México acatará sentencia de CorteIDH sobre tortura de mujeres en 2006

El Gobierno de México aceptó hoy la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que responsabiliza al Estado mexicano de violaciones a derechos humanos contra 11 mujeres por parte de policías en 2006 en el municipio de Atenco.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó en una conferencia de prensa que la decisión de acatar la resolución de la CorteIDH sobre el caso Atenco “es muy importante” por ser la primera vez que México acepta una recomendación de este organismo internacional.

“Por primera vez México acepta la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco”, comentó la titular de Gobernación sobre la resolución que la CorteIDH notificó el pasado 21 de diciembre.

A su vez, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que el Estado mexicano ha comenzado ya con el proceso de revisión de la sentencia a efecto de darle cumplimiento “de manera muy puntual”.

El Estado mexicano atenderá “cada uno de los aspectos que de ella se derivan”, expresó.

Confirmó que en los próximos días, cuando ya se haya desahogado el análisis, se informarán de “las fechas, mecanismos e instrumentos a partir de los cuales se ejecutará plenamente esta sentencia”.

La resolución de la CorteIDH identificó tortura física, psicológica y sexual, así como falta de acceso a la justicia, por los hechos ocurridos en la represión policial desplegada el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, en el céntrico Estado de México.

La CorteIDH concluyó que hubo uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado que en este caso fue resultado de una ausencia de regulación adecuada, falta de capacitación de los agentes y la supervisión y monitoreo deficiente del operativo.

La CorteIDH confirmó que no se investigó, juzgó y sancionó a todas las personas responsables del operativo, tanto a nivel material como intelectual.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió el caso Atenco en 2015, dando la razón a las mujeres y exigiendo al Estado esclarecer, sancionar, reparar y garantizar la no repetición de los hechos.

Ante la falta de cumplimiento del Estado, la Comisión elevó el caso a la CorteIDH, y en noviembre de 2017 se celebró la audiencia pública del caso, a la que asistieron las 11 mujeres.