Los fantasmas de los desaparecidos en México

Los fantasmas de los desaparecidos en México

Desconocía cómo su hijo pasó sus últimos días, dónde se escondió, con quién estuvo, cuál era su rostro y el mundo que empezaba con él o qué dijo en sus últimas horas. Las autoridades dijeron a la madre que investigarían ese “destino desconocido” por muy lejos que se lo hubieran llevado.

Pero pasaron doce meses del caso sin procuración de justicia  y en este país, donde mucha gente “desaparece” por el camino, la madre creyó que si seguía esperando acabaría por perderse a sí misma. Fue cuando decidió con sus propios medios investigar la vida que le quitaron, que le habían destruido, arrasado.

Carmen Judith Arcadia Cuevas, de 49 años, mudó su residencia, pegó carteles en vías públicas con la imagen de su hijo desaparecido, ofreció recompensas a quienes le dieran informes e incluso enfrentó a quienes creía eran los autores intelectuales de la desaparición de su hijo.

El desaparecido, Humberto Palma Arcadia, tenía 22 años la última vez que su madre lo vio con vida.

En el laberinto de la búsqueda, luego de recibir diversas llamadas anónimas, la madre halló una fosa clandestina en un hotel abandonado donde le dijeron que al menos había cuatro cadáveres, dos cuerpos exhumados (ninguno de ellos de su hijo) en ese lugar, evidencias del crimen organizado (droga, tráfico de personas y prostitución) y ropa y calzado que pertenecieron a Humberto.

Esta pesadilla, me dijo Arcadia Cuevas, se ha acompañado de la negligencia o complicidad de las autoridades; el asesinato de su pareja sentimental, Juan Ruperto Beltrán López, de 49 años, en el curso de la investigación que ella misma realizó en agosto del año pasado; amenazas de muerte para ella, que obligó al gobierno a ponerle seguridad permanente durante cuatro meses, y a plantearse la solicitud de asilo político a Estados Unidos.

“No solicité el asilo político porque no quiero irme sin saber dónde está mi hijo. Yo ya no quiero justicia ni que encierren a quienes hicieron esto. Sólo quiero que me entreguen el cuerpo de él”, me explicó Arcadia Cuevas.

“La última vez que hablé con mi hijo fue la tarde del 15 de noviembre de 2015. Recibí tres llamadas de él ese día poco después de la una de la tarde, cuando yo estaba en Mexicali.

En la primera llamada me decía que me quería mucho y, muy bajito, me dijo: ‘me van a hacer carnitas’. Yo me quedé en shock, comencé a hacer llamadas para saber dónde estaba. Hacía un mes que se había ido a Tijuana con mi esposo, su padrastro, que lo quería como si fuera su verdadero hijo. Lo busqué. Pero al poco tiempo recibí dos llamadas más de mi hijo, una casi luego de la otra; en ellas me insistía que no me preocupara, que él estaba bien, que estaba bien… Después ya no me contestó las llamadas ni supe de él”.

En la estadística nacional de desaparecidos, Humberto Palma Arcadia es una de las 36 mil 265 averiguaciones que tiene, de 2007 a abril de 2018, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) en México.

Los estados con más desapariciones son Tamaulipas (5,990 personas), Estado de México (3,890), Jalisco (3,362), Sinaloa (3,027), Chihuahua (2,186), Sonora (2,150), Puebla (2,069), Coahuila (1,753), Guerrero (1,482), Michoacán (1,215) y Baja California (1,024).

El registro, sin embargo, no ofrece los nombres de las víctimas (aunque se sabe que el 65% son hombres y 35% mujeres), sus oficios, las posibles causas de sus desapariciones, contextos o avances. Las víctimas sólo son cifras, pese a que muchos de los denunciantes han declarado que las víctimas son desde estudiantes, profesionistas y migrantes que buscaban “el sueño americano”; hasta tiradores de droga, oficiales y criminales.

El RNPED es un organismo del Gobierno Federal que a partir de febrero de 2013 comenzó a presentar estadísticas oficiales, tanto del fuero común como del fuero federal, ante el alarmante aumento de desapariciones forzadas durante la guerra contra el narcotráfico, declarada en el sexenio de Felipe Calderón (2006 – 2012) y continuada en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que a la postre suman al menos 234 mil homicidios en el país ligado a este fenómeno.

