Oficial de LAPD era el ‘inmigrante soñado’ hasta que fue acusado de contrabando

Cuando los defensores de controles más estrictos hablan de las personas que llegan a Estados Unidos “de la manera correcta”, a menudo describen a inmigrantes como Mambasse Patara.

El residente de Fontana, de 53 años de edad, ingresó legalmente a EE.UU desde Togo, en 1999, luego obtuvo su ciudadanía luchando en la guerra de Irak como infante de marina. Pasó los últimos 12 años como policía e investigador de tráfico para el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Pero después de casi dos décadas de contactos lícitos con las autoridades de inmigración, Patara se encontró en un desacuerdo con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el año pasado, cuando fue detenido en un punto de control en Pine Valley, a unas 50 millas al este de San Diego.

Patara aseguró no saber que los dos hombres con quienes viajaba en su automóvil -uno de ellos un empleado de mantenimiento de su vecindario, al que conocía desde hacía varios años- estaban en el país sin autorización.

Mientras lo arrestaban, comentó Patara, esperaba que su experiencia profesional hiciera comprender a las autoridades que había sido un cómplice involuntario.

En lugar de eso, los fiscales federales pasaron el siguiente año tratando de encarcelarlo, una medida que según algunos expertos refleja el enfoque agresivo de la administración Trump para los delitos relacionados con la inmigración.

Un análisis de los registros judiciales de tribunales federales realizado por ProPublica y The Times detectó que el número de casos de tráfico de personas procesadas en la frontera aumentó un 25% durante los primeros dos años del gobierno de Trump, de 4.319 en 2015 y 2016 a 5.420 en 2017 y 2018. La cantidad en California aumentó casi un 100 por ciento en ese mismo tiempo.

Un jurado absolvió a Patara de dos cargos de tráfico de personas, en febrero pasado. Sin embargo, permanece en licencia administrativa del Departamento de Policía de Los Ángeles. La agencia declinó hacer comentarios, a la espera de una investigación interna.

La experiencia, aseguró Patara, puso en jaque su fe en el sistema legal y generó dudas de que pueda volver a trabajar como policía. “Me abrí camino en este país desde abajo. No pedí nada”, dijo Patara. “Mi propia gente… agentes del orden, los que se supone que deben cuidarme la espalda... por quienes yo podría morir todos los días, ¿son ahora los que me ponen en esta situación?”.

Había pocas razones para cuestionar la validez del arresto de Patara en un punto de control de la Patrulla Fronteriza sobre la Interestatal 8, en el condado de Imperial, en abril de 2018. Los dos hombres que iban en su automóvil -Germán Ramírez-González y Fermín López- eran ciudadanos mexicanos que ya habían tenido contacto con autoridades de inmigración más de una docena de veces, según los registros judiciales.

La cuestión de si Patara sabía que los individuos estaban sin autorización en el país, o si había conspirado para intentar pasarlos más allá del punto de control, pronto se convirtió en algo central para el caso. Los fiscales sostuvieron que había conducido intencionalmente a El Centro para ayudar a los hombres a atravesar el punto de control interno, y argumentaron que mostró sus credenciales de LAPD con la esperanza de disuadir a los agentes de hacer demasiadas preguntas.

Patara expuso que mostró sus credenciales policiales en caso de que los agentes temieran que llevara un arma de fuego. Él y su abogado aseguraron que Ramírez-González y López lo habían engañado.

El día en que fue arrestado, narró Patara, él y su esposa, Minerva Hernández, habían viajado desde Fontana a El Centro para encontrarse con Ramírez-González y la mujer de éste, Mary Aragón.

Los dos grupos se encontraron, pero las mujeres decidieron regresar a Fontana en el automóvil de Aragón después de que Patara y su esposa discutieran. Los hombres continuaron hasta el casino Golden Acorn, que los fiscales describieron en los documentos judiciales como un popular centro para el tráfico de personas.

Los fiscales alegan que Ramírez-González y López habían ingresado sin autorización, a pie desde Tecate, días antes. Patara juró que no sabía nada sobre sus estatus migratorios y simplemente había accedido a llevarlos de regreso a Fontana.

