Ente mexicano de transparencia ordena a Fiscalía abrir expediente de matanza

El órgano de transparencia mexicano ordenó hoy a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) dar a conocer la versión pública de la investigación sobre el caso de la matanza de Tlatlaya, ocurrida en 2014, por tratarse de un caso con “violaciones graves a los derechos humanos”.

Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la PGR a reservar menos datos sobre el caso en que 22 civiles murieron a manos de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

El comisionado Joel Salas explicó que una particular solicitó las actas, investigaciones, denuncias y cualquier otro documento relacionado con los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014.

En respuesta, la PGR puso a disposición la versión pública de la averiguación previa del caso, así como el expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la CNDH, pero señaló que en dicha versión se reservaría la información de personal sustantivo de la Procuraduría debido a que la información es parte de las investigaciones.

Ante la respuesta, la particular presentó recurso de revisión ante el Inai en contra de la reserva.

En el análisis del caso, llevado a cabo por Salas “se determinó que no le resultaba aplicable ninguna causal de reserva, toda vez que la averiguación previa y expediente de seguimiento del caso Tlatlaya es información relacionada con violaciones graves de derechos humanos”.

“El Inai debe resolver cuando un sujeto obligado de la administración pública federal, como en este caso que expongo (PGR), interpretan erróneamente la excepción a la reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos”, explicó Salas.

Según la versión inicial ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo ocurrido en una bodega de Tlatlaya, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento armado con militares.

Dicha versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de siete militares.

Sin embargo, un juez ordenó en octubre de 2015 liberar a cuatro de los militares implicados en la matanza tras considerar que la PGR no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados.

Y en mayo de 2016, un juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la Procuraduría y ordenó la liberación de los otros tres militares implicados.

A inicios de agosto pasado, un juez federal ordenó reabrir el caso tras determinar que la PGR no ha realizado una investigación “exhaustiva adecuada y efectiva”.