Los datos oficiales de personas no localizadas son obtenidos a partir de las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial correspondiente. Sin embargo hay otros cientos de desaparecidos no reportados y cuyos cuerpos están apareciendo en cementerios clandestinos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene registrados que entre los sexenios de Calderón y Peña Nieto fueron halladas en el país 855 fosas clandestinas, en cuyo interior se exhumaron 1,548 cadáveres y 35 mil 958 restos óseos humanos.

“Muchas de estas fosas fueron localizadas por miembros de la sociedad civil, quienes en su labor incansable por encontrar a sus seres queridos y ante la falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, se ven obligados a hacer lo que en principio le corresponde a la autoridad, convirtiéndose en investigadores que – sin ningún tipo de recursos económicos ni de conocimientos científicos – acuden por sus propios medios a los campos, montañas, cerros, terrenos baldíos, entre otros lugares del territorio nacional, con los riesgos que ello implica a su integridad al realizar excavaciones con herramientas de tipo rudimentario, logrando encontrar hasta ahora un número considerable de entierros ilegales”, indicó el presidente de la CNDH, Raúl González Pérez, en un informe reciente.

“La sociedad ha acabado por parecerle natural que las personas desaparezcan y que nadie investigue. El gobierno siempre le apostó al cansancio de los familiares de las víctimas, a que se desanimaran”, me dijo Fernando Ocegueda Flores, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, pionero en México en costear la búsqueda de personas con el apoyo de otros grupos civiles tras hallarse en Tijuana las primeras fosas clandestinas en el país, donde el asesino confeso Santiago Meza, El Pozolero, señalaba que había deshecho en sosa cáustica unos 300 cadáveres que miembros de cárteles de la droga le habían dado y cuyos restos había enterrado o tirado en arroyos y drenajes entre 1996 y 2009.

Al igual que Arcadia Cuevas, Ocegueda Flores, de 61 años, comenzó a buscar vestigios de su hijo, Fernando Ocegueda Ruelas, entonces de 23 años cuando fue secuestrado el 10 de febrero de 2007 en la puerta de su propia casa por un grupo criminal, tomando como referencias declaraciones de criminales y leyendo expedientes de averiguaciones previas.

“El fenómeno de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recurso del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que se ha convertido en un flagelo para la sociedad mexicana”, aseguró González Pérez.

“Hay una notoria deficiencia y dilación en la actuación ministerial relacionada con la desaparición de personas, en ocasiones desde el momento en que se recibe la denuncia y, en otras, durante la secuela de la investigación”, agregó el funcionario de la CNDH. Además, los órganos de procuración de justicia de los estados no toman en cuenta los protocolos homologados para búsqueda de personas desaparecidas, lo que contribuye a una inadecuada investigación, en la no localización de la persona desaparecida y en la impunidad de los probables responsables.

El nuevo gobierno electo, que encabeza Andrés Manuel López Obrador (que asumirá el poder oficialmente el 1 de diciembre próximo), heredará esta guerra contra el narco; sin embargo ha anunciado que pretende enfrentarla de un modo distinto.

El pasado 7 de agosto, López Obrador comenzó en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primero de 18 coloquios públicos en el país para buscar “la reconciliación y el perdón” de los familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. En ese “Foro de Reconciliación” declaró que el problema de la violencia en México no se puede resolver con más violencia, es necesario el perdón, “olvido no, perdón sí”.

“Antes que todo debe haber justicia, ni perdón ni olvido, justicia. La amnistía no va con la realidad de reconciliación, porque estamos muy agraviados. El nuevo sistema no te quitará eso”, me dijo José Fernando Ortigoza, padre de José Alberto Ortigoza, quien tenía 26 años cuando fue plagiado el 24 de enero de 2014, poco después de cruzar la garita internacional de Otay Mesa.

Ortigoza, que participó en uno de los “Foros de Reconciliación” que se celebró en Tijuana el pasado 11 de septiembre, agregó que se debe partir de que el estado o la federación – por su ineficacia o complicidad – o bien los criminales deben primero pedir perdón para que las víctimas lo otorguen.

 “A los que nos ha pasado esto hemos pasado por un proceso de duelo muy largo, donde tenemos muchos quiebres, y lo que nos sostiene es la búsqueda de nuestros hijos y la justicia, justicia para ellos y que no les suceda a otros”, dijo Ortigoza.

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