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Reporte: México, con su año más violento, muestra FRACASO en seguridad

México cerró 2017 con 25,339 homicidios dolosos, una cifra insólita en dos décadas que supone un aumento del 18,91 % respecto al año anterior y que muestra, de acuerdo con expertos consultados por Efe, la debilidad del modelo de seguridad y de las instituciones del Estado.

El último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirma que el país alcanzó el mayor número de asesinatos desde el año 1997.

A lo largo del pasado año, ha habido tres meses (mayo, junio y octubre) que han marcado cifras récord en ese tipo de delitos.

El punto mas álgido se registró en octubre, cuando se cometieron 2,381 asesinatos. Con el acumulado en ese momento, el país ya había superado el total de homicidios cometidos en 2016.

Hasta ahora, el año más violento era 2011, todavía con la Administración de Felipe Calderón (2006-2012), con 22,855 homicidios.

Guerrero (con 2,318 asesinatos), Baja California (2,092), Estado de México (2,041) y Veracruz (1,641) son los estados en los que se han producido un mayor número de estos delitos.

Además de los homicidios, aumentaron todos los crímenes incluidos en el informe del SESNSP: los secuestros, cifrados en 1.148, crecieron un 1,48 % respecto a 2016, las extorsiones (5,649) un 6,76 %, los robos de vehículo con violencia (63,179) un 28,53 % y los robos de vehículo sin violencia (123,717) un 5,73 %.

“Hay un fracaso en la perspectiva de la estrategia de seguridad”, por un modelo que “no ha variado un ápice” en los últimos 15 años, afirma el académico de la Universidad Iberoamericana Erubiel Tirado.

El coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México subraya que se ha privilegiado un enfoque que “no ha terminado de solucionar las cuestiones de la violencia”.

Ejemplo de ello es la práctica de “descabezar organizaciones”, que tiene entre sus limitantes que realmente no “desarticula las redes de complicidad”.

En México todavía sigue vivo el debate por la recientemente promulgada Ley de Seguridad Interior, de la que organizaciones civiles han mostrado sus inquietudes porque perpetúa la presencia de los militares en las calles.

Lejos de proponer una “solución real” en materia de inseguridad, la norma “implica una agenda que permite perpetuar” las estrategias punitivas, y además abre otras cuestiones relacionadas con la privacidad y la transparencia, remarca Tirado.

Las cifras se dan a conocer cuando el país está volcado en el proceso electoral de cara a los comicios del 1 de julio, en los que se elegirá al nuevo presidente de México, además de a diputados, senadores, ocho gobernadores y el jefe del gobierno de Ciudad de México.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Pablo González, quien considera que “no se ha trabajado en la calidad de las instituciones” de justicia y seguridad, defiende que el Gobierno actual de Enrique Peña Nieto no cambiará el enfoque durante su último año.

A esto se le suma que “las miradas políticas van a estar enfocadas a otros lado”.

Durante este proceso electoral, señala el profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los ciudadanos deberían exigir a los candidatos que dejen clara cuál será su política de seguridad.

Por el momento, los precandidatos no han hablado de una “agenda específica de seguridad”, sino que se han presentado “ideas aisladas”, como hizo el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador cuando se mostró abierto a debatir una amnistía encarcelados del crimen organizado.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, reconoció en una entrevista con Televisa que, en cuanto a la seguridad, en el país hay “un tema muy grave del cual todos los niveles de gobierno participan”.

Dijo que “no hay uno solo” de los partidos políticos que en su ejercicio de gobierno hayan podido dar una “respuesta efectiva al tema de la criminalidad”.

Entre las causas del repunte mencionó el surgimiento y recrudecimiento de disputas entre grupos delictivos, y propuso pasar de un modelo de “reacción” a uno de investigación “que empiece a desmembrar las organizaciones criminales”.

Los altos niveles de violencia también permean en la percepción que tienen los ciudadanos: el 75,9 % de los mexicanos considera que vivir en su urbe es inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

Para ayudar en la erradicación de la criminalidad, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un programa de desarme voluntario.

“Hay que colaborar con las autoridades porque hay mucho asesinato y estamos ahorita ciscados (espantados) de tanta muerte”, afirmó Alfonso Fuentes, quien entregó sus cartuchos a cambio de una compensación económica.

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