ICE critica que Oregón libere a indocumentado acusado de apuñalar a su esposa

EFE

Oficiales de ICE afirman que las autoridades de Oregón se opusieron a que esta agencia federal pusiera bajo custodia a un mexicano que estaba detenido en el Condado de Multnomah por violencia domestica, y al que ahora se le acusa de asesinato, informan hoy medios locales.

Gallo-Gallardo, de 45 años y que ingresó ilegalmente al país, fue acusado esta semana de apuñalar el pasado lunes 29 de septiembre a su esposa, Coral Rodríguez Lorenzo, de 38 años, y tirar su cadáver en una zanja cerca a un campamento de verano en las afueras de Sandy, en el condado de Clackamas.

"Es lamentable" que las agencias del orden "se nieguen a trabajar con ICE para promover la seguridad pública", dijo en un comunicado Tanya J. Roman, portavoz de la oficina regional de la Agencia de Aduanas e Inmigración (ICE), con jurisdicción en Oregón, Washington, Idaho y Alaska.

Según las autoridades federales, el acusado había sido arrestado bajo cargos de asalto en cuarto grado por el presunto abuso a su esposa.

ICE solicitó el pasado 6 de marzo a los agentes de la cárcel del condado de Multnomah, donde se asienta la ciudad de Portland, que alertaran a los oficiales de Inmigración antes de poner en libertad a Gallo-Gallardo, a fin de que aprehenderlo e iniciar un proceso de deportación.

Gallo-Gallardo pagó una fianza y fue liberado. Los fiscales desestimaron las acusaciones de agresión cuando su esposa y una hija no cooperaron en el caso y un gran jurado no presentó una acusación, según los registros judiciales.

La Oficina del Alguacil del Condado Multnomah señaló el viernes en un comunicado que no recibieron la solicitud de ICE y que no se hubiera podido procesar la solicitud al ser administrativa, no una orden penal, y no cumplir con las leyes estatales y federales.

La ley de "estado santuario" de Oregón se aplica desde 1987 y supone un obstáculo importante a la política de "tolerancia cero" que la administración Trump aplica contra la inmigración ilegal.

El caso es el último en destacar la polémica ley, justo antes de que los votantes de Oregón decidan su continuidad en las elecciones el próximo 6 de noviembre.

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