Cómo es reportar en uno de los sitios más mortíferos del mundo para los periodistas
Isaí Lara Bermúdez acababa de comenzar el almuerzo en un sitio de barbacoas en Tijuana cuando un extraño se aproximó a su mesa. “Cuidado”, le advirtió. “Él te está buscando”.
Lara, un periodista de investigación, había escrito una serie de artículos en febrero con evidencias de que el jefe de la policía de una ciudad vecina había torturado a detenidos. Ahora parecía pagar un precio por ello.
Durante semanas, Lara no salió de su casa sin un guardaespaldas privado. Se preocupaba acerca de la seguridad de su hija pequeña, y cada vez que los coches se le acercaban en el tránsito pensaba que podían tratarse de hombres armados, encargados de matarlo.
Así es practicar el periodismo en México. Los reporteros suficientemente valientes como para informar sobre las transgresiones de los cárteles de la droga o el gobierno suelen enfrentarse a amenazas y represalias, y cada vez más a menudo pagan por ello con sus vidas.
México se ha convertido en el tercer país más letal del mundo para los periodistas, lo cual llevó a muchas publicaciones de todo el país a evitar los temas polémicos o cerrar sus puertas completamente.
Isaí Lara Bermúdez, un reportero de investigación de Zeta, cubre un homicidio en el complejo residencial El Refugio, en Tijuana. Lara ha sido amenazado por sus artículos (Gary Coronado / Los Angeles Times)
Pero Lara sigue reportando, junto con el resto del pequeño y estrecho personal de Zeta, uno de los periódicos más respetados de México. Zeta es también una de las publicaciones atacadas más a menudo: durante las tres últimas décadas, mientras el semanario de Tijuana documentaba la corrupción gubernamental y la explosiva guerra contra las drogas en México, dos de sus editores fueron asesinados y un tercero fue gravemente herido a consecuencia de los artículos publicados.
El Centro Knight para el Periodismo en las Américas señaló una vez que los reporteros y editores de Zeta practican “periodismo suicida”. El lema del periódico, impreso en la portada -entre recuentos de asesinatos y casos de corrupción- es “Libre como el viento”.
Afortunadamente para Lara, la amenaza comunicada en el restaurante por un adjunto del jefe de policía nunca se materializó. Pero ello no significa que puede relajarse. En abril, autoridades de los EE.UU. y México interceptaron una amenaza de un jefe narco que planeaba bombardear la sede de Zeta.
Ahora, cuando Lara va a trabajar cada mañana, saluda a un equipo de oficiales de policía que hacen guardia en la puerta delantera, con ametralladoras. “A veces me pregunto si vale la pena”, afirma Lara, de 34 años. “Pero tenemos un compromiso con nuestros lectores. Si estás paralizado por el miedo, no puedes hacer nada”.
Desde 2000, 124 periodistas han sido asesinados en México, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el organismo de control independiente del gobierno. Artículo 19, una organización sin fines de lucro que aboga por la protección de los medios de comunicación en esa nación, registró 426 amenazas o ataques a la prensa el año pasado, incluyendo golpizas y torturas.
Sólo Siria y Afganistán superaron a México en el número de periodistas asesinados en 2016, según Reporteros sin Fronteras. Desde principios de marzo, cuatro periodistas fueron asesinados y otros tres resultaron heridos por disparos en ataques perpetrados en todo el país.
Las recientes víctimas incluyen a Miroslava Breach, una veterana periodista investigadora que murió en medio de una lluvia de balas mientras conducía junto con su hijo, el 23 de marzo pasado en Chihuahua.
Su muerte provocó el cierre de El Norte, el diario de Juárez donde trabajaba. En una carta a los lectores, el editor sostuvo que ya no podía garantizar la seguridad de su personal.
“Hay muchos lugares en todo el país donde nombrar a personas condenadas por tráfico de drogas o reportar temas de crimen organizado está vedado, donde no se publican los fusilamientos ni violaciones a los derechos humanos”, afirmó Carlos Lauría, director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas.
En un país donde los reporteros son silenciados, Zeta se destaca por su valentía, aseguró Alejandro Hope, experto en seguridad de la Ciudad de México. “Ellos se han impuesto la misión de hacer que la violencia narco y la corrupción sean visibles”, expuso. “Han pasado por un infierno varias veces, y de algún modo han sobrevivido”.
Además de exponer la corrupción, Zeta ha narrado un reciente y dramático aumento de la violencia en México, que este año va en camino de registrar más homicidios que cualquier ciclo anteriormente registrado.
El derramamiento de sangre ha sido particularmente severo en Tijuana y el estado de Baja California donde, según estadísticas federales, 181 personas murieron en marzo último, el doble que en el mismo mes del año anterior.
Mientras que muchos mexicanos se han cansado de cubrir la década de la guerra contra las drogas, Lara cree que el cambio sólo ocurrirá si los reporteros siguen iluminando el problema. “No podemos ignorarlo”, afirmó. “Mi ciudad está sufriendo, mi país está sufriendo. Es por eso que estoy aquí”.
En una reciente tarde ventosa, el fotógrafo Margarito Martínez escuchó algo en la radio de la policía que mantiene pegada a su cadera. Un hombre había sido asesinado en Camino Verde, un barrio pobre en las colinas, cruzado por caminos de tierra y lleno de construcciones humildes de hormigón. Martínez, un freelance que a menudo contribuye con Zeta, se dirigió a la escena a toda velocidad en su minivan blanca, con su chaleco a prueba de balas traqueteando dentro del vehículo.
