Veredicto a policía por matar a joven afroamericano marca un hito en Chicago

El veredicto de culpabilidad de homicidio en segundo grado del agente de policía de Chicago Jason Van Dyke por haber acribillado hace casi cuatro años a un joven afroamericano marca un hito judicial en la ciudad y aleja los temores a nuevas revueltas sociales por este polémico caso.

El jurado necesitó solamente siete horas de deliberaciones para resolver además la culpabilidad del agente blanco de 16 cargos de agresión agravada, una por cada vez que disparó a Laquan McDonald, varias de ellas cuando había caído ya el suelo el joven, que portaba una pequeña navaja.

La decisión del jurado es histórica, pues Van Dyke es el primer oficial de Policía de Chicago en ser condenado en Chicago desde 1980 por un homicidio cometido durante el cumplimiento del deber.

Su esposa, Tiffany, comenzó a llorar apenas comenzó la lectura del veredicto, al igual que familiares de la víctima, pero el resto de la sala se mantuvo en silencio, porque el juez de la causa, Vincent Gaughan, había amenazado con hacer arrestar a quien causara algún tipo de alboroto.

Las primeras reacciones de los activistas reunidos afuera de la corte fueron de júbilo y pacíficas, aunque la Policía aseguró que está preparada en caso de que puedan registrarse disturbios más tarde en el centro de la ciudad y en los barrios más conflictivos.

Algunos edificios públicos del centro, como la Alcaldía, fueron cerrados al público y acordonados por la Policía antes de la lectura del veredicto.

El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, y el superintendente de Policía, Eddie Johnson, hicieron un llamado conjunto a la cordura y a “asumir” la decisión del jurado.

El superintendente policial de la época en que ocurrió el asesinato, Garry McCarthy, quien fue apartado de su cargo por Emanuel por supuestamente no haber manejado bien las consecuencias del asesinato, dijo por su parte que el veredicto “cierra uno de los capítulos más oscuros” de la historia de Chicago.

“Pero también nos recuerda que debemos unirnos y elevarnos por encima de este trágico evento”, agregó.

Grupos defensores de los derechos civiles acusaron al alcalde de intentar encubrir la culpabilidad del policía blanco, al demorar más de un año la difusión de un vídeo policial que mostró cómo el adolescente de 17 años recibía los 16 impactos de bala.

Esto generó disturbios callejeros y una investigación del Departamento de Justicia federal sobre exceso del uso de la fuerza letal en Chicago, que obligó al Departamento de Policía a introducir cambios en sus procedimientos para minimizar el uso de la fuerza letal.

“Este es el comienzo del cambio que estamos necesitando en esta ciudad desde hace mucho, pero mucho tiempo”, declaró a periodistas Frank Chapman, de la Alianza de Chicago contra la Represión Racista y Política.

Para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois, la muerte de McDonald fue “innecesaria” y la sentencia de Van Dyke traerá un poco de alivio a los deseos de justicia de su familia.

“Pero debemos recordar que muchas otras familias que han perdido a un ser querido por el uso excesivo de la fuerza policial, no han recibido todavía justicia”, agregó.

Según la ACLU, en Chicago, el 96% de las personas baleadas por la Policía son afroamericanos o latinos.

La Orden Fraternal de la Policía de Illinois calificó en un comunicado de vergonzoso el juicio y el veredicto.

“Este es un día que nunca esperábamos ver” en Estados Unidos, señaló, porque el mensaje que se envía a todos los agentes del orden es que el “el problema no es el agresor que tienen a su frente, sino los políticos que lo apuñalan por la espalda”.

Van Dyke había sido acusado de dos cargos de homicidio en primer grado, pero finalmente el jurado optó por el de segundo grado, y lo exoneró de uno de mala conducta en el puesto.

El asesinato en segundo grado, que el juez explicó que se considera como uno de primer grado, pero con un factor atenuante, conlleva una sentencia que va desde la libertad condicional a 20 años de cárcel.

Cada uno de los 16 cargos de agresión agravada supone una sentencia de 6 a 30 años de prisión.