Durante el mismo juicio en el que Patara fue absuelto, Aragón fue condenada por tratar de llevar de contrabando a su esposo y López al país. Ramírez-González también fue condenado por intentar contrabandear a López, quien desde entonces fue repatriado a México.

Los registros del tribunal sobre su sentencia no estaban disponibles, y una portavoz de la oficina del procurador de Estados Unidos en San Diego se negó a proporcionar detalles adicionales.

No está claro si Ramírez-González enfrentó una deportación. Aragón es ciudadana estadounidense, según los registros judiciales. Una portavoz de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos expuso que no podía hacer comentarios.

Patara aseguró que no recibió ningún pago de ninguno de los dos hombres, y que no tenía motivos para ayudarlos a pasar el punto de control. Aunque conocía a Ramírez-González hacía aproximadamente cinco años, nunca había pensado en preguntarle sobre su estatus migratorio.

Patara conoció a López por primera vez ese día, cuando Ramírez-González se lo presentó como su tío. No obstante, no son parientes, según muestran los registros. Después del arresto, López dijo que no conocía a Patara, pero afirmó que Ramírez-González le había dicho que el hombre podía hacerlos pasar por un punto de control, según los registros judiciales.

Las pruebas presentadas en el juicio de Patara no lograron sugerir una presunta conspiración para violar la ley de inmigración. Los registros telefónicos muestran que apenas había hablado con Ramírez-González y Aragón en los meses previos al incidente. En una llamada telefónica registrada en la cárcel, Ramírez-González y Aragón dijeron que Patara no sabía nada sobre el estatus migratorio de sus pasajeros antes de ser detenido por la Patrulla Fronteriza, según las transcripciones de la corte.

Un magistrado no permitió que las pruebas de esa llamada se presentaran en el juicio, citándolas como un testimonio referencial.

Según el abogado de Patara, Marc Carlos, los fiscales deberían haber sabido que su cliente tenía mucho que perder al participar en un contrabando. Patara había ingresado a EE.UU con una visa y, después de obtener la ciudadanía, pasó dos años e invirtió miles de dólares para ayudar a su esposa a emigrar legalmente desde México.

“Creo que fue una enorme pérdida de recursos gubernamentales procesar a un hombre sin ningún motivo, por participar en ningún tipo de actividad criminal”, expuso el abogado.

Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza se burlaron ante la sugerencia de que los antecedentes de Patara deberían haberles hecho cuestionar la presentación del caso a los fiscales. “El cargo del señor [Patara] como oficial de policía no cambia el hecho de que estaba transportando a dos extranjeros con estatus ilegal”, afirmó Ralph DeSio, un portavoz de la Patrulla Fronteriza en San Diego.

Whitney Z. Bernstein, ex defensora pública federal en San Diego que ha litigado casos de contrabando de personas, se sintió aliviada de que los fiscales no pasaran por alto a Patara porque es un oficial de policía. Pero el hecho de que lo imputaran a pesar de las preguntas sobre su conocimiento del estatus migratorio de los hombres ilustra la postura demasiado agresiva del gobierno en los procesos judiciales fronterizos. “Esta administración quiere procesar los delitos fronterizos, y eso es lo que están haciendo ciegamente; al parecer, sin tener en cuenta la fortaleza de los casos”, consideró.

Varios otros abogados de inmigración y defensores públicos federales se hicieron eco de los sentimientos de Bernstein en las entrevistas, pero se negaron a ser identificados por temor a que ello pudiera tener un impacto negativo en los futuros casos que litigan contra los fiscales federales en San Diego.

Carlos describió a Patara como “el inmigrante soñado” en su declaración de apertura en el juicio, una etiqueta que su cliente parece tomar en serio.

Patara afirmó haber vivido en varios países de Europa y trabajado como electricista antes de mudarse a California. Después de ser conductor de autobús en Los Ángeles, se alistó en la Infantería de Marina cuando un reclutador le explicó que el servicio militar podría ayudarlo a obtener la ciudadanía.

Sirvió de 2003 a 2007, y participó en el conflicto de Irak en 2006, según Yvonne Carlock, portavoz de la Infantería de Marina. Patara alcanzó el rango de sargento y recibió medallas por buena conducta y su servicio humanitario antes de recibir su baja, detalló Carlock.