Martínez comenzó a tomar fotos tan pronto como vio el cuerpo de un hombre, boca abajo en el suelo, con sangre filtrando de una herida de bala en la parte posterior de su cabeza. Pegado al cadáver había un letrero manuscrito: “Los nuevos no perdonan”; estaba firmado por “Cártel Tijuana Nueva Generación”.
En los últimos meses, Martínez y sus colegas en Zeta han documentado el surgimiento del más reciente grupo criminal en Tijuana, una alianza formada entre los miembros de la organización Arellano Félix, que alguna vez dominó la zona de baja California, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se está convirtiendo rápidamente en una de las bandas de narcotraficantes más poderosas de México.
El pasado otoño, el periódico publicó los nombres y las fotos de varios presuntos narcotraficantes, bajo el título “El cártel de Jalisco más buscado”, que contradecía las afirmaciones policiales de que dicho grupo no operaba en Tijuana. Ello provocó otra amenaza contra el periódico, esta vez por parte de un miembro de Jalisco conocido como “Goofy”, quien afirmó que dispararía contra la sede de Zeta. Una vez más, la policía estatal fue enviada para montar guardia fuera de las oficinas.
Para proteger a los reporteros, las historias contundentes se publican con la firma “investigaciones Zeta”, en lugar del nombre del autor. Las ventanas de la redacción, en una elegante casa en uno de los barrios residenciales más bonitos de Tijuana, están blindadas.
Cuando el medio recibe una amenaza, publica inmediatamente los detalles, con la idea de que cuantas más personas sepan que puede cometerse un crimen, menos probable es que éste se concrete. Luego alertan al Mecanismo para Proteger a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, un programa gubernamental creado en 2012, que proporciona evacuaciones de emergencia, protección policial y, en algunos casos, incluso un botón de pánico que convoca a las autoridades.
En el marco de este programa hay 174 periodistas protegidos, la mayoría de ellos han sido amenazados por autoridades gubernamentales. Pero el financiamiento para éste terminará en pocos meses, y los legisladores federales de México no han asignado más dinero para continuar. Activistas por los derechos humanos se quejan de que los funcionarios públicos no quieren reforzar la protección de los periodistas porque una prensa libre y transparente no es, a menudo, conveniente para ellos.
“No hay voluntad política para abordar este problema, porque lo que los periodistas investigan y reportan es incómodo para muchos funcionarios públicos”, afirmó Luis Knapp, abogado de Artículo 19. Menos del 1% de los delitos contra reporteros se resuelven, precisó el letrado, y una oficina federal creada para procesar crímenes contra la libertad de expresión condenó a sospechosos en sólo dos casos durante los últimos seis años.
La indignación por esa impunidad alimenta a Adela Navarro, directora general de Zeta, quien en una tarde reciente fumaba un cigarrillo mientras esperaba que sus periodistas terminaran de escribir, antes del cierre de esa noche.
La policía estatal de Baja California monta guardia frente a las oficinas de Zeta, un semanario de investigación que recientemente recibió amenazas de los cárteles mexicanos de la droga, en respuesta a los reportes sobre sus delitos (Gary Coronado / Los Angeles Times).
Cada semana, Zeta publica un editorial de página completa con la foto de Héctor “El Gato” Félix, un editor famoso por su mordaz crítica de las élites de México, entre ellos Jorge Hank Rhon, propietario de un hipódromo de Tijuana.
En 1988, un hombre detuvo su vehículo junto al Félix mientras éste conducía, abrió fuego y lo mató. Dos de los guardaespaldas de Rhon fueron condenados por el ataque, pero el empresario nunca fue procesado.
El editorial se dirige a Rhon, así como a los actuales y antiguos gobernadores de Baja California: “¿Su gobierno capturará a quien ordenó cometer este crimen?”, pregunta.
En 1997, el legendario fundador de Zeta, Jesús Blancornelas, resultó gravemente herido y su guardaespaldas murió, en un intento fallido de asesinato. Después de ello, Blancornelas construyó un muro de ladrillos frente a su casa, y empleó a 14 guardaespaldas.
Ocho años después, Francisco Ortiz Franco, quien frecuentemente escribía acerca del narcotráfico para Zeta, fue asesinado mientras llevaba a sus hijos en su vehículo. En ambos casos, los culpables nunca fueron llevados ante la justicia. “Esto significa que uno puede silenciar, matar o extorsionar a un periodista y nunca ser castigado”, afirmó Navarro, quien ganó el Premio Internacional a la Libertad de Prensa (Press Freedom Award), del Comité para la Protección de Periodistas, en 2007, tal como Blancornelas antes que ella.
Navarro a veces se frustra porque los artículos de Zeta no tienen un mayor impacto. Los funcionarios públicos se aferran al poder; los cárteles siguen adelante con sus sangrientas guerras. Sin embargo, la editora sabe que su trabajo logra algo: cuando Zeta publica los nombres y rostros de los miembros de cárteles, muchos huyen de Tijuana.
Navarro afirma que dirige su redacción con un mantra acuñado por Blancornelas, quien murió en 2006, por complicaciones de un cáncer de estómago. “Mantente lejos del gobierno”, solía decir, “y cerca del pueblo”.
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Traducción: Valeria Agis
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