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Emiten reforma que amplía derechos de asilo y refugio en México; cada año ‘150 mil migrantes’ ingresan al país

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La Comisión Permanente del Congreso de México hace unos días declaró aprobada la reforma al artículo 11 constitucional en materia de asilo y refugio, que “garantizará a toda persona la protección internacional cuando las violaciones a sus derechos humanos provengan de actores originarios de su propio país”.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas, dijo después de la declaración de constitucionalidad que con la reforma se iniciará “una nueva etapa en la política migratoria mexicana, ante el fenómeno del desplazamiento forzado”.

La reforma busca que el marco constitucional se ajuste a lo establecido en los tratados internacionales y permita la configuración de una nueva política humanitaria en favor de las personas que requieren de este tipo de protección ante violaciones a sus derechos humanos, indicó.

Cuevas, autora de la iniciativa, enfatizó que de 2012 a 2015 se cuadruplicó la cifra de solicitudes de asilo dentro de México, y entre 2014 y 2015 hubo un aumento de 77 % en el número de peticiones provenientes de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala.

La legisladora del conservador Partido Acción Nacional (PAN) recalcó que cada año 150.000 migrantes centroamericanos ingresan de manera irregular por la frontera sur de México, principalmente por el estado de Chiapas, y se calcula que esta cifra puede aumentar a 400.000.

Aseguró que la enmienda constitucional “fortalece el núcleo de protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de nacionalidad o de condición migratoria”.

El párrafo reformado del artículo 11 señalaba: “En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones”.

La ampliación de derechos que supone esta reforma, indicó la senadora, “no modifica la facultad soberana del Estado para otorgar asilo, evitando así la dificultad práctica que representaría otorgar dicho privilegio a toda persona que lo solicite, aun y cuando se trate de un criminal común, o incluso de un genocida”.

La Comisión Permanente informó que 22 Congresos estatales notificaron de su voto aprobatorio al decreto de reforma, por lo que se reúne el requisito de aprobación por parte de la mayoría de las legislaturas de los estados para dar plena validez a la reforma.

Los Congresos que notificaron el aval a la reforma fueron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Roberto Gil, remitió el decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación, y advirtió que la Comisión quedará a la espera de recibir las resoluciones de otras legislaturas estatales para su integración al expediente correspondiente.

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