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Ayotzinapa: Fiscalía quiere otro peritaje en basurero

En esta imagen familiares y profesores disidentes sostienen imágenes de algunos de los 43 estudiantes desaparecidos de la norma rural Isidro Burgos, durante una protesta ante la oficina del procurador general de México, en Ciudad de México. Un mes antes de que se cumplan dos años de la desaparición de los estudiantes en Iguala, en el estado sureño de Guerrero, los familiares siguen pidiendo justicia para los desaparecidos. (AP Foto/Marcos Ugarte)

En esta imagen familiares y profesores disidentes sostienen imágenes de algunos de los 43 estudiantes desaparecidos de la norma rural Isidro Burgos, durante una protesta ante la oficina del procurador general de México, en Ciudad de México. Un mes antes de que se cumplan dos años de la desaparición de los estudiantes en Iguala, en el estado sureño de Guerrero, los familiares siguen pidiendo justicia para los desaparecidos. (AP Foto/Marcos Ugarte)

La fiscalía mexicana quiere hacer un nuevo peritaje en el basurero donde según la primera versión oficial fueron calcinados los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Aunque varios estudios han desechado esa hipótesis, calificada por el ex fiscal general Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”, el fiscal especial del caso Alfredo Higuera dijo que un nuevo análisis “podría ser lo más pertinente” para aclarar definitivamente un asunto que ha sido “controvertido”.

Higuera indicó que el nuevo peritaje, que sería el quinto que se realiza en el basurero localizado a 30 kilómetros de Iguala, la ciudad donde desaparecieron los jóvenes, tendría que hacerse tras un acuerdo con los padres de las víctimas.

“Lo que nos interesa es poder desentrañar con auxilio de la ciencia, porque no se puede de otra forma, qué fue lo que pasó ahí" la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. “Pero este es un apartado... no quiere decir que estemos detenidos sólo en ello”, añadió en una entrevista con The Associated Press.

El fiscal indicó que no están “aferrados a una hipótesis aunque admitamos que tiene que esclarecerse cada cosa de lo que se dijo al respecto y ahí el trabajo de la ciencia es fundamental”.

Nuevos datos oficiales contradicen algunas de las afirmaciones del ex procurador, por ejemplo las referidas a que los teléfonos de los alumnos fueron quemados junto con los cuerpos en el basurero. Higuera indicó que cerca de una decena de celulares de los estudiantes se mantuvieron activos después del 27 de septiembre, posiblemente en manos de los perpetradores del ataque.

Esa información ha proporcionado a las autoridades pistas sobre las posibles rutas que tomaron los atacantes cuando detuvieron a los jóvenes, lo que unido a la utilización de tecnología de rastreo terrestre ha ubicado cerca de 40 puntos donde se iniciarán en breve nuevos operativos en búsqueda de fosas clandestinas.

El fiscal también indicó que se investigan todos los indicios aportados hasta el momento tanto por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Agregó que la agencia federal de investigaciones de Estados Unidos, FBI, está colaborando con México en cuestiones técnicas como el análisis de algunos equipos de grabación de las corporaciones de seguridad de la zona para determinar si pudieron ser manipulados.

Los alumnos fueron atacados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o la inacción de otros funcionarios.

La primera versión oficial sostenía que los 43 jóvenes fueron llevados al basurero donde fueron calcinados en una gran hoguera que duró horas y que sus cenizas fueron tiradas a un río cercano. En el río se encontró una bolsa con restos, uno de los cuales fue identificado como perteneciente a uno de los estudiantes.

Sin embargo, los expertos enviados por la Comisión Interamericana y que investigaron más de un año junto a la fiscalía cuestionaron la versión oficial y aseguraron que no había pruebas que pudieran concluir que los jóvenes fueran quemados en el basurero. También denunciaron que funcionarios de distintos niveles del gobierno obstruyeron la acción de la justicia.


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