Con Trump en el poder, Austin es primera ciudad en adoptar medidas para proteger a migrantes

La capital de Texas, Austin, reducirá su cooperación con los funcionarios federales de inmigración en la detención de indocumentados a partir del 1 de febrero, fecha en la que iniciarán las nuevas políticas “santuario” adoptadas por la oficina de la Sheriff del condado de Travis.

Según confirmaron hoy a Efe fuentes de este departamento, los responsables de Travis únicamente colaborarán con las autoridades federales cuando un sospechoso sea registrado en la cárcel del condado con cargos de asesinato, agresión sexual o tráfico de personas.

De lo contrario, los agentes federales deberán tener una orden judicial o una orden de arresto firmada por un juez para que la cárcel siga alojando a una persona cuyo estatus migratorio está en cuestión.

“La comunidad debe estar segura de que la aplicación de la ley local se centra en la seguridad pública local, no en la aplicación federal de la inmigración”, señaló la Sheriff del condado de Travis, Sally Hernández, en un vídeo difundido el viernes.

Hernández dijo también que retener a una persona más de lo legalmente requerido es una violación de los derechos humanos, por lo que este cambio de política, además de ahorrar dinero de los contribuyentes, es más justa que la anterior.

Este anuncio sin duda establecerá un enfrentamiento directo con funcionarios republicanos del estado sureño, especialmente con el gobernador Greg Abbott y el vicepresidente Dan Patrick, quienes se han comprometido a eliminar las “ciudades santuario”, el término común para las ciudades donde la policía no colabora con los agentes federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.

De hecho, Abbott reaccionó rápidamente a través de Twitter, dónde aseguró que la oficina del gobernador “reducirá los fondos” al condado de Travis por sus políticas de “santuario”, a lo que añadió: “Penalizaciones más severas están por venir”.

Desde el pasado 10 de enero el estado de Texas se encuentra inmerso en su sesión legislativa bianual, dónde los legisladores y senadores aprueban los distintos proyectos de ley presentados en los últimos meses, entre los que se encuentran dos que claramente penalizan a las “ciudades santuario”.