Anuncio

Militares mexicanos operan sin control civil efectivo, dice Human Right Watch

Los miembros de las Fuerzas Militares dedicados a la guerra contra las drogas en gran parte de México lo hacen sin un efectivo control civil, aseguró hoy Human Rights Watch (HRW) en un artículo publicado en la prensa mexicana. EFE/ARCHIVO

Los miembros de las Fuerzas Militares dedicados a la guerra contra las drogas en gran parte de México lo hacen sin un efectivo control civil, aseguró hoy Human Rights Watch (HRW) en un artículo publicado en la prensa mexicana. EFE/ARCHIVO

EFE

Los miembros de las Fuerzas Militares dedicados a la guerra contra las drogas en gran parte de México lo hacen sin un efectivo control civil, aseguró hoy Human Rights Watch (HRW) en un artículo publicado en la prensa mexicana.

Bajo esta premisa, una de las preguntas “más espinosas” para Andrés Manuel López Obrador como próximo presidente de México es, precisamente, qué hacer con las Fuerzas Armadas, señaló el artículo firmado por Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para las Américas de HRW.

“Por más de una década, las Fuerzas Militares mexicanas han estado abocadas a una guerra contra las drogas que ha tenido resultados desastrosos, no sólo en términos de derechos humanos y seguridad pública, sino además por su impacto corrosivo para el estado de derecho”, apuntó.

Wilkinson consideró que bajo esta premisa, la Ley de Seguridad Interior, aprobada el año pasado y que está bajo revisión de la Corte Suprema, solo empeorará esta situación si llega a ser implementada.

El artículo “Mexico: Lecciones de un sexenio perdido. La militarización de la seguridad pública” es el primero de una serie para el periódico El Universal en el que HRW evalúa el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos.

En el texto, Wilkinson señaló que la militarización de la seguridad pública en México “ha tenido resultados previsiblemente desastrosos”.

Las Fuerzas Armadas de México, al igual que en cualquier otro país, “están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y tienen antecedentes de abusos graves contra civiles”, argumenta.

Por ello, encomendarles que contuvieran la violencia delictiva “fue echarle más leña al fuego”, lo cual provocó que en el Gobierno de Felipe Calderón hubiera abusos generalizados, como ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas sin reducir la violencia.

De hecho, señala Wilkinson, “es posible que haya sido un factor que contribuyó al drástico aumento de la cantidad de homicidios en esos años”.

Wilkinson apuntó que la única investigación independiente que enfrentaron los militares en el Gobierno de Peña Nieto ha sido la que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no permitió que interrogaran a ningún militar y aunque la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación realizaron esfuerzos conjuntos para que cooperaran no lo lograron, escribió Wilkinson.

Si este fuera el caso, “sería una clara muestra del grado en que las Fuerzas Militares mexicanas actúan fuera del control civil”, aseguró.

Para Wilkinson, las únicas instituciones estatales dispuestas a confrontar a los militares han sido los órganos autónomos, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La CNDH “ha emitido durante este sexenio decenas de recomendaciones en las cuales concluyó que las Fuerzas Armadas eran responsables de abusos contra civiles” y el INAI ha tenido un papel clave al garantizar el acceso a la información sobre la actuación de los militares.

No obstante, indicó, la CNDH no tiene potestad para hacer cumplir sus recomendaciones y las Fuerzas Militares las ignoran sistemáticamente y el INAI cuenta con un escaso margen para aprobar pedidos de información cuando la Sedena invoca seguridad nacional.

Wilkinson apuntó que Peña Nieto “pudo haber revertido la militarización de la seguridad pública, pero optó por no hacerlo”.

Destacó que las bases militares de “operaciones mixtas”, que además tienen policías y agentes del Ministerio Público, pasaron de 75 en 2012 a 182 en 2017 y su alcance se extendió de 19 a 27 estados del país.

Sobre la Ley de Seguridad Interior, Wilkinson consideró improbable que responda a los objetivos propuestos ya que, por el contrario, otorga a las Fuerzas Armadas mayor libertad respecto de las autoridades civiles y mayor potestad sobre ellas.

Esta ley establece los procedimientos para solicitar una intervención militar aunque dispone que los militares pueden actuar por iniciativa propia y de manera permanente para “prevenir” o “atender” “riesgos” de seguridad interior o de seguridad nacional.


Anuncio