Calificar "carga pública" a migrantes puede afectar la economía en California

EFE

La propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump de considerar una "carga pública" a los inmigrantes que utilizan subsidios públicos podría afectar la salud, la alimentación de personas pobres y la economía en California, afirmó hoy un grupo de expertos.

En un seminario de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), la directora del Centro para Investigación de Políticas de Salud de este centro, Ninez Ponce, destacó que de ponerse en marcha esta medida "muchos de los 2,2 millones de californianos que están registrados en los programas de (subsidio de alimentación y servicio médico) CalFreash y Medical" se verían afectados.

La experta destacó que, de este total, unas 765.000 personas se retirarían de los programas y cerca del 70 % de los afectados serían "niños, la mayoría latinos y asiáticos".

El seminario igualmente destacó que California tiene el mayor número de residentes permanentes legales (LPR) del país, con aproximadamente 3,3 millones de personas.

Ponce calcula que California podría perder entre 718 y 1.670 millones de dólares de beneficios federales debido al retiro de personas de los programas de asistencia pública por la medida.

Esta reducción de subsidios federales generaría a su vez una pérdida de trabajos calculada entre 7.600 y 17.700 empleos.

Bajo el término "carga pública" se recogen los requisitos por los que se considera que un inmigrante será un supuesto peso para el Estado y que puede derivar en que el Gobierno desestime una potencial petición para acceder a la residencia permanente o la ciudadanía.

La propuesta del Gobierno amplía el concepto de "carga pública" a las personas que se han beneficiado de servicios pagados por el Estado, que no son ayudas en efectivo, en materia de alimentación o sanidad, entre otros.

La proposición se enmarca en un contexto en el que Trump ha enaltecido un discurso antiinmigración desde su campaña electoral en 2016 hasta ahora, como presidente, con especial énfasis en la inmigración irregular.

Laurel Lucía, directora del Programa de Cuidado de Salud del Centro de Investigación y Educación Laboral de la Universidad de California Berkeley, destacó que, aunque la medida excluye a ciudadanos naturalizados, refugiados y víctimas de violencia doméstica o trata de personas, entre otros, finalmente se pueden ver afectados.

Tia Shimada, directora de programas de Defensores de Políticas Alimenticias de California (CFPA), invitó a la comunidad a que participe con sus opiniones antes del 10 de diciembre cuando finaliza el período de comentarios públicos.

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