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Los juzgados de la “tolerancia cero” en la frontera con México

Varias personas que se dirigen a cruzar la frontera pasan junto a varios solicitantes de asilo de Guatemala y Cuba que aguardan para poder entrar EE.UU. cerca de la frontera en Matamoros (México) hoy, 29 de junio de 2018. EFE

Varias personas que se dirigen a cruzar la frontera pasan junto a varios solicitantes de asilo de Guatemala y Cuba que aguardan para poder entrar EE.UU. cerca de la frontera en Matamoros (México) hoy, 29 de junio de 2018. EFE

EFE

Esposados, con una cadena alrededor de la cintura y con la ropa aún llena de polvo del desierto, 35 inmigrantes indocumentados prestaron hoy declaración ante un tribunal de Brownsville (Texas), donde aún persiste la presión impuesta por el Gobierno.

La corte federal de la ciudad texana, en la frontera México, mantiene su frenética actividad con juicios masivos diarios a inmigrantes que han tratado de entrar de forma irregular al país y por lo que, según las medidas de “tolerancia cero” ordenadas por el presidente, Donald Trump, se les imputan cargos penales.

En una vista, a la que tuvo acceso Efe, un grupo de personas procedentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador prestaron declaración ante el juez del Distrito Sur de Texas, Ronald G. Morgan, tras haber sido detenidas por la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) entre el 27 y 28 de junio.

El juicio comenzó con la lectura de los cargos por parte del magistrado, quien se aseguró de que los detenidos entendían correctamente sus palabras a través de la intérprete que les hablaba en español.

La mayoría de ellos no superaba los 23 años, incluidas cinco mujeres, y durante todo momento mantuvieron un riguroso silencio, muchos con la mirada fija en el suelo, solamente interrumpido por sus contestaciones al juez o el sonido de las cadenas al moverse.

Una vez reconocidos los cargos, de los se declararon culpables, Morgan llamó de forma individual a los arrestados, que en el pasado fueron deportados del país y que al intentar entrar de nuevo afrontan ahora una pena que conlleva el paso por la cárcel.

En esta situación se encontraba un ciudadano mexicano de 21 años, que, tal y como explicó su abogado, cruzó la frontera para reunirse con su familia, puesto que dos de sus hijas viven en Texas.

“Pido perdón ante su señoría, sé que fue un error entrar de nuevo de forma ilegal al país y sé que ya fui expulsado una vez, pero solo quería volver a ver a mis niñas, disculpe”, declaró emocionado el joven antes de ser sentenciado a 10 días de prisión y la prohibición de regresar a EE.UU. durante 2 años.

El magistrado advirtió a los inmigrantes de que si vuelven a ser capturados durante ese periodo, incurrirán en un delito mayor penado con “varios años de cárcel irrevocable”.

Finalmente, 8 personas recibieron condenas menores de 30 días de prisión, y el resto del grupo será deportado a sus países de origen con un veto de entrada en el territorio estadounidense de un máximo de 5 años revisables.

De especial atención era la situación de otro joven mexicano de 18 años, el único que apuntó que ha sido separado de su hijo después de la detención.

El juez preguntó si el niño se encuentra con algún familiar, a lo que el abogado defensor respondió que en este momento está junto al hermano pequeño del detenido, de 16 años, hecho que llevó al magistrado a solicitar la identificación real de todas las personas para su reunificación.

En las últimas semanas, las medidas ordenadas por Trump han aumentado la tensión en la frontera sur, con más de 2.300 niños separados de sus parientes y enviados a centros de detención temporal de menores inmigrantes, aunque el presidente ordenó que pararan las separaciones familiares la semana pasada.

Brownsville acoge uno de esos centros para niños, Southwest Key Programs Casa Padre, al que más de 1.000 menores han sido trasladados desde el comienzo de la crisis migratoria.

En este lugar, al menos desde su exterior, predominaba hoy la calma, en contraste con el ritmo de la corte, puesto que la seguridad no permitía a nadie acercarse a menos de 100 metros de la puerta y en sus alrededores algunos vecinos aprovechaban la cercanía del río para refrescarse del calor.

Las organizaciones en defensa de los derechos civiles reclaman que no se normalice “la retórica antiinmigrante de Trump” y animan a la comunidad local a continuar con su apoyo a las personas que “tan solo buscan un futuro mejor”.

“Es un horror lo que estamos viendo en centros como este, es horrible ver cómo pasan los autobuses llenos de niños golpeando las ventanas, llorando porque extrañan a sus familias y a su país”, dijo a Efe el experto en Educación de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), Abraham Díaz.

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