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Buscan votantes tocando puertas, haciendo llamadas e incluso han demandado para que los presos puedan votar

Wendell Sherman (izquierda), de Long Beach, y Amber-Rose Howard, de las organizaciones All of Us or None y A New Way of Life, hacen campaña el 5 de noviembre pasado, en Long Beach. Sherman se enfocó en las proposiciones 55, 56 y 57 (Robin Abcarian/Los Angeles Times).

Wendell Sherman (izquierda), de Long Beach, y Amber-Rose Howard, de las organizaciones All of Us or None y A New Way of Life, hacen campaña el 5 de noviembre pasado, en Long Beach. Sherman se enfocó en las proposiciones 55, 56 y 57 (Robin Abcarian/Los Angeles Times).

Falta muy poco para que esta miserable elección sea cosa del pasado. Pero, antes de que ese momento llegue, decidí reunirme este sábado con activistas de campo, gente lo suficientemente idealista sobre el proceso democrático como para pasar tiempo tocando puertas o haciendo llamadas telefónicas en favor de las causas que apoyan.

En Long Beach, caminé por un vecindario de bajos ingresos junto con organizadores comunitarios que apoyan diversas proposiciones. En el sur de Los Ángeles entré a un banco telefónico, donde jóvenes latinos contactaban a sus pares para pedirles su apoyo a mi propuesta favorita, la 64, que legalizará, regulará y gravará la marihuana.

Los latinos jóvenes, muestran los sondeos, están entusiasmados con esta medida. Pero, ¿y sus padres? No tanto. ¿Sus abuelos? En absoluto. Es por ello que veteranos activistas latinos decidieron centrarse en captar el voto de los milenios, en lugar de motivar a los latinos de mayor edad, que ayudaron a hundir la legalización la última vez que ésta llegó a la boleta electoral, en 2010.

El truco para vender la medida esta vez es convencer a los votantes de que la gente de color ha pagado un precio mucho mayor por romper las leyes ligadas a la marihuana que los blancos. Ellos son detenidos y encarcelados a un ritmo mucho más alto que los anglos por los mismos delitos, a pesar de que las tasas de consumo son las mismas en general.

“Enfocarse en el aspecto de la justicia penal es la forma más fácil de abordar esta conversación”, afirmó Armando Gudino, de Drug Policy Alliance, un grupo de reforma de las leyes vinculadas con drogas, y un importante defensor de la Propuesta 64. En caso de aprobarse, la Ley de Uso de Marihuana para Adultos borrará de los libros la mayoría de los delitos relacionados con esta sustancia y permitirá que las personas que han sido condenadas por ellos también limpien sus expedientes. Además, establece que los menores atrapados con marihuana ya no serán acusados de un delito o infracción, y se les requerirá, en cambio, que se sometan a educación sobre los estupefacientes y que realicen servicios comunitarios.

“El mensaje que funciona es decirle a la gente que esta ley le da a nuestra juventud una segunda oportunidad”, señaló Janet Martínez, de Latino Voters Initiative, que organizó el centro de llamadas telefónicas a favor de la proposición en una casa al sur de Exposition Park, habitualmente la sede de un grupo de derechos civiles para indígenas mexicanos. “En lugar de hacerlos entrar en el sistema de justicia penal, ¡demos a los jóvenes una oportunidad!”.

En una mesa de la sala, Kim Zamor, de 26 años, se sentó con otros tres operadores. Con el teléfono en la oreja, revisaba una lista de votantes latinos menores de 26 años. “¿Puedo hablar con Christopher?”, preguntó. “¿Podemos pedirte tu apoyo para imponer impuestos y legalizar la marihuana? ¡Muy bien! ¿Hay alguien más en tu hogar que apoye la medida? ¿Tu abuela? Estupendo”.

Frente a ella, Alfredo Campos, de 19 años de edad, alzó la mirada. “La mitad de las veces ni siquiera puedo terminar mi oración. Todos me dicen: ‘Sí, sí, la apoyamos. Todos fumamos marihuana’”.

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Veinte millas al sur, en Long Beach, Amber-Rose Howard, de 30 años, iba de puerta en puerta entregando folletos para la proposición. Organizadora comunitaria de A New Way of Life y All of Us or None, dos grupos de presión que ayudan a las personas que han estado encarceladas, Howard ha ayudado a difundir la proposición durante meses. También ha pasado mucho tiempo hablando de la medida en iglesias negras de L.A. y el Inland Empire, donde vive.

Al igual que otros latinos mayores, afirma, los afroamericanos de mayor edad se resisten a la legalización. “Las iglesias están decepcionadas”, afirmó. “Intento ayudarles a comprender que esto protegerá a nuestros jóvenes. La guerra contra las drogas hizo un buen trabajo poniendo a la gente en contra de la juventud”.

El sábado, ella unió fuerzas con los organizadores Marlene Montanez (27) y Wendell Sherman (22), de un grupo de compromiso electoral llamado Long Beach Rising. Montanez y Sherman promovían las proposiciones 55, 56 y 57 (que mantendrán una tasa impositiva más alta para los ricos, aumentarán el impuesto a los cigarrillos y dejarán que los jueces -en lugar de los fiscales- decidir si juzgan a los menores como adultos).

En esta sección de Long Beach, al sur de Long Beach Polytechnic High, es difícil saber a veces cuando la gente responderá a la puerta, a menudo pesadas y cubiertas por mallas de metal. Otro problema: los perros guardianes, que surgen al encuentro del visitante. “A mí no me gustan los perros”, dice Howard.

En Olive Street, justo al sur de Anaheim Boulevard, Howard y Sherman tocaron una puerta en busca de un votante llamado Keith Russell. “No está en casa”, dice un hombre de mediana edad, entrando en el porche.

“¿Le importa si dejo información sobre la Proposición 64?”, pregunta Howard, entregándole al hombre un volante. “¿Está registrado para votar?”

“He estado preso”, responde el hombre. “No están interesados en mí”.

“Usted puede votar aunque haya pasado un tiempo en la cárcel”, informa Howard. “Yo estuve en prisión por un delito grave, y estoy registrada como votante”.

El hombre se encogió de hombros y entró a la casa. La situación fue frustrante para Howard.

El mes pasado, Howard y All of Us or None demandaron a Jim McDonnell, sheriff del condado de L.A., y a Dean Logan, actuario del condado, en la Corte Superior del Condado de L.A., acusándolos de no permitir que los presos elegibles para votar puedan hacerlo de manera oportuna.

Los reclusos que están a la espera de juicio o que cumplen condenas por delitos menores no sólo son elegibles para votar, sino que según el sitio web del registro, se les anima a que lo hagan (actualmente, los reclusos que cumplen condena en cárceles del condado por delitos mayores no pueden votar, aunque serán elegibles para hacerlo desde enero, bajo una nueva ley estatal). El caso se resolvió menos de diez días después de su presentación. Hasta el momento, All of Us or None ha registrado a 804 presos en la cárcel del condado. Podría equivocarme, pero apuesto a que serán otros 800 votos para la Proposición 64.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis


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