Descendientes de revolucionarios mexicanos reclaman pago de pensiones

Más de mil descendientes de revolucionarios mexicanos lograron a través de un juicio de amparo que el Gobierno del sureño estado de Morelos esté obligado a pagarles la pensión vitalicia que deberían haber percibido desde 2012 y que hoy han vuelto a reclamar en las calles.

Cerca de un centenar de afectados provenientes del oriente y el sur del estado se manifestaron en Cuernavaca, capital de Morelos, reclamando que el gobernador, Graco Ramírez, cumpla con la resolución del amparo y desbloquee el pago de las pensiones.

En diciembre de 2011, a fines del mandato de Marco Antonio Adame, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), el Congreso estatal aprobó la ley para recompensar a los veteranos de la Revolución mexicana (1910-1920) como reconocimiento a los descendientes de quienes lucharon junto al caudillo revolucionario Emiliano Zapata.

El cambio de administración, que en 2012 pasó a manos del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), impidió el pago de dichas pensiones, cuantificadas en 2.200 pesos (118,3 dólares) mensuales, que deberían haber sido entregadas desde enero de ese año.

Desde entonces y hasta el día de hoy, los descendientes de la Revolución en Morelos no han recibido pago alguno, dijo a Efe Arturo Castañeda, representante del Frente Zapatista de la República.

El pago de las pensiones se otorga a los hijos y nietos de los revolucionarios que acrediten su filiación sanguínea, lo cual se revisa a través de la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios.

Este organismo está formado por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, un representante del Ejecutivo estatal nombrado por el gobernador y el representante del Frente Zapatista, los cuales deben ser rotados cada tres años.

Castañeda denunció que el actual representante del Gobierno en dicho organismo, Roberto Soto Castor, tiene la consigna de entorpecer la labor de la Comisión.

Aseguró que Soto mintió al argumentar que faltaba una de las tres firmas necesarias para efectuar el pago de las pensiones y requirió realizar un nuevo dictamen.

Ante estas anomalías, 30 afectados promovieron un amparo para obligar al Gobierno estatal a realizar el pago retroactivo de los últimos seis años cuantificados en 140.000 pesos (7.530 dólares), 30.000 pesos (1.613 dólares) por concepto de un seguro médico y el pago vitalicio de 2.200 pesos (118,3 dólares) mensuales.

El fallo fue en su favor, por lo que están a la espera de que el Tribunal Colegiado emita su resolución y obligue al Gobierno de Morelos a pagar las pensiones o, de lo contrario, el gobernador podría ser destituido.

El representante de los zapatistas adelantó que más de un centenar de afectados promovieron otro amparo, con igual resolutivo.

Además, realizó la solicitud ante la Comisión de otros 700 expedientes para su acreditación como descendientes revolucionaros.

“Pagar 2.200 pesos (118,3 dólares) mensuales a unos 1.200 descendientes es nada para el Gobierno estatal, pero simplemente no quiere cumplir la ley”, acusó Castañeda Paredes.

En total, el Gobierno de Morelos deberá abonar los 187 millones de pesos (10 millones de dólares) que no ha pagado durante los últimos seis años y comenzar a pagar 2,5 millones de pesos (134.481 dólares) mensuales a cada uno de los 1.200 descendientes.