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Activistas lamentan el aumento de los fondos para ICE que plantea el Gobierno

Las organizaciones defensoras de los derechos civiles criticaron hoy el proyecto del Gobierno del presidente Donald Trump de aumentar los fondos públicos destinados al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), cuyas acciones son cuestionadas por una parte de la sociedad. EFE/ICE/USO EDITORIAL SOLAMENTE/NO VENTAS

Las organizaciones defensoras de los derechos civiles criticaron hoy el proyecto del Gobierno del presidente Donald Trump de aumentar los fondos públicos destinados al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), cuyas acciones son cuestionadas por una parte de la sociedad. EFE/ICE/USO EDITORIAL SOLAMENTE/NO VENTAS

EFE

Las organizaciones defensoras de los derechos civiles criticaron hoy el proyecto del Gobierno del presidente Donald Trump de aumentar los fondos públicos destinados al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), cuyas acciones son cuestionadas por una parte de la sociedad.

El próximo otoño está previsto que el Congreso confirme la propuesta de financiación que establece un incremento de 967 millones de dólares para el ICE, lo que supone un presupuesto total en 2019 de 8.300 millones, un 10 % más en comparación con los 7.600 millones fijados para este año.

En un comunicado de la Oficina del presidente, justifican este reparto como herramienta necesaria para frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas en la frontera con México, situaciones que “abrumaron” a las agencias encargadas de la seguridad y la aplicación de la ley de inmigración.

Sin embargo, los activistas no consideran necesario dicho gasto, puesto que “el nivel de cruces ilegales es el más bajo” de los últimos tiempos y, sobre todo, critican la falta de “transparencia” de ICE en la crisis migratoria generada por las medidas de “tolerancia cero”.

“En ocasiones, estas agencias tienen un comportamiento humillante hacia los inmigrantes, como por ejemplo este año con el caso de Claudia Patricia Gómez, procedente de Guatemala, cuya muerte aún carece de responsables”, argumentó la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Astrid Domínguez.

En una conferencia de prensa, la directora legal adjunta del Centro de Derecho Southern Poverty Law, Naomi Tsu, secundó esta postura cuestionando “la forma de actuar” del ICE, con la detención masiva de familias, incluso de aquellas que llegan por cuestiones humanitarias.

Tsu consideró que este sistema es “cruel” y no están correctamente preparados, puesto que muchos internos se quejan de trastornos cotidianos como la interrupción de sus tratamientos médicos o el alto precio de las llamadas desde dentro de los centros de detención.

Las organizaciones pro derechos civiles aseguran que la Administración busca “criminalizar” la inmigración para justificar su planteamiento económico y que el Congreso de EE.UU. “tolera” lo que en palabras de la directora de políticas de Detention Watch Network, Mary Small, es un “juego peligroso”.

“En los últimos años la cuestión migratoria ha sido un tema recurrente para ambos partidos, con la construcción del muro fronterizo, DACA y otros programas, creo que es algo crucial por tanto para sus agendas, que además del dinero aborden cuestiones como la falta transparencia”, dijo Small.


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