Pediatras dicen que niños no deben ser separados de sus padres indocumentados

Los menores indocumentados que son detenidos tras cruzar la frontera nunca deberían ser separados de sus padres, según la Asociación Americana de Pediatría (AAP), que se opone a una medida en este sentido que estudia el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

En una directriz que se publicará en la edición de abril de la publicación “Pediatría”, la AAP asegura que los niños “nunca deben ser detenidos o separados de sus padres a menos que un tribunal de familia competente lo decida” o preocupe su “seguridad” si siguen con sus progenitores.

En su opinión, los niños inmigrantes y refugiados deben ser tratados con “dignidad y respeto” y no se debe ponerlos en entornos que incumplan las “normas básicas” para su salud física y mental o exponerlos a “riesgos adicionales, miedo y trauma”.

Esta declaración surge después de que la pasada semana el secretario del DHS, John Kelly, dijese que están considerando cambiar la política actual, que permite a padres e hijos pasar juntos tres semanas bajo custodia de las autoridades, aunque pasados 21 días los niños tienen que ser liberados.

Con la nueva propuesta, los padres permanecerían bajo custodia de las autoridades en centros de detención para inmigrantes y los niños pasarían directamente al cuidado de los servicios sociales, mientras buscan a un pariente o una familia en Estados Unidos que quiera acogerlos.

La AAP asegura que han documentado que esta separación y el tratamiento que reciben los expone a “condiciones potencialmente traumatizantes”, que amenazan su salud y a “corto y largo plazo”.

En su opinión, los centros de detención al que llegan miles de menores “no cumplen con el estándar básico de atención para niños”.

En el año fiscal 2016, llegaron a EE.UU. sin la compañía de un adulto 59,692 menores, mientras que la cifra de unidades familiares fue de 77,674. La mayoría de esos menores proviene de países de Centroamérica.

En los primeros cinco meses del actual año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2016, el número de menores sin acompañante fue de 27,591 y el de unidades familiares fue de 57,267.

La AAP recomienda además en su declaración que el tratamiento de estos menores y familiares debe hacerse fuera de los centros de detención o, en caso contrario, debe estar dirigido por “profesionales del bienestar infantil”.

Por ello, pide que el DHS opte por “alternativas comunitarias” para la detención de estos niños y se dejen de usar dispositivos de vigilancia por GPS en los padres.

En opinión de este organismo, los pediatras deberían tener acceso a información previa sobre abusos, abandono o violencia que hayan podido sufrir para poder determinar sus necesidades legales, así como mantener una mayor colaboración con los abogados.

“Ningún niño, ya sea acompañado o no acompañado, debe representarse a sí mismo en un tribunal. Después de su liberación, todos los niños inmigrantes previamente detenidos deben tener acceso a servicios legales sin costo alguno para el niño o su tutor”, señalan.