Toda la Iglesia católica de Puerto Rico protegida por la quiebra de la Arquidiócesis de San Juan
La totalidad de la Iglesia católica en Puerto Rico quedó protegida por la quiebra voluntaria a la que se acogió la Arquidiócesis de San Juan para evitar el embargo de sus cuentas con el que se iba a responder financieramente a una demanda de parte de cientos de maestros.
Un juez del Tribunal federal en Puerto Rico determinó hoy que la protección de la Arquidiócesis de San Juan es extensible al resto de diócesis y parroquias de la Iglesia católica en la isla.
La determinación permite que tal y como ocurre con las cuentas de la Arquidiócesis de San Juan también dejen de estar bloqueadas las del resto de entidades de la Iglesia católica en el territorio caribeño.
La decisión judicial establece que los demandantes no podrán embargar ningún bien de la Iglesia católica en Puerto Rico, en cualquiera de sus propiedades.
Un tribunal ya había ordenado el pasado 30 de agosto la paralización del embargo contra la Arquidiócesis de la capital puertorriqueña, un día después de que la administración de la Iglesia católica en la ciudad solicitara la quiebra por la demanda presentada por cientos de maestros.
La Archidiócesis buscó a finales de agosto la protección bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal, reservada para quienes tienen grandes volúmenes adeudados.
La solicitud de quiebra fue presentada por el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves, y miembros del Consejo de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores del arzobispado.
La demanda proviene de 184 maestros jubilados quienes reclaman una deuda de 4,5 millones de dólares por beneficios adquiridos en el Plan de Pensión de las Escuelas Católicas.
La Iglesia Católica de Puerto Rico presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para detener el embargo de sus cuentas.
La Arquidiócesis había establecido sus activos en un valor de entre 10 y 50 millones de dólares.
Los embargos, por 4,7 millones de dólares -incluye propiedades, bienes y cuentas, entre otros-, comenzaron a finales de agosto cuando un juez reactivó la orden que emitió en marzo y que fue paralizada durante meses a causa de las apelaciones de la Iglesia católica.
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