Investigan uso de cárcel en Colorado como almacén de “basura” electrónica

Un centro de detención de mínima seguridad en Colorado fue durante más de un año almacén ilegal de desperdicios electrónicos, con presuntos beneficios para un alto funcionario estatal y para un empresario local, revelan documentos oficiales difundidos hoy por la prensa local.

Según esos documentos del Departamento de Salud estatal, desde febrero de 2017 hasta por lo menos mayo de este año, se usó el Complejo Correccional East Canon, en Canon City (180 kilómetros al sur de Denver) para acumular computadoras, monitores, televisores y otros artefactos electrónicos en desuso, a pesar de que esa cárcel no está habilitada para recibir tales desperdicios.

En diciembre de 2017, Ángel Medina, un guardia de seguridad, se negó a autorizar la entrada a la cárcel de camiones con material electrónico desechado, porque los vehículos carecían de la documentación apropiada.

Medina informó del hecho a sus supervisores, quienes a su vez le informaron que los camiones tenían acceso por orden de Rick Raemisch, director del Servicio Penitenciario de Colorado (DOC, por sus siglas en inglés).

Al enterarse de que Raemisch era amigo del empresario Paul Moltzdel, del Condado Chaffee, que se favorecía económicamente con esas operaciones, Medina presentó denuncias ante el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) y ante el Buró de Investigaciones del estado (CBI).

En abril pasado, la División de Materiales Peligrosos y Desperdicios de CDPHE visitó la prisión y determinó que el proyecto “infringía leyes y reglas estatales de protección del medio ambiente” al “almacenar impropiamente desperdicios electrónicos”.

Por su parte, CBI investigó el caso entre abril y julio pasados.

El empresario cobraba por colectar material electrónico descartado en la ciudad de Buena Vista y lo transportaba hasta el Complejo Correccional East Canon, donde lo descargaba por un costo nominal. Raemisch luego accedía a cabañas de caza de ese empresario.

Las investigaciones de CBI llevaron al despido del director de finanzas y administración de Industrias Penitenciarias de Colorado (CCI, a cargo del trabajo de los reclusos), cuyo nombre no aparece en los documentos divulgados, así como a la transferencia a un puesto menor al director general de CCI, Dennis Dunsmoor.

CDPHE determinó, aunque sin ofrecer detalles, que la participación de los reclusos en el manejo de los desperdicios electrónicos se realizaba “sin un plan apropiado”, porque la cárcel no está registrada como una instalación de reciclaje de ese material.

CCI tiene ahora 60 días para limpiar el lugar, con un costo estimado en unos 100.000 dólares.

Raemisch no fue sancionado pero sí investigado por posible actividad ilegal. Recibió una “reprimenda” por haber usado un vehículo oficial para ir a caza.

La semana pasada, Medina presentó una demanda judicial en la corte de Denver contra el gobierno de Colorado para que CBI difunda los resultados de su investigación, como lo exige la Ley de Registros Abiertos de este estado.