

También apuntan en esa dirección los negocios del empresario republicano con gobiernos extranjeros, sobre todo con Rusia; o su posible violación de las leyes que prohíben el tráfico de influencias.

Las frase “conflicto de intereses” pulula en casi todas las informaciones que derivan de sus actos, por no hablar de que con la victoria electoral ya en el bolsillo, el mandatario electo sigue negándose a revelar su declaración de impuestos, y lo que en ella puede esconderse, algo inédito en la historia moderna de EEUU.

“A menos que Donald Trump cambie de postura, estará violando la Constitución desde el primer día, desde el minuto uno y la primera hora, porque sus negocios en Estados Unidos y en todo el mundo reciben un flujo constante de ingresos de gobiernos extranjeros”, explicó recientemente Norman Eisen, exabogado de ética de la Casa Blanca, en una entrevista con la radio pública NPR.

Cuando Trump anunció el pasado miércoles, en su primera rueda de prensa desde julio pasado, que dejaba sus negocios en manos de sus hijos, Eisen advirtió de las consecuencias de esa decisión, alertando de que el magnate está siendo “mal aconsejado y eso precipitará el escándalo y la corrupción”.

En la misma línea, el profesor de derecho Christopher Peterson, de la Universidad de Utah, consideró que el escándalo de fraude de la llamada “Universidad Trump”, que se zanjó con un pago por parte del multimillonario de 25 millones de dólares a los estudiantes, puede ser otra razón para acusar al mandatario electo.

Sin embargo, la decisión de convocar un juicio político para someter a escrutinio las prácticas de un presidente en EEUU nace de la voluntad del Congreso, cuyas dos Cámaras ahora están, abrumadoramente, en manos de su partido, y que difícilmente, tras ocho años de Gobierno demócrata, querrá poner en jaque su hegemonía.

Lo que en inglés se conoce como “impeachment”, o juicio político, es precisamente eso, un proceso en el que un funcionario público es acusado de violar la ley, y sometido por ello a escrutinio en el Senado, lo que no significa que vaya a ser destituido de su cargo de manera automática.

Según refleja la Constitución estadounidense, el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de país “serán destituidos de su cargo por acusación y condena por traición, soborno u otros crímenes y delitos menores”.

Pero dada la amplitud de la definición, el Congreso puede iniciar el proceso de destitución debido a una actividad criminal, a abusos de poder o a cualquier otra presunta infracción, sin que se vea obligado a ello.

“Un delito aplicable a un juicio político es lo que una mayoría de la Cámara de Representantes considera en un momento dado de la historia”, dijo en 1970 el entonces líder de la minoría de la Cámara Baja, y después presidente, el republicano Gerald Ford.

Aunque sus detractores piensen que Trump tiene posibilidades de ser derrocado por la vía legal -en cuyo caso no habría elecciones, sino que sería sustituido por su vicepresidente, Mike Pence-, la historia no les da muchas motivos para el optimismo.

El único presidente de EEUU que dejó el cargo antes de terminar su segundo mandato fue el republicano Richard Nixon (1969-1974), quien renunció a la Casa Blanca en agosto del 1974 por el escándalo “Watergate”.

Por otra parte, solo dos expresidentes, ambos demócratas, han sido sometidos a juicio político: Andrew Johnson (1865-1869), quien entró en la Casa Blanca tras el asesinato de Abraham Lincoln; y el expresidente Bill Clinton (1993-2001), pero ambos fueron eximidos de las acusaciones que se vertieron en su contra.

Clinton, el caso más controvertido de la edad moderna, ocurrió a raíz del escándalo sexual de la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky en 1998, pero logró salir airoso con el voto a favor de su inocencia de 55 de los 100 senadores respecto al cargo por perjurio, y obtuvo un empate en el cargo presentado en su contra por obstrucción a la justicia.

De todos modos, las opciones de que Trump engrose la corta lista de presidentes sometidos a juicio político, o la posibilidad de que se convierta en el primero en ser forzado a abandonar el cargo por esa vía, dependen en última y primera instancia del Congreso.

Sin embargo, los analistas coinciden en que, desde que el magnate neoyorquino jure el cargo este viernes en Washington, habrá razones de sobra para no descartar ese escenario.