Columna: Lista ‘negra’ de CBP podría incluir a cualquiera

La noticia de que Customs and Border Protection (CBP) tiene una lista negra de periodistas, activistas e “instigadores” relacionados con la caravana migrante del año pasado, a quienes intimidó a través de interrogatorios al cruzar la frontera, no debería sorprender a nadie. Uno solo tiene que ver el largo historial de abusos de CBP para entender que ese tipo de prácticas abusivas son el pan de cada día para la agencia más corrupta del gobierno federal.

Bajo el auspicio de una “investigación de seguridad nacional”, los agentes de CBP identificaron a 59 personas, la mayoría de ellas ciudadanos estadounidenses, y emitieron órdenes de mandarlas a inspección secundaria cuando cruzaran la frontera. Durante los interrogatorios, los agentes exigieron revisar sus teléfonos celulares para ver su información personal, una práctica común a lo largo de nuestras fronteras que poca gente sabe que existe.

Esto es una clara forma de intimidación antidemocrática contra periodistas que escriben sobre las prácticas abusivas del gobierno, defensores de los derechos humanos que abogan por las familias asiladas y cualquier otra persona que no esté de acuerdo con las políticas de la administración de Trump. En su esencia, es una violación a la libre expresión, uno de los pilares constitucionales más importantes de este país.

Tenemos suerte de que una persona dentro de CBP tuvo la valentía de compartir la lista con la estación local NBC 7, o de otra forma hubiera pasado a ser parte del sinfín de abusos que comete esta agencia con completa y total impunidad. Necesitamos a más personas dentro de la agencia que denuncien lo que sabemos pero que no podemos confirmar.

Según NBC 7, la lista incluía a la abogada Nicole Ramos de Al Otro Lado, una defensora de los derechos humanos. Su perfil incluía datos personales como el nombre de su madre, sus fotos en las redes sociales, el tipo de carro que usa, así como su historial de trabajo y los lugares a los que ha viajado.

“Esto comprueba algo que hemos supuesto por mucho tiempo, que estamos en una lista de las autoridades que buscan tomar represalias contra defensores de los derechos humanos que trabajan con asilados y que no están de acuerdo con las prácticas de CBP que violan los derechos de las personas que buscan asilo”, dijo al canal local NBC 7.

Hace unas semanas escribí en este espacio sobre cómo CBP tiene un largo historial de abusos que incluye la muerte de más de 80 personas desde el 2010 sin que ninguno de sus agentes haya sid encontrado culpable. Esta es una agencia que regularmente miente en sus comunicados de prensa para ocultar los abusos de sus oficiales.

En este mismo puerto de entrada donde realizaron los interrogatorios, más de una docena de agentes fronterizos mataron a golpes a Anastasio Hernández Rojas, un immigrante de San Diego, en 2010. Para encubrir su muerte y librarse de toda responsabilidad, los agentes mintieron en sus declaraciones oficiales, eliminaron evidencias, desconectaron cámaras de videos, y confiscaron los teléfonos celulares de las personas que presenciaron el asesinato.

En tan solo los últimos meses han muerto varias personas en su custodia, incluyendo Jakelin de 7 años de edad y Felipe Alonzo de 8 años. Con un tiro en la cabeza, un agente de la patrulla fronteriza mató a Claudia Patricia Gómez González, la inmigrante guatemalteca de 20 años.

La oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional abrió una investigación sobre el uso de la autoridad fronteriza de CBP y la posible violación de los derechos legales y constitucionales de los estadounidenses.

Uno solo puede esperar que la investigación sea integral y avance rápido porque se nos hace tarde. Es hora de poner un fin a la cultura de abuso e impunidad de la agencia más poderosa el gobierno federal que opera bajo la sombra del muro y en la franja de la ley.

Soto es columnista independiente. Soto.hiram.@gmail.com.