Demandan a policías de Colorado por uso de “fuerza brutal” contra inmigrantes

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Colorado presentó este martes en corte federal una demanda judicial contra el Departamento de Policía de Aurora por “uso innecesario de fuerza brutal” contra latinos y otras minorías, y por obstaculizar las investigaciones de esos hechos.

“Muchos de nuestros inmigrantes y refugiados han sido víctimas de violencia en sus países, incluyendo violencia por parte de la policía o de fuerzas gubernamentales. No deberíamos sumarle más actos o historias de violencia en nuestras ciudades”, declaró hoy a Efe Diana Higuera, directora ejecutiva del Centro de Bienvenida Rocky Mountain (RMWC), en Aurora, un suburbio al este de Denver.

Higuera, no involucrada en la demanda, aseveró que el proceso de integración social de inmigrantes y refugiados de América Latina, Asia o África en la vida de Denver implica un acercamiento a la policía local.

Indicó que para ello el RMWC organiza conversaciones entre policías e inmigrantes y provee capacitación en temas multiculturales y de inmigración a los policías. No obstante, agregó, incidentes como los que llevaron a la demanda afectan ese proceso, con consecuencias negativas para la comunidad.

En su acción judicial, la ACLU representa a Jaime Alberto Torres Soto, mexicano de 30 años, quien fue detenido por tres policías en el garaje de su casa en Aurora hace exactamente dos años (21 de noviembre de 2016), luego de que un vecino lo denunciase por escuchar música fuerte cerca de la medianoche.

Según la demanda, los oficiales Ethan Yazdani y Kristi Mason y el sargento Reginald DePass infringieron los derechos garantizados por la Enmienda 14 de la Constitución Federal (protección equitativa ante la ley) al arrestar a Torres Soto, golpeándolo y arrojándolo al piso de cemento, a pesar de que él no se resistió y cooperó con los uniformados. El incidente quedó grabado en las cámaras de los policías.

Torres Soto sufrió heridas en sus ojos, rostro, cabeza, hombros y espalda, según la demanda que también afirma que el mexicano habla poco inglés y que los policías que lo arrestaron hablan poco español.

Debido a que, según la demanda, la oficial Mason le habría pedido a la familia de Torres Soto que no se reportase el altercado, y debido a que la investigación del incidente estuvo a cargo de un policía que participó en el incidente, ACLU pide que el caso se lleve a juicio y que se indemnice financieramente a Torres Soto con una cifra que no fue revelada.

Además, el documento de ACLU especifica que desde 2003 hasta el presente se han registrado otros 13 casos similares en Aurora.

“El uso excesivo de fuerza contra personas de color se ha hecho costumbre para los oficiales de Aurora, que luego acusan a esas personas con cargos falsos e infracciones exageradas para ocultar el hecho que los oficiales usaron fuerza excesiva”, detalla la demanda.