Empresa de análisis de sangre acusada de fraude anuncia su cierre
La empresa Theranos, que saltó a la fama por supuestamente haber inventado un sistema revolucionario para abaratar los costes de los análisis de sangre, anunció hoy su disolución, después de que el departamento de Justicia presentase cargos por fraude contra sus máximos responsables.
En una carta dirigida a los accionistas, Theranos dio a conocer su próxima disolución y se comprometió a destinar el efectivo del que dispone para pagar a los acreedores no asegurados, aunque ya adelantó que no tiene dinero suficiente para hacer frente a todas sus deudas, y que por tanto los accionistas no recibirán nada.
La compañía, fundada en 2003, atrajo rápidamente el interés de los inversores por su potencial para revolucionar el mercado de los análisis de sangre y convirtió a su fundadora, Elizabeth Holmes, en multimillonaria a los 31 años.
Holmes aseguraba haber inventado una nueva tecnología que permitía llevar a cabo complejos y costosos análisis de sangre de forma mucho más simple y requiriendo tan solo una o dos gotas extraídas del dedo del paciente.
Su coste era de una cuarta parte o incluso inferior con respecto a los test tradicionales llevados a cabo en los dispensarios médicos, lo que llevó a la cadena de farmacias Walgreens a asociarse con Theranos para ofrecer los supuestamente revolucionarios test en sus tiendas de California y Arizona.
Sin embargo, el diario The Wall Street Journal publicó a finales de 2015 una serie de artículos de investigación en los que ponía en duda la credibilidad de los análisis de Theranos y acusaba a la compañía de, entre otras cosas, diluir las muestras de sangre obtenidas de los pacientes para aumentar su volumen.
Estas acusaciones hicieron que el pasado junio el Departamento de Justicia presentase cargos contra Holmes y el expresidente y exconsejero de operaciones de la compañía, Ramseh “Sunny” Balwani -expareja sentimental de Holmes-, a quienes acusó de haber engañado a los inversores, a los doctores y a los pacientes.
En caso de ser hallados culpables, los dos máximos responsables de la empresa se enfrentan a penas de hasta 20 años en prisión y una multa de 250.000 dólares cada uno, además tener que devolver el dinero a quienes hayan sido estafados.
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