‘Ya no se justifica para los centroamericanos y los haitianos la protección del TPS’, dice el Departamento de Estado

Más de 300,000 centroamericanos y haitianos que viven en los Estados Unidos bajo el Estatuto de Protección Temporal, mejor conocido como TPS, ya no necesitan ser protegidos de la deportación, dijo el Departamento de Estados al Departamento de Seguridad Nacional, unos días antes del muy esperado anuncio del DHS sobre si renovará esa protección, publicó este viernes el periódico The Washington Post.

De acuerdo a ese diario, el martes, el secretario de Estado Rex Tillerson envió una carta a la secretaria en funciones del DHS, Elaine Duke, para informarle que las condiciones en Centroamérica y Haití que se habían utilizado para justificar la protección ya no requieren un aplazamiento para los migrantes, algunos de los cuales han sido autorizados vivir y trabajar en los Estados Unidos durante 20 años.

La evaluación de Tillerson, exigida por ley, no se ha hecho pública, pero sus recomendaciones fueron confirmadas por varios funcionarios del gobierno familiarizados con su contenido. Los funcionarios hablaron bajo la condición del anonimato.

El artículo firmado por Nick Miroff y Karen DeYoung, asegura que el DHS tiene hasta el lunes para anunciar sus planes para aproximadamente 57,000 hondureños y 2,500 nicaragüenses cuyas protecciones TPS expirarán a principios de enero. Aunque la mayoría llegaron aquí ilegalmente, quedaron exentos de la deportación después de que el huracán Mitch devastó Centroamérica en 1998. Sus protecciones se han renovado rutinariamente desde entonces, en algunos casos después de desastres naturales adicionales y la inseguridad resultante.

El Congreso estableció el TPS en 1990 para proteger a los ciudadanos extranjeros de ser devueltos a sus países en medio de inestabilidad y condiciones precarias causadas por desastres naturales o conflictos armados.

Los funcionarios de la administración Trump han señalado en repetidas ocasiones que el programa debía ser temporal, no una forma de que las personas se convirtieran en residentes de Estados Unidos a largo plazo. Los funcionarios dijeron que los desastres de hace mucho tiempo no deberían usarse para extender el estatus migratorio provisional cuando ya no exista la justificación inicial para ello.

La evaluación de Tillerson es consistente con los esfuerzos más amplios de la administración para reducir la inmigración a los Estados Unidos.

“Es justo decir que esta administración está interpretando la ley, exactamente como es, algo que la anterior administración no hizo”, dijo un funcionario de la administración.

El funcionario reconoció que los países en cuestión siguen padeciendo problemas de pobreza, corrupción y violencia que, en muchos casos, han estimulado la migración indocumentada. Pero, dijo el funcionario, esas condiciones deberían abordarse de otras maneras.

“La solución va a requerir trabajar con el Congreso y estos países”, dijo el funcionario. “Estamos igualmente comprometidos a encontrar una solución. No hay falta de empatía aquí”.

Pero “con esta ley en particular”, dijo el funcionario, “es muy claro para esta administración lo que debe hacerse”.

Los funcionarios de la administración también han dicho que el regreso de decenas de miles de migrantes podría beneficiar a las naciones centroamericanas y Haití, porque sus ciudadanos regresarán con habilidades laborales, valores democráticos y ahorros personales adquiridos a largo plazo en los Estados Unidos.

Muchos de los inmigrantes tienen hogares, negocios y niños nacidos en Estados Unidos, pero si las protecciones expiran, podrían estar sujetos a arresto y deportación. “Entendemos que esta es una decisión muy difícil”, dijo el funcionario de la administración.

Los funcionarios del DHS declinaron decir el viernes lo que la agencia planeaba hacer o cuándo se haría un anuncio.

La carta de Tillerson no equivale a una recomendación. Pero se requiere que el DHS solicite el aporte de la agencia, y los funcionarios dijeron que la posición del Departamento de Estado tiene un peso significativo.

El grupo más grande de receptores de TPS -unos 200,000- son de El Salvador, y el DHS tiene hasta principios de enero para anunciar sus planes para ellos.

Cuando la administración de Obama extendió por última vez el TPS para los salvadoreños, en julio de 2016, dijo que eran elegibles porque las condiciones que lo justificaban seguían vigentes.

“Las condiciones de vida en El Salvador como resultado de una serie de terremotos en 2001 siguen siendo malas”, dijeron funcionarios de Seguridad Nacional en ese momento, “y El Salvador sigue siendo incapaz, temporalmente, de manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales.

“El DHS también debe decidir qué hacer con unos 50,000 beneficiarios de TPS haitianos para el Día de Acción de Gracias. Los haitianos, que se concentran en el sur de la Florida, recibieron TPS después de un terremoto de 2010 que mató a 200,000. Los defensores dicen que la eliminación de TPS sería un duro golpe para los inmigrantes, obligándolos a decidir entre permanecer en el país ilegalmente o dejar sus hogares y familias.

Según un estudio reciente del Centro para el Progreso Americano, los beneficiarios de TPS tienen casi 275,000 niños nacidos en EE.UU. Si los beneficiarios pierden sus protecciones pero desafían las órdenes de irse, no sería difícil para los agentes de inmigración encontrarlos.

La naturaleza provisional de su estado les exige mantener registros actuales con el DHS; la agencia tiene sus direcciones, números de teléfono y otra información personal.

“Terminar el TPS en este momento sería inhumano e insostenible”, escribió un grupo de líderes de la caridad católica a Duke en una carta reciente, argumentando que “agregaría innecesariamente un gran número de Hondureños y salvadoreños a la población indocumentada en los EE. UU.; provocaría la separación familiar e innecesariamente hacen que el Departamento de Seguridad Nacional gaste recursos en individuos que ya están registrados ante el gobierno”.

Si DHS finaliza el TPS, se espera que otorgue a los beneficiarios un período de gracia de al menos seis meses o más para darles tiempo de prepararse para la partida.