Columna: El peor censo de nuestras vidas

Sabe usted cual es la actividad más importante y masiva que el gobierno de Estados Unidos emprende, fuera de participar o declarar una guerra?

Es el censo. Ese proceso por medio del cual cada diez años se cuenta o enumera a cada uno de los residentes de Estados Unidos, no importa quienes sean ni su estatus migratorio. También se recopilan otros datos sobre las personas, como su raza o etnia, por ejemplo. O donde viven. En qué trabajan. El tamaño de sus familias, quienes la conforman, y muchas cosas más.

Todo esto se hace por medio de cuestionarios que cada hogar debe contestar.

¿Para qué se usa toda esta información?, se preguntará usted.

Ni más ni menos que para decidir absolutamente todo lo que hace el gobierno, donde van los recursos, los fondos, los curules políticos. Todo.

Es importante que nos metamos en la cabeza que el censo es una de las actividades más trascendentales que se realizan en este país y sus cifras definen no solo el poder político de cada comunidad, región o estado, sino la distribución de fondos federales de todas clases, desde el dinero para las escuelas, construcción de carreteras, Medicaid o fondos para la salud, y cuántos congresistas corresponden a cada estado según su población.

Y, sin embargo, según explica uno de los hombres más conocedores y preocupados por este tema del censo de 2020, Arturo Vargas, “estamos ante la posibilidad de que se realice el peor censo de nuestras vidas”.

¿Qué puede significar eso?

Vargas, director ejecutivo de una organización no lucrativa que se conoce por las siglas de NALEO (Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos) acudió a un foro ante una audiencia de periodistas de medios impresos en Estados Unidos hace unos días y explicó que había solo tres sentimientos adecuados para el momento:

“Hay tres formas de verlo: indignación, alarma y urgencia”, dijo. “Las posibles consecuencias de un censo mal hecho son enormes, y nuestra comunidad se puede llevar la peor parte”.

El experto apuntó el dedo al Congreso de los Estados Unidos, que durante los últimos y cruciales años no ha dedicado los fondos suficientes al proyecto, impidiendo que se realicen los ensayos generales que sirven para determinar si todo está en orden. “No habrá ensayo general, no habrá entrenamiento de líderes locales, no habrá anuncios de servicio público”, dijo Vargas, con voz indignada.

Pero quizá la peor decisión del Departamento de Comercio y de su secretario Wilbur Ross (el mismo que dijo durante el cierre de gobierno que no entendía por qué los empleados parados tenían que acudir a la caridad para conseguir comida y que personalmente tiene 3000 milloncitos en el banco), fue la de ceder a la presión política de Trump y sus asesores para incluir una pregunta que no se hacía desde 1950.

“¿Es esta persona ciudadana de los Estados Unidos?”, es la pregunta del millón, que ha generado varias demandas judiciales y temores generalizados de que el gobierno de Trump quiere hacer algo más que contar a los residentes de Estados Unidos. La desconfianza hacia este gobierno entre las comunidades minoritarias ya es galopante, pero esta maniobra empeora aún más las cosas.

El 15 de enero un juez federal en Nueva York ordenó al gobierno de Donald Trump retirar la pregunta de los cuestionarios que llegarán al público en general, pero este apeló la decisión directamente a la Corte Suprema de Justicia para revertir ese fallo. Aún está pendiente una decisión y al menos otras dos demandas.

El fallo del juez federal Jesse Furman dijo que la pregunta sobre ciudadanía fue añadida a última hora, con “intenciones sospechosas”, sin seguir la ley y las reglas del gobierno o tomar en cuenta las consecuencias que esta tendría en reducir la participación de ciertas poblaciones en el conteo.

Esa mera pregunta, incluida a última hora en el censo cuando los cuestionarios ya estaban listos y ya se habían pasado las fechas límite para hacer cambios, tendría un efecto desastroso en la participación de comunidades vulnerables, según sondeos realizados por organizaciones interesadas.

“En todas las poblaciones latinas encontramos una reducción significativa en la voluntad de participar en el censo si se hace esa pregunta”, explicó Cindy Quezada, del Central Valley Immigrant Integration Collaborative (CVIIC), una organización comunitaria del valle central Californiano donde viven muchas comunidades “difíciles de contar”.

“Incluso los ciudadanos naturalizados reflejan ese temor”, dijo Quezada. “Nuestro sondeo reveló que un 84 por ciento dice al principio que participará en el censo, pero si se hace la pregunta de ciudadanía la participación baja a 46 por ciento. Incluso en los hijos ciudadanos de personas inmigrantes, solo el 49 por ciento la respondería”.

Si el conteo resultante es inferior a la realidad, la comunidad podría perder fondos, acceso a servicios de salud, comida, educación y representación política. También perderían otros residentes, al recibir menos fondos para servicios que usan todos, como carreteras.

Vargas cree que el objetivo de agregar la pregunta de ciudadanía no es para nada sospechoso. “Creo que lo hicieron deliberadamente para inhibir la participación de muchas comunidades, particularmente la latina”, dijo.

Las organizaciones como NALEO y CVIIC tienen un reto enorme: invitar a la comunidad a superar sus temores y participar en el censo, so pena de las consecuencias negativas de no hacerlo y al mismo tiempo, deben vigilar que el gobierno de Trump cumpla el Título 13 de la ley del censo y mantenga la confidencialidad de la información.

Pilar Marrero es periodista independiente y colaboradora de Ethnic Media Services.