Auditor de Pensilvania indagará condiciones de centro detención inmigrantes

El auditor general del estado de Pensilvania, Eugene DePasquale, anunció hoy que verificará las condiciones en las que permanecen familias inmigrantes en el centro de detención del condado de Berks, uno de los tres en EE.UU. que permite que los menores permanezcan recluidos con sus padres.

“Siento la obligación de garantizar que los detenidos reciban un trato correcto”, señaló DePasquale, citado en un comunicado de su despacho, en el que asegura que esta es una de las tres instalaciones de este tipo en el país y la única propiedad del Gobierno.

La verificación, que incluirá la revisión de las inspecciones efectuadas en ese lugar, se anunció después de que exdetenidos se quejaran de las inadecuadas condiciones de atención médica, de abusos sexuales y otros problemas relacionados con la salud y los derechos humanos.

“Quiero asegurarme de que los niños y adultos detenidos reciban un trato adecuado y compasivo”, defendió DePasquale, quien advirtió que los niños “pueden tener cicatrices emocionales durante toda la vida por este tipo de experiencias”.

El centro, que cuenta con 96 camas, es propiedad del condado de Berks County y es un espacio arrendado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El lugar recibió una licencia del Departamento de Servicios Humanos para funcionar durante 20 años como una instalación residencial para niños, pero este permiso no se renovó en 2016 debido a la presencia de adultos, para lo cual no había autorización, detalló la nota de prensa de la oficina del auditor.

Organizaciones proinmigrantes advirtieron de que en los últimos años se han conocido denuncias sobre “notorios abusos” ocurridos en el centro, entre los que mencionaron “conducta sexual inapropiada, negligencia física y emocional, falta de acceso a servicios de atención médica e inadecuadas condiciones de detención”.

“Los informes revelan incluso que hay madres que han tenido que ver a sus hijos sufriendo diversas enfermedades sin que fueran tratadas. Un agente del centro de detención ya ha sido condenado después de declararse culpable de agresión sexual en 2016”, indicó la organización CASA.

La directora de CASA en Pensilvania, Elizabeth Alex, destacó que es evidente que detener familias y niños “es una violación de los derechos humanos que tiene mucho impacto” en la salud, la educación y de todas las necesidades básicas de ese núcleo familiar.

La activista dijo a Efe que ese centro de detención, que aseguró es el único de ese tipo en la costa este del país, tiene “toda una historia de años de abusos”.

“Pedimos al auditor general que empiece un estudio, una investigación, para asegurar que las inspecciones que se están haciendo en verdad son reales y están reflejando la verdad de las condiciones que están pasando dentro de la cárcel”, afirmó Alex.