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México: Renuncia investigador de desaparición de estudiantes

La Procuraduría General de la República anunció el miércoles la renuncia del jefe de su Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien ha sido criticado por el manejo de la investigación federal a la desaparición de 43 estudiantes hace dos años.

La Procuraduría General de la República anunció el miércoles la renuncia del jefe de su Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien ha sido criticado por el manejo de la investigación federal a la desaparición de 43 estudiantes hace dos años.

(Marco Ugarte / AP)
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La Procuraduría General de la República anunció el miércoles la renuncia del jefe de su Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien ha sido criticado por el manejo de la investigación federal a la desaparición de 43 estudiantes hace dos años.

La renuncia de Zerón había sido una exigencia de los padres de los jóvenes que desaparecieron tras ser detenidos por la policía en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. Zerón estuvo en el centro de la pesquisa sobre el paradero de los estudiantes, quienes presumiblemente fueron entregados a una banda de narcotraficantes y luego asesinados.

No se dio a conocer la razón de la renuncia de Zerón. En un breve comunicado, la procuradora general Arely Gómez le deseó buena suerte.

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Zerón supervisó no sólo a los investigadores de la agencia, sino también su trabajo forense.

La investigación del gobierno sobre la desaparición de los estudiantes ha sido criticada dentro de México y por expertos internacionales por enfocarse en una teoría inicial de que los cadáveres de los estudiantes fueron incinerados en un vertedero de basura y no indagar otras líneas de investigación. El caso se ha convertido en motivo de vergüenza para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Dos equipos internacionales independientes de expertos manifestaron dudas sobre lo que un ex procurador de justicia del país llamó en su momento la “verdad histórica” sobre lo que ocurrió a los estudiantes.

Muchos de los sospechosos arrestados durante la investigación se han quejado de que fueron torturados para que respaldaran la versión gubernamental sobre lo ocurrido. Documentos judiciales obtenidos por The Associated Press en mayo mostraban que 10 de los sospechosos describieron un trato similar por parte de las autoridades y algunos incluso señalaron que les sembraron evidencia o prefabricaron relatos de hechos.

En abril, familiares de los estudiantes exigieron el despido de Zerón por errores en la investigación. Pidieron que el mismo Zerón fuera investigado por “delitos relacionados con la obstrucción de la justicia”.

La PGR, la cual supervisa la agencia investigadora encabezada por Zerón, dijo en ese momento en un comunicado que había abierto una investigación a través de su unidad de asuntos internos.

El miércoles, representantes de las familias no respondieron de inmediato una solicitud de comentario, pero difundieron un comunicado en el que afirman que las familias darán una conferencia de prensa el jueves para abordar la renuncia de Zerón.

Algunos expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han criticado a Zerón por no documentar claramente qué tan quemados estaban los fragmentos de hueso —única evidencia física de los estudiantes— que fueron hallados en un río cerca del vertedero de basura, donde el gobierno dice que fueron arrojados después que fueron incinerados.

Zerón admitió que algunos fragmentos de hueso fueron registrados como encontrados un día antes de lo que ocurrió en realidad. Un fragmento fue vinculado posteriormente por examen de ADN a un estudiante desaparecido. Los expertos señalaron que Zerón visitó el río el 28 de octubre de 2014, con uno de los sospechosos que se quejó de haber sido torturado. El gobierno dice que los fragmentos de hueso fueron encontrados ahí al siguiente día.

Los jóvenes estudiaban en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un colegio para formar maestros. Estuvieron en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014 para secuestrar autobuses para transportarse a Ciudad de México para participar en una manifestación. Fueron atacados en los autobuses por la policía local, la cual presuntamente los entregó a miembros del cártel Guerreros Unidos.

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