CNDH denuncia que ejército mexicano ejecutó de forma arbitraria a 2 personas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México aseguró hoy que militares mataron de forma arbitraria a dos personas durante un operativo contra presuntos ladrones de combustible ocurrido en 2017.

El “uso excesivo de la fuerza” atribuible a un elemento de la policía militar y a otro del Ejército “cuya identidad se desconoce” derivó en la “ejecución arbitraria” de dos personas, afirmó la CNDH en una recomendación remitida a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y otras instituciones.

El 3 de mayo de 2017, militares y presuntos delincuentes se enfrentaron en la localidad de Palmarito, estado de Puebla, que terminó con diez muertos, cuatro de ellos militares.

Además, 26 personas resultaron lesionadas (14 civiles y 12 militares) y 13 fueron detenidas, cuatro de ellas menores de edad.

Tras estos hechos, diversos medios locales reprodujeron un vídeo en el que, presuntamente, un militar disparaba a un civil ya sometido después del enfrentamiento.

Después de su investigación, la CNDH afirmó que cuenta con elementos suficientes para acreditar violaciones “graves” a los derechos humanos cometidos por integrantes de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.

Entre ellas, “trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, y la detención arbitraria de dos infantes”. Además, un cadáver fue manipulado y se colocaron armas largas “que se relacionaron con dos personas fallecidas”.

Asimismo, el organismo acreditó violaciones a la legalidad, seguridad jurídica y debida procuración de justicia atribuibles a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría General de la República (PGR), la fiscalía de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública de este mismo estado.

La CNDH pidió a la fiscalía tanto local como federal que “practique las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los probables responsables, con pleno respeto a sus derechos humanos” y que en su momento recabe “todos los elementos de prueba” necesarios para que los que sean acusados no puedan ser liberados por falta de elementos o violaciones al debido proceso.

En un comunicado, Amnistía Internacional afirmó que “este caso es un ejemplo más de que el Ejército mexicano viola los derechos humanos cuando sustituye a las policías”.

Es tiempo de que las Fuerzas Armadas -que salieron a las calles para realizar tareas de seguridad en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012)- “regresen a sus cuarteles”, agregó.

“México debe crear inmediatamente un plan de retiro ordenado de las fuerzas armadas de todas las funciones de seguridad pública y dedicar sus esfuerzos a fortalecer a las policías”, concluyó.

El Congreso aprobó a finales del pasado año la Ley de Seguridad Interior, que originó una gran polémica entre organizaciones y familiares de víctimas de la violencia que consideraban que la norma legitima la presencia de los militares en las calles.