Entre un ambiente de incertidumbre y ‘focos rojos’, México va a las urnas

México pasa por un período gris. Así lo dicen las tardes nubladas de la ciudad capital, que en los días previos al 7 de junio va viendo algunas de sus calles principales cercadas por agentes de la policía local en previsión de plantones y manifestaciones. Así lo dicen también los reportes que llegan de estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca, donde se han registrado enfrentamientos violentos y el asesinato de 20 candidatos o personal vinculado a las campañas. Y lo dice también el ánimo de los mexicanos, que en esta elección, tal vez como nunca, se debaten entre votar por el candidato “menos peor”, anular su voto, o de plano no votar.

En las elecciones que se celebrarán este domingo están en juego las 500 diputaciones federales y habrá 18 procesos estatales que incluyen la elección de nueve gubernaturas –Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora–, 993 ayuntamientos, 641 diputaciones locales, 20 juntas municipales y las 16 delegaciones del Distrito Federal.

Sin embargo el país llega a este momento con un escenario poco halagador. Al incremento en la inseguridad pública y las reiteradas violaciones a los derechos humanos atribuidos a las autoridades, entre los cuales destacan los casos de Tlatlaya, Apatzingán, y los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se suma el descrédito de la clase política, trátese del partido del que se trate, y la falta de confianza en las instituciones que han sido incapaces de sancionar violaciones sistemáticas a la ley electoral.

Este ambiente se ha convertido en caldo de cultivo para que los episodios de violencia registrados en diversos estados del país se multipliquen y se incremente la polarización al interior de la sociedad. El 11 de marzo una precandidata en el estado de Guerrero fue decapitada; junto a su cuerpo apareció un mensaje de amenaza “a todos los p… políticos que no se quieran alinear”. Para finales de mayo ya se habían registrado más de 70 episodios de secuestro, amenazas y ataques de instalaciones en trece entidades del país. El 1 de junio, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron un boicot a las elecciones en 23 ciudades de Guerrero, Chiapas, Michoacán, Veracruz y Oaxaca; en este último estado, integrantes de la Sección 22 tomaron una sede del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) e incendiaron 8 mil boletas electorales.

A unas horas de que dé inicio la jornada electoral, el ambiente en el país es tenso. Al cierre del periodo de campañas electorales el miércoles pasado se habían abierto más de 1,200 averiguaciones previas por delitos electorales, y la mañana del jueves el presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció en una entrevista en la televisión matutina que es posible que el boicot prospere en el estado de Oaxaca y que no logren instalarse las casillas electorales en esa entidad ya que la totalidad de las juntas electorales están tomadas; esto, dijo, no es determinante para el resultado general de la elección porque sólo representan el 3% del total de casillas del país. Con respecto a las otras entidades, el funcionario dijo que ahí el organismo electoral está “a tiempo”, ya que alrededor del 90% de las juntas distritales aún no están tomadas.

COMPLICIDAD

Para Alejandro Hope, analista, ex funcionario de inteligencia de México, y editor de seguridad y justicia del Daily Post, aunque sería fácil asumir que el crimen organizado está detrás de los episodios violentos, esta no es la única explicación a este fenómeno.

En un artículo publicado esta semana, Hope revisa la dinámica por la cual los nuevos grupos delictivos requieren de una complicidad activa de los gobiernos municipales: los funcionarios de este nivel de gobierno son los que saben quién tiene qué, qué negocios nuevos se han abierto, quién realiza qué actividad ilegal, y las policías municipales se vuelven indispensables para proveer información. Por esta razón, asegura, las elecciones municipales adquieren más interés para ellos y es más fácil que se detecten prácticas de corrupción, extorsión, o incluso asesinatos.

“Yo creo que esta es una característica que ya veníamos viendo desde 2012, que persisten algunas condiciones, y que la naturaleza del crimen organizado hace más probable que haya prácticas que se inmiscuyan en el proceso político local, que sean un actor en las elecciones, como la corrupción, la intimidación e incluso el homicidio”, explica Hope en entrevista.

