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Abogados de ACLU buscan compensación a todas las víctimas de Arpaio

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Joe Arpaio, alguacil del condado de Maricopa (Arizona), acudió hoy por primera vez a la corte después de que un juez federal le declarase en desacato en el caso de prácticas de discriminación racial en contra de latinos.

Durante la audiencia celebrada en la Corte Federal en Phoenix, Arpaio, que vestía un traje y corbata negras, se mantuvo todo el tiempo cayado escuchando las propuestas de ambas partes.

En la misma, los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron al juez federal Murray Snow una serie de recomendaciones sobre las penalidades que debe recibir Arpaio.

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Los abogados demandantes solicitaron que Arpaio pague de su propio bolsillo una multa de 300.000 dólares para el próximo 1 de julio.

También presentaron recomendaciones para que la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO) compense a ambas víctimas: los conductores hispanos que fueron detenidos por 20 minutos o más durante una infracción de tráfico y aquellos que además de ser detenidos fueron referidos a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

El juez dijo estar a favor de una compensación de 1.000 dólares a cada una de las personas que fueron detenidas por una hora, así como de unos 200 dólares adicionales por cada 20 minutos que pasaron después de la primera hora de la detección.

Para lograr esto, se dijo que se podrían utilizar los mismos récords de MCSO para designar a las “víctimas”, o también se podría lanzar una campaña para buscar a esas personas que fueron afectadas.

No obstante, los activistas ven que esta tarea podría ser difícil y complicada debido a que algunas de estas personas son inmigrantes, algunos de ellos quizás inmigrantes indocumentados, que posiblemente ya ni siquiera se encuentran en el país.

Durante la audiencia de hoy, el juez federal Snow dijo estar “inclinado” en fallar a favor de los demandantes en cuanto sea el monitor independiente nombrado por la corte quien supervise las quejas y las investigaciones de asuntos internos de MCSO.

Snow quiere inclusive que el monitor tenga el poder de despedir a aquellos que crea no han cumplido con su desempeño o han obstaculizado el proceso de investigación.

Esta decisión no pondría en peligro el puesto de Arpaio, ya que el alguacil es electo por voto popular, sino a sus hombres de más alto rango dentro de la MCSO.

“El monitor independiente supervisará por lo menos tres años, las operaciones de MCSO”, dijo Snow.

El juez dijo que se debe de mantener un “balance” entre el poder de Arpaio y la necesidad existente de reforma de la MCSO.

Este es el capítulo más reciente en la demanda interpuesta por ACLU en contra del alguacil Arpaio.

En el 2013, el mismo juez federal declaró al autodenominado “sheriff más duro del oeste” culpable de prácticas de perfil racial en contra de conductores hispanos durante operativos en los que sus hombres aplicaban leyes de inmigración.

Los demandantes regresaron a la corte el año pasado argumentando que Arpaio no había acatado las órdenes de la corte y que había continuado efectuando sus operativos migratorios hasta por 18 meses más después que la prohibición de la corte.

Los abogados de ACLU también solicitaron al juez Snow recomendar cargos criminales en contra de Arpaio y Jerry Sheridan, su oficial de más alto rango, por obstrucción a la justicia.

“El juez está demostrando que no le tiene confianza al alguacil, quiere quitarle el control de las investigaciones internas y tener el poder de despedir a los alguaciles que han mentido o entregado información falsa durante las investigaciones”, dijo Efe la activista Lydia Guzmán, quien estuve presente en la corte.

Durante la celebración de la audiencia, un grupo de 60 personas se manifestaba en las afueras de la corte federal sosteniendo un gigantesco globo con la figura del alguacil Arpaio esposado y con un uniforme de reo.

Al compás de música y tambores, los protestantes gritaban entre otras consignas “arresten a Arpaio”.

Aunque no hubo una decisión final hoy, se espera que el juez Snow dicte en las próximas semanas su decisión final sobre las penalidades que enfrentará el alguacil Arpaio, quien busca su reelección por séptima vez el próximo mes de noviembre.

El caso civil en contra de Arpaio ha tenido, hasta la fecha, un costo de unos 42 millones de dólares a los contribuyentes.

Recientemente otros 13 millones de dólares fueron aprobados por los Supervisores del Condado Maricopa para continuar pagando los costos legales el próximo año fiscal. EFEUSA

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