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Detenciones a indocumentados, más largas en centros privados, según reporte

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) da de beber a un hombre esposado tras ser detenido sospechoso de haber cruzado el Río Grande para pasar ilegalmente la frontera con los Estados Unidos cerca de McAllen en Texas (Estados Unidos. EFE/Archivo

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) da de beber a un hombre esposado tras ser detenido sospechoso de haber cruzado el Río Grande para pasar ilegalmente la frontera con los Estados Unidos cerca de McAllen en Texas (Estados Unidos. EFE/Archivo

EFE

Los centros de detención de inmigrantes operados por el sector privado acumulan más agravios y a la vez retuvieron a indocumentados por un tiempo mayor que en las instalaciones públicas, indica un reporte de la Universidad del Sur de California (USC) divulgado hoy.

“En prisiones de compañías privadas, mientras más tiempo detienen a una persona, más dinero ganan”, dijo a Efe Emily Ryo, profesora de la escuela de Derecho Gould, de USC.

También la docente afirmó que “a menos servicios provistos a los detenidos, como cuidados médicos, es menos el dinero que gastan y eso significa más ganancia”.

Junto a Ian Peacock, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Ryo publicó recientemente el reporte “The Landscape of Immigration Detention in the United States” (El mapa de la detención de inmigrantes en los Estados Unidosen) en el sitio web de “American Immigration Council”.

El informe es un adelanto de un estudio más detallado que será publicado, todavía sin fecha, en Southern California Law Review.

La profesora consultó datos de 355.729 inmigrantes apresados en 2015, así como cifras más recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con el reporte, los inmigrantes que recibieron algún “alivio legal” estuvieron presos “87 días como promedio” en cárceles privadas, comparado con 33 días antes de salir de centros de detención públicos.

“Detectamos que hay bastantes transferencias de detenidos a prisiones lejanas, lo que dificulta el contacto con sus familiares y abogados”, anotó Ryo.

“Sospechamos que cuando las detenciones son masivas el sistema entra en caos y tienen que ver dónde llevan a los que ya están prisioneros”, declaró la profesora de Derecho.

“Algunos de los abogados reportan que muchas transferencias son como castigo por haber reportado problemas en las prisiones”, agregó.

Acerca de maltratos y detenciones prolongadas, el gobierno federal recibió por medio de abogados 47.145 denuncias sobre 305 prisiones gestionadas por empresas privadas, destaca el reporte.

“Debido al aumento de las detenciones en la administración de Donald Trump, los problemas que detectamos con cifras de ICE del 2015 están siendo incrementados”, sostuvo Ryo.

“El gobierno debe dar pasos para reducir los contratos de compañías privadas de seguridad en centros de detención”, sugirió la profesora de Derecho.

“Las prisiones administradas por empresas de seguridad deben de ser objeto de más escrutinio”, sentenció.


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