“En muchos lugares están rebasando a las autoridades estatales y municipales”, añade. “Tiene mucho sentido atribuir los homicidios, la violencia, al crimen organizado; en ese instante el arbitro federal puede aventar la pelotita. A eso añádele que el gobierno federal no ha tomado medidas particularmente vigorosas ni para proteger ni para investigar”.

Hope pone como ejemplo el asesinato de Braulio Zaragoza, un líder del Partido Acción Nacional (PAN) en Guerrero, en noviembre de 2014. Aunque inicialmente parecía perpetrado por el crimen organizado, de acuerdo con la versión oficial fue ordenado por contrincantes de otro partido político. La misma dinámica, explica el analista, se ha visto en algunos otros asesinatos vistos durante este año, y la autoridad federal no está investigando las conexiones políticas de los homicidios.

De los miles de candidatos en campaña durante estos meses, sólo 20 candidatos recibieron protección especial. Y de los 20 asesinatos registrados, ninguno ha sido atraído por la autoridad federal.

Con respecto a lo que puede ocurrir este domingo, Hope asegura que la elección en sí misma, la operación electoral, “no representa una mayor amenaza que la posibilidad de sabotaje y de ataques por parte del crimen organizado”; pero considera que en el largo plazo, este es un fenómeno que deprecia a los gobiernos locales. “Una vez que se incrustan no hay cómo sacarlos. A largo aliento, esto sí se convierte en una amenaza”.

CAMBIO DE EQUILIBRIOS

La elección intermedia de 2015 es la primera que se celebra tras la aprobación de la Reforma Electoral en 2013, y por ello hay algunas situaciones que no tienen precedente: la existencia de candidatos independientes, ser la primera con paridad de género y el surgimiento de tres nuevos partidos políticos –entre ellos Morena, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador–, para hacer un total de diez.

De acuerdo con Javier Aparicio, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), estos factores han provocado que la elección sea una novedad y haya sectores interesados en participar. “Normalmente la intermedia es aburrida comparada con el interés que genera una elección presidencial; son menos dinámicas porque, como en México no hay reelección, no hay un vínculo fuerte entre los ciudadanos y sus diputados”, explica el académico. “Súbitamente esta elección es reñida en estados como Sonora, Nuevo León –donde hay un candidato independiente con posibilidades de ganar–, Colima, la alcaldía de Guadalajara, por poner algunos ejemplos. Es una elección vibrante a nivel local, y también a nivel federal por lo que representa para el partido en el gobierno, en el Congreso”.

La elección de este domingo determinará si el PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto, retiene la mayoría de votos con los que cuenta en la Cámara de Diputados gracias a sus alianzas con los pequeños partidos Verde y Nueva Alianza. En total, las tres fuerzas políticas suman 251 de los 500 votos de la cámara baja, el mínimo requerido para aprobar leyes por mayoría simple. Dado que en el Senado hay una mayoría opositora, la pérdida de tan sólo dos votos representaría un cambio de equilibrios partidistas en el gobierno federal.

De acuerdo con Aparicio, este es un escenario altamente posible. “Históricamente sabemos que en las elecciones intermedias el partido en el poder tiende a perder fuerza. Durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, en las elecciones intermedias el partido en el poder perdió más de 50 curules; en este caso, estamos hablando de sólo dos votos para perder la mayoría”.

A esto, añade el analista, hay que sumar que existe en general una sobreestimación de la fuerza del PRI en las encuestas, y la molestia de un sector de la población que sabe usar el voto de castigo.

Otros factores decisivos en esta elección serían la tendencia a anular el voto, que se estima que podría registrarse en hasta el 5% de los votantes –Aparicio considera que una campaña de anulación tiende a elevar la presencia en las urnas–, y los casos de violencia e inseguridad, que sin duda serían un factor para desincentivar la participación en las entidades consideradas “focos rojos”.