Gobierno ha separado a 8.000 familias de inmigrantes desde 2017, denuncia AI
El Gobierno ha separado a unas 8.000 familias de inmigrantes que trataban de acceder al país a través de la frontera con México, lo que supone cerca de 2.000 más de las admitidas hasta ahora por las autoridades, denunció la organización Amnistía Internacional (AI).
El grupo presentó en una rueda de prensa en Washington su informe “EE.UU.: No tienes ningún derecho aquí”, donde apunta que solo entre el 19 de abril y el 15 de agosto pasados se produjo la separación de unas 6.000 familias, de acuerdo a datos aportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, por su sigla en inglés).
El autor principal de ese informe, Brian Griffey, dijo que este tipo de medidas va en aumento y busca “castigar deliberadamente” a quienes pretenden entrar al país por la frontera sur, con acciones que violan la legislación nacional y que, en ocasiones, se ajustan a los “criterios” de tortura reconocidos internacionalmente.
El documento de AI critica la política migratoria “de facto” implantada por el Gobierno desde el inicio de la Presidencia de Donald Trump, que ha causado la expulsión del territorio de “miles de personas” que estaban buscando asilo en algunos de los accesos fronterizos designados para tal efecto.
“Lo que encontramos en nuestra investigación es que no se trata de violaciones puntuales... son medidas dirigidas a castigar a quienes buscan asilo”, lamentó Griffey, que es uno de los investigadores de AI para América del Norte.
Desde que implantó en abril pasado su política de tolerancia cero con la inmigración irregular, la Administración ha defendido que esa situación se habría evitado si las familias de inmigrantes hubieran respetado el proceso de solicitud de asilo.
La directora ejecutiva de AI en el país, Margaret Huang, señaló, por su parte, que estas cifras podrían ser inferiores a las reales, ya que, explicó, las autoridades se aferran a diversas tretas para no considerar separación familiar como tal, como no aceptar el vínculo que existe entre un nieto y su abuelo o entre un niño y su tutor legal.
“En un momento en que el autoritarismo aumenta en todo el mundo, creo que lo mejor que se puede hacer es arrojar algo de luz y eso es lo que estamos intentando hacer”, consideró Huang.
El informe refleja, además de datos que sustentan las alegaciones de AI, el testimonio de varias familias que se han visto afectadas directamente por la nueva política migratoria de Washington.
En el caso de Valquiria, una brasileña que entró al país el pasado mes de marzo junto a su hijo Abel, de 7 años, con la intención de solicitar asilo, las autoridades le separaron del menor sin darle ninguna razón y le espetaron: “No tienes ningún derecho aquí”, de acuerdo al testimonio de la afectada.
El abogado que representa a Valquiria en su proceso de solicitud de asilo, Eduardo Beckett, que ejerce en El Paso (Texas), afirmó durante la presentación del informe que aunque la situación para los inmigrantes “siempre ha sido lo peor” ahora es “lo peor de lo peor”.
Beckett lamentó la postura excesivamente conservadora de los tribunales responsables de este tipo de casos, que apenas conceden a los abogados defensores la razón en las cortes, como quien le “arroja un hueso” a un perro.
“Las autoridades de Estados Unidos están para negar, minimizar, desacreditar y deportar”, lamentó el letrado.
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