En 2007, Patara se unió al Departamento de Policía de Los Ángeles, donde ha servido como oficial de patrulla durante 12 años, según una portavoz del departamento.

Durante el juicio, los fiscales cuestionaron repetidamente las circunstancias que lo llevaron al punto de control.

El día de la detención, explicó Patara en una entrevista reciente, se había quedado en su casa para recuperarse de una herida por un accidente en la patrulla. Entonces, cuando Ramírez-González y Aragón invitaron al oficial y su esposa a reunirse en un casino de San Diego, aprovechó la oportunidad.

Pero en cuanto Patara y su esposa subieron a su auto, las cosas se complicaron. Sin embargo, allí donde él ve confusión, los fiscales perciben una conspiración.

La dirección que Ramírez-González le dio a Patara para reunirse no estaba en San Diego, sino a 50 millas al este, en El Centro. Patara declaró que él y su esposa no se dieron cuenta de lo lejos que debían conducir hasta que estuvieron en la carretera durante una hora; demasiado tarde para dar la vuelta, afirmó.

Una vez que se encontraron con Ramírez-González y Aragón, fueron presentados a López.

Patara aceptó ir al casino Golden Acorn, en Campo. Su esposa, sin embargo, estaba enojada y decidió conducir a casa con Aragón. Los tres hombres pasaron menos de 30 minutos en el casino antes de regresar a Fontana. Fueron detenidos en el punto de control dentro de esa hora.

Los fiscales citaron las ‘rarezas’ de los viajes de Patara. Shauna Prewitt, fiscal adjunta de EE.UU, preguntó por qué los hombres no se habían reunido en un casino cercano a Fontana y por qué habían pasado tan poco tiempo en el Golden Acorn, después de un viaje tan largo.

Si bien una revisión de los registros telefónicos presentados en el juicio muestra un contacto mínimo entre Patara y los demás acusados en los meses previos al arresto, los fiscales se concentraron en los mensajes de texto y las llamadas poco antes de llegar al punto de control. “Tengan cuidado, la Patrulla Fronteriza acaba de pasar”, decía un texto enviado por la esposa de Patara. Él, sin embargo, declaró que nunca vio el mensaje, pero los fiscales insistieron en que era una advertencia. Los registros telefónicos también muestran que el hombre sí había leído el mensaje.

Mientras estaba dentro del casino, Ramírez-González recibió dos llamadas telefónicas de Aragón, afirmaron los fiscales, una mientras se acercaba al puesto de control de la I-8, y una segunda después de que ella y Hernández lograron atravesar el puesto. En un momento dado, las imágenes de la cámara de seguridad desde el interior del casino mostraron que Ramírez-González le entregaba el teléfono a Patara.

Los fiscales no pudieron decir con certeza lo que implicaba la conversación, pero Prewitt pidió a los jurados que usaran el “sentido común” para llenar los espacios en blanco. “Están hablando sobre el punto de control”, consideró. “Está en funcionamiento, como lo ha estado todo el tiempo que hemos estado en El Centro, pero la buena noticia es que están dejando pasar a la gente”.

Carlos, sin embargo, argumentó que todo lo que habían hecho los fiscales fue probar que los otros acusados conspiraron para usar a Patara a fin de atravesar el punto de control. En ningún momento, remarcó Carlos, los procuradores dieron un motivo para que Patara se involucrara en el contrabando de personas o demostraron que él sabía que los otros sujetos no estaban legalmente en el país. Si Patara era culpable de algo, remarcó Carlos, era de ingenuidad.

“Fui a la guerra. Puse mi vida en peligro para obtener mi ciudadanía. Trabajé duro para ganar lo que tengo”, testificó Patara en el juicio. “¿Por qué sacrificaría mi vida al hacer algo como esto?”.

A pesar de la absolución, el oficial sigue endeudado luego de gastar decenas de miles de dólares en su defensa; el caso le ha hecho dudar sobre trabajar en agencias del orden; se siente traicionado por la profesión que amaba, y no sabe cómo podrían verlo otros agentes. “Hice todo bien”, aseguró. “¿Por qué haría algo así? Esto no tiene sentido”.

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