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Estados Unidos alerta de ejecuciones e impunidad en México

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En 2014, numerosos funcionarios públicos en México fueron acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales y crímenes que permanecen impunes, alertó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En su informe anual sobre la situación que guardan los derechos humanos en el mundo, indica que los grupos del crimen organizado que operan en el país también fueron responsables de muchos asesinatos, que al igual que las ejecuciones, quedan en la impunidad.

La falta de castigo a estos actos, afirma, se debe a la complicidad que existe entre criminales y oficiales de seguridad corruptos a nivel estatal y local.

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Como ejemplo de ejecuciones extrajudiciales, el reporte señala los casos Tlatlaya (junio 2014) y Ayotzinapa (septiembre 2014), además de la muerte del joven Ricardo de Jesús Esparza Villegas, en el estado de Guanajuato (octubre 2014).

El Gobierno de Estados Unidos advierte que en México persisten serios problemas en materia de derechos humanos en los que están involucrados elementos de seguridad, lo que incluye tanto a las policías como a las fuerzas armadas.

Entre los abusos más graves, precisa, están las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las desapariciones y el maltrato físico.

“La impunidad en violaciones a los derechos humanos persiste como un problema a lo largo del país, con tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento para todo tipo de crímenes”, destaca.

Respecto a la tortura, el informe retoma parte de las conclusiones del Relator Especial de Naciones Unidas en esta materia, Juan Méndez, quien luego de una visita a México alertó que esta práctica persiste debido a las irregularidades en el sistema de justicia.

Además, el Departamento de Estado refiere que durante 2014 se reportaron numerosos casos de corrupción gubernamental en el país, y retoma el caso de los “moches” en la Cámara de Diputados.

“Una forma más sofisticada y menos aparente de corrupción incluyó el sobre pago de bienes y servicios para proveer pagos a oficiales electos y partidos políticos”, señala.

El reporte agrega que en México también persisten los abusos contra defensores de derechos humanos y periodistas, así como hacia personas migrantes.

Los grupos del crimen organizado, expone, continúan haciendo uso del secuestro y de altos niveles de violencia contra periodistas y otros actores, lo que ha limitado la libertad de expresión.

Subraya que en el país persisten la violencia doméstica, el tráfico de personas, el abuso hacia personas con discapacidad, discriminación hacia pueblos indígenas, amenazas contra los miembros de la comunidad lésbico gay y trabajo infantil.

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