Entidad gubernamental alienta a los inmigrantes a denunciar los abusos en México

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se apoya en defensores de derechos humanos para lograr que migrantes víctimas de delitos graves en México denuncien a sus agresores.

Así ocurrió luego del rescate de 39 migrantes en Ecatepec, Estado de México, el pasado 26 de marzo, por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal, quienes detuvieron a 14 integrantes de una banda de traficantes de personas.

Aaron Rodríguez, coordinador general de Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados (SMR), relató cómo, a diferencia de ocasiones anteriores, en que su organización llevaba a las víctimas de delito a denunciar a la SEIDO, esta vez los defensores fueron requeridos por la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO) para que coadyuvaran en el proceso por privación ilegal de la libertad.

“Les dijimos a los migrantes que todas las personas que han recurrido a nosotros han obtenido una visa por razones humanitarias, con lo que han incrementado sus capacidades porque ya no son personas irregulares. Hacemos ver que denunciar es un beneficio para la sociedad, porque están participando en la procuración de justicia, les aseguramos que lo van a conseguir y que no están solos”, explicó en entrevista.

Después de denunciar ante la SEIDO, los migrantes fueron trasladados a la estación migratoria de Iztapalapa en calidad de indocumentados, desde donde serían repatriados a sus países de origen.

Sin embargo, SMR orientó a los migrantes para que solicitaran una visa por razones humanitarias, a la que tienen derecho los extranjeros que hayan sido víctimas o testigos de algún delito cometido en territorio nacional, de acuerdo con la Ley de Migración.

Después de varios obstáculos en la estación migratoria, en donde se intentó desalentar del intento a los extranjeros, SMR logró obtener la custodia de 26 de los 39 migrantes -el resto optó por retornar a sus países de origen- para tramitar sus visas, albergados por la organización.

Los 26 migrantes obtuvieron la visa, con lo que pueden dar seguimiento al proceso en la PGR y tienen derecho a residir legalmente en el país e incluso conseguir un empleo.

Rodríguez resaltó que organizaciones de la sociedad civil como SMR han persuadido a las autoridades de la necesidad de escuchar y a reconocer a la persona migrante como víctima de delito, y de utilizar la figura jurídica de la coadyuvancia, a través de la cual un defensor, sin necesidad de ser abogado, puede acompañar a una persona cuando es víctima en los procesos ante el Ministerio Público.

“La UEITEMPO ha ido reconociendo el papel que juegan estos defensores”, apuntó.

Como coadyuvantes, dijo, las organizaciones vigilan el proceso y comunican al migrante sus derechos, es decir, que se les otorgue una visa por razones humanitarias, como lo establece la Ley de Migración, para que los extranjeros estén en disposición de participar con las autoridades ministeriales.

Destacó además que la organización está en comunicación directa con la SEIDO para proporcionar información sobre bandas de delincuentes que lucran con migrantes en varias regiones del país.