La migración salvadoreña no se detiene; ¿se podrá controlar esa pérdida de capital humano?

Han pasado casi 14 años, desde que la joven Sendy Hernández dejó su natal Morazán, en el oriente de El Salvador. Y lo que a ella la empujó a dejar su tierra, cuando tenía 16 años de edad, considera que no ha cambiado. Su futuro allá era incierto y todavía no hay condiciones para que otros no emigren.

“Casi siempre está saliendo gente”, afirma Hernández.

La joven, de 29 años de edad, al mismo tiempo responde cuáles son a su juicio las causas: “Por la violencia y tampoco hay trabajo, no hay oportunidades. Y si la gente crea un negocio les ponen renta (extorsión), y la gente no pone denuncias porque las autoridades están involucradas”.

En el 2018, según la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador (DGME), se reportaron las cifras más bajas de deportaciones desde Estados Unidos y México.

La cifra de salvadoreños deportados, principalmente de suelo estadounidense y mexicano, superó los 25,700, aproximadamente 1.3% menos en comparación a los 26,131 deportados en el 2017.

“Hay una reducción, nosotros lo medimos en los centros de detención”, valoró María Mercedes López, cónsul de El Salvador en Los Ángeles, pero al mismo tiempo destacó la nueva modalidad de las caravanas, en las que las personas están saliendo en grupos y muchos quedan estancados en Tijuana.

A juicio de la funcionaria, el gobierno cuzcatleco ha estado impulsando una campaña para disuadir a las personas que están pensando en migrar, porque consideran que con el tema de las caravanas “hay mucho engaño de por medio, le mienten a la gente”.

El mensaje que se ha replicado entre la población, dijo López, es que salir en grupo es más seguro, algo que ella considera no es cierto. “Es totalmente falso; si vamos en grupo vamos a pasar, ahí está la gente estancada en Tijuana”, señaló la consul.

Olas migratorias

La migración de salvadoreños hacia Estados Unidos es añeja. Los flujos más grandes llegaron en las décadas de 1970 y 1980, durante los gobiernos militares y el desarrollo del conflicto civil, cuando los espacios de participación política eran escasos y la desigualdad socio-económica era enorme.

En la actualidad, esta es una de las cuatro comunidades latinas más grandes en la Unión Americana. Según el Centro Pew, en 1990 eran alrededor de 563,000 personas de ascendencia cuzcatleca, pero ahora son alrededor de 2 millones. Y este flujo de capital humano se ha vuelto casi permanente.

El problema

Douglas Carranza, antropólogo y jefe del Departamento de Estudios Centroamericanos de la Universidad de California en Northridge (CSUN), plantea que en los últimos 10 años el gobierno ha realizado esfuerzos para cambiar el rumbo de la situación económica de esa nación.

No obstante, el académico asegura que “es mucho más profundo el problema, los cambios que se hicieron fueron superficiales en relación a la profundidad de la situación que origina esta migración casi permanente y que no ha parado desde inicios de los ‘80”.

Carranza sostiene que la falta de equidad y oportunidades en todos los niveles, desde la generación de empleo, acceso a educación y servicios de salud de calidad, son los detonantes de la migración.

“Llegue el gobierno que llegue, si los políticos no tienen conciencia de que se necesitan hacer cambios radicales en la distribución de esos recursos la migración va a continuar”, apuntaló el antropólogo.

¿Un modelo ajustado a los migrantes?

En el 2018, los salvadoreños en Estados Unidos enviaron 5,468 millones de dólares en remesas. Según el Banco Central de Reserva, esa cifra representó un incremento de 8.4% en relación al 2017; es decir que llegaron 425.7 millones más que el año antepasado.

A juicio de Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización pro-inmigrante El Rescate, en Los Ángeles, las remesas son el principal sostén de la economía de El Salvador y a los políticos y al gran capital no les interesa que la migración se controle.

“El modelo es rentable, porque recibir $5,500 millones de remesas familiares al año es un gran negocio”, valoró el activista, apuntando también que “la clase política del país, que son como el sindicato de los pudientes del país, subscribe y apoya ese modelo”.

Sanabria observa que la migración “es un modelo económico, social y político excluyente” que tiene como propósito que las personas busquen otros horizontes afuera y envíen remesas, por esa razón “no garantiza que se queden (cuando están en edad de trabajar), sino que son obligados a salir”.