Felipe Calderón y la guerra contra el narco: Costará tiempo, recursos y vidas

Era 1 de diciembre de 2006 y, tras una polémica elección y una accidentada toma de protesta, Felipe Calderón leía su primer discurso como presidente de la República, en el Auditorio Nacional.

En la parte medular de su mensaje a la nación, minutos antes de trasladarse al Campo Marte a pasar revista a las tropas como su nuevo comandante en jefe, Calderón leyó: “Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro: ésta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia”.

Exactamente 10 días después, en la sala de prensa de Los Pinos, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció el Operativo Conjunto Michoacán, un primer despliegue de tropas (4 mil 260 soldados, mil 54 marinos y mil 420 policías federales) con la misión de “recuperar el territorio” que, se admitía, estaba en manos del crimen organizado. “La batalla contra el crimen organizado apenas comienza”, anunció Ramírez Acuña, emulando a Calderón, “y será una lucha que nos llevará tiempo”.

El 3 de enero de 2007, Calderón visitó el centro de control del Operativo Conjunto Michoacán, en Apatzingán. Vestido con una chamarra verde olivo y un quepí militar con el escudo nacional y cinco estrellas bordadas en negro -que le quedaban grandes-, volvió a anticipar una larga batalla, “una labor que quizás no dé frutos con rapidez”. Y, días después, advirtió: “es una guerra, un tema que yo sé que será muy largo, que probablemente yo no vea el final como Presidente”.

Diez años después, la guerra sigue y, según las cifras oficiales, no la va ganando el Estado mexicano.

Michoacán, el estado natal de Calderón, donde inició el combate, ha transitado del dominio de La Familia Michoacana al de Los Caballeros Templarios y, actualmente, al del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La estrategia de descabezar cárteles no funcionó, pues fraccionó a los grupos delictivos, generó nuevas generaciones de capos y propició enfrentamientos cada vez más violentos entre ellos, con consecuencias funestas para la sociedad civil.

Al final del sexenio de Calderón, los muertos sumaban más de 104 mil y los desaparecidos, más de 14 mil, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El gasto público en seguridad se multiplicó, hasta llegar a un billón de pesos en seis años. Se militarizó el país, con presencia de soldados, marinos y policías federales. La agenda bilateral con Estados Unidos se concentró en la guerra contra el narco. Los abusos militares fueron recurrentes y las Fuerzas Federales fueron acumulando recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Pero la violencia no paró, el narcotráfico tampoco, y la delincuencia común no se contuvo.

Calderón dejó el gobierno en diciembre de 2012 y, durante su último año de administración, dedicó decenas de discursos a justificar su guerra, con frases como “¿qué querían que hiciera?”.

Regresó el PRI a Los Pinos y, a pesar de las críticas de este partido a la estrategia fallida de Calderón, la guerra continuó.

Aunque el tema desapareció del discurso presidencial, en los hechos, las acciones militares se mantuvieron con la misma intensidad. En 2016, la Sedena contabiliza ya 265 mil operaciones y la Marina 37 mil.

El gasto en seguridad ascendió a 248 mil millones de pesos en 2015, y para 2016 se programó una cantidad similar. En total, la guerra contra el narco ha costado 1.8 billones de pesos al Estado mexicano.

Y los homicidios siguen al alza. Suman casi 70 mil en lo que va del sexenio de Peña Nieto, para un acumulado de 174 mil en la década, según el SNSP. Otros estudios elevan esta cifra a más de 200 mil, usando como fuente los homicidios registrados por el INEGI entre 2007 y 2016.

Los desaparecidos superan los 29 mil y, según observadores internacionales, durante la guerra se han vuelto práctica común las ejecuciones masivas, los abusos de poder, la tortura (provocada por criminales, pero también por agentes del Estado), la desaparición forzada, los ataques a defensores de derechos humanos y el asesinato de periodistas.

Entre los saldos, el gobierno federal presume la detención de 33 de los 37 capos de la droga que, en 2009, la PGR ubicó como los más buscados.

Pero investigadores como Eduardo Guerrero (Lantia Consultores) y Luis Astorga (UNAM) han advertido que los cárteles siguen operando y multiplicándose.

El mercado de la droga sigue expandiéndose y aumentó el consumo doméstico, sobre todo entre los más jóvenes. Tan sólo entre 2008 y 2011, se pasó de 3.9 millones a 5.7 millones de consumidores de drogas ilegales en México (según la versión más actual de la Encuesta Nacional de Adicciones) y, en 2014, 1.7 millones de jóvenes de secundaria y bachillerato consumieron alguna droga.

En una cosa tenía razón Calderón: la guerra será larga, costará dinero y muchas vidas humanas.