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Ley de Reforma de Inmigración Ilegal sigue sin logros dos décadas después

EFE/David Maung

EFE/David Maung

La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA), que cambió en 1996 las leyes migratorias y eliminó importantes defensas contra la deportación, no ha logrado reducir la inmigración indocumentada en sus 20 años en vigor.

“Dependiendo de la posición dentro del ámbito migratorio, la ley ha ayudado a aquellos que creen que hay que hacer cumplir las leyes de inmigración y crear penalidades y tener un mecanismo que sirva como disuasión”, comentó en entrevista con Efe Nelson Castillo, abogado especialista en inmigración.

Sin embargo, por otra parte, destacó el jurista, “mucha gente cree que ha sido un vehículo para criminalizar, en el ámbito migratorio, el hecho de venir a los Estados Unidos o dentro del país cuando alguien -lastimosamente- comete crímenes”.

Para los activistas que defienden a los inmigrantes indocumentados y piden que se les ofrezca una manera de legalizar su situación estando en el país, IIRIRA es precisamente la ley que hay que modificar.

“Esa es la ley que nosotros estamos queriendo reformar”, explicó en conversación con Efe Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

“Cuando hablamos de la reforma migratoria hablamos realmente de reconstruir esta ley que para nosotros ha sido un desastre, para las comunidades inmigrantes y especialmente las comunidades latinoamericanas”, aseguró la destacada activista nacional.

Según Salas, a través de su experiencia trabajando con inmigrantes durante varias décadas, la ley firmada en 1996 por el entonces presidente Bill Clinton creó requisitos muy difíciles de cumplir para muchos de los inmigrantes.

La activista recordó cómo la ley estableció que la persona que buscaba obtener una residencia legal en EE.UU. tuviera una garantía de respaldo de un ciudadano estadounidense cuyos ingresos anuales fueran de por lo menos 125 % del nivel federal de la pobreza.

“Lo llamaron una garantía de apoyo (Affidavit of Support) pero lo que realmente hizo fue que la gente de clase media y clase pobre no tuviera la posibilidad de legalizar a su familiares”, argumentó.

Castillo, a su vez, consideró que el establecer los “castigos” de tener que esperar tres años para beneficiarse de un permiso de residencia si la persona había vivido ilegalmente en el país por más de seis meses o de 10 años si había residido sin permiso por más de un año, fue realmente duro para los indocumentados.

Ello hizo “grandemente difícil el proceso de ayudar a alguien después de estar viviendo ilegalmente en los Estados Unidos para poder salir del país y regresar con su residencia permanente, aunque esté siendo patrocinado por un ciudadano estadounidense”.

Las cifras de inmigrantes indocumentados presentes en el país después de la aprobación de la ley mostraron un incremento permanente ligeramente superior al período inmediatamente anterior a la aprobación de la ley.

Un análisis del Centro de investigación Pew presentado en septiembre señaló que en 1990 residían en el país unos 3.5 millones de inmigrantes indocumentados que aumentaron a 5.7 millones (+2.2) para 1995.

Entre 1995 y el 2000 el aumento fue de 2.9 millones para un total de 8.6 millones de personas indocumentadas viviendo en Estados Unidos.

Para 2005, el número de indocumentados en el país fue calculado en 11.1 millones, cifra que subió a 12.2 en 2007 para regresar a 11.1 en 2014.

Según Salas, la ley que ofreció “más castigos para la comunidad inmigrante indocumentada” trajo como consecuencia “que de repente se incrementó de una manera magnificada la población indocumentada en este país al no tener una vía legal para entrar, y no haber las oportunidades de peticiones legales o de legalizar el estatus en un futuro”.

La medida igualmente dificultó las posibilidades de legalización de aquellos inmigrantes indocumentados que cometían algún delito en el país y abrió las puertas a un aumento en las deportaciones.

Así, una persona hallada culpable de un crimen no sólo perdía su posibilidad de legalización (temporal o permanente), sino “peor que eso los hizo elegibles para deportación si cometían un sin número de violaciones que eran consideradas delitos graves en la ley de inmigración, aunque no en la ley criminal”, criticó Salas.

Para Carrillo, como especialista en inmigración, es grato tener una herramienta para poder trabajar la legalización de algunos indocumentados.

“En esto de la ‘ley del castigo’ me da mucho gusto que ha ido evolucionando y ahora han permitido que las personas soliciten un perdón dentro de los Estados Unidos y que podría ser extendido si es necesario”.

“Tenemos que encontrar un balance entre cómo nosotros como nación ayudamos a personas que son elegibles para beneficios migratorios para dárselos y a la vez cómo implementamos las leyes de inmigración que están ahí", concluyó.


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