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Médicos llaman a investigación sobre muertes por opioides en California “cacería de brujas”

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La Junta Médica de California ha iniciado investigaciones a médicos que recetaron opioides a pacientes que, meses o años después, sufrieron una sobredosis mortal.

El esfuerzo, denominado The Death Certificate Project, ha provocado fuertes reacciones de los médicos en California y más allá de la línea estatal, en parte porque los que están siendo investigados no escribieron necesariamente las recetas que causaron las muertes. El proyecto es único en su tipo a nivel nacional, aunque la junta directiva de Carolina del Norte opera un programa similar, pero mucho más limitado.

Hasta el momento, la junta ha iniciado investigaciones en unas 450 prácticas médicas, y ha remitido los nombres de 72 enfermeras practicantes, asistentes médicos y médicos osteópatas a las juntas que otorgan sus licencias.

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Hasta la fecha, los reguladores han acusado formalmente a al menos 23 médicos de recetar de manera negligente, y se esperan más acusaciones. Algunas de ellas, como un documento de 63 páginas presentado contra el doctor Frank Gilman, internista de San Diego, detallan cientos de recetas que, para un paciente a lo largo de cuatro años, la mayoría de ellas escritas por él mismo. Gilman no respondió a una solicitud de comentario para esta historia.

Usando términos como “caza de brujas” e “inquisición”, muchos doctores dijeron que el proyecto los está llevando a ellos o a sus compañeros a rechazar los pedidos de analgésicos de algunos pacientes, sin importar qué tan bien documentada esté la necesidad médica, por temor a que sus prácticas caigan bajo una revisión.

El proyecto, publicado por primera vez por MedPage Today, se ha hecho sentir entre las asociaciones médicas. La doctora Barbara McAneny, presidenta de la Asociación Médica Americana y oncóloga de Albuquerque, en Nuevo Mexico, cuyos pacientes de cáncer a veces necesitan tratamiento para el dolor agudo, calificó el proyecto de “aterrador”. Dijo que “solo desalentará a los médicos a cuidar a los pacientes con dolor”.

La influyente California Health Care Foundation también rechazó el proyecto y dijo que podría dañar a los pacientes. (California Healthline es una publicación editorial independiente de esta fundación).

Inusualmente agresivo para el estilo de la junta, el proyecto es una reacción al ya conocido fenómeno de los médicos que recetan opioides en exceso. A nivel nacional, una serie de cambios en las políticas y esfuerzos educativos han reducido la tasa de recetas de opioides en los últimos años.

El objetivo del programa de California, lanzado en silencio hace cuatro años, no es necesariamente vincular la receta específica de un médico con la muerte de un paciente en particular, aunque en muchos de los casos lo hacen, sino encontrar médicos cuyos patrones de prescripción son tan peligrosos que pueden llevar a los pacientes a adicciones que en última instancia pueden resultar fatales.

A veces, se investiga a un médico, aunque la causa de la muerte incluyera múltiples medicamentos recetados por muchos médicos, o el suicidio por sobredosis, indican los documentos de la junta.

Kimberly Kirchmeyer, directora ejecutiva de la Junta Médica de California, defendió el proyecto. Explicó que el esfuerzo ha encontrado patrones de “negligencia grave”, incompetencia y prescripción excesiva.

“Entiendo sus frustraciones”, dijo sobre los médicos que se quejaron, “pero tenemos que continuar nuestro papel en la protección del consumidor”.

Señaló que parte del objetivo del proyecto es educar a los médicos y, a través de los requisitos de libertad condicional, cambiar el comportamiento de quienes recetan en exceso.

“Esa es la educación que podría salvar a los pacientes en el futuro”, dijo Kirchmeyer, cuya agencia entrega licencias a unos 141,000 médicos.

Algunos grupos de consumidores consideran que el esfuerzo audaz de la junta para encontrar a los médicos que recetan en exceso no es lo suficientemente agresivo.

“Ya expiró hace tiempo”, dijo Carmen Balber, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Consumer Watchdog. La junta debería investigar las muertes relacionadas con opioides que ocurrieron más recientemente, dijo: “necesitan organizarse y acelerar las cosas”.

Hasta ahora, la agencia ha analizado las muertes solo en 2012 y 2013, en las que los opioides se confirmaron como causa o causa contribuyente. Igualó los nombres de los fallecidos con los medicamentos recetados, que se enumeran en la base de datos de recetas del estado. La base de datos también muestra los nombres de los médicos que escribieron las recetas. Los expertos médicos revisaron el historial de prescripción de esos médicos y seleccionaron a aquellos que parecían recetar medicamentos en gran escala.

Algunos médicos dijeron que estaban especialmente enojados por las cartas que recibieron sobre las recetas que escribieron hace nueve años.

McAneny, de la AMA, notó que las prácticas de prescripción ahora consideradas inaceptables surgieron de las políticas públicas hace años que “obligaron a los médicos a tratar el dolor de manera más agresiva para el alivio de nuestros pacientes”. Además, los que pagan han medido la calidad de la atención según la respuesta de sus pacientes en encuestas sobre si su dolor se controló bien.

“Estamos [ya] haciendo mucha educación para deshacer el daño de esas políticas”, expresó.

De manera similar, el doctor David Aizuss, oftalmólogo de Los Ángeles quien es presidente de la Asociación Médica de California (CMA), dijo que las pautas estatales y federales que entraron en vigencia en 2014 y 2016 imponen precauciones de prescripción mucho más estrictas que “hace seis o siete años”.

En los últimos años, muchos planes de seguro y farmacias han restringido las dosis y la duración de ciertos analgésicos que un médico puede recetar al mismo tiempo.

La ofensiva contra los médicos ha generado temor, dijo el doctor Robert Wailes, especialista en medicamentos para el dolor en Encinitas y presidente de la Junta de Administradores de la CMA.

“Lo que estamos descubriendo es que cada vez más médicos de atención primaria tienen miedo de recetar y más de esos pacientes se están tocando a nuestras puertas”, dijo.

Oficialmente, la CMA no llega a decir que la junta médica debería detener el proyecto, tal vez para evitar cualquier percepción de que la asociación aprueba la prescripción excesiva. Pero le ha pedido a la junta que contrate a un revisor independiente para evaluar los criterios que utiliza la junta para decidir a qué médicos investigar, y si los médicos en ciertas especialidades o regiones del estado están recibiendo más atención que otros.

El doctor Ako Jacintho, especialista en medicina de adicción de San Francisco, fue notificado por la junta que estaba en problemas hace más de un año. Un paciente al que le había recetado metadona, sufrió una sobredosis mortal en 2012. La carta decía que “se había presentado una queja” contra él y le pedía que respondiera a las acusaciones o, si se demoraba, se enfrentaba a una citación o una multa de $1,000 por día. (La junta médica puede presentar sus propias quejas contra un médico).

La carta decía que el paciente había muerto por “intoxicación combinada aguda con metadona y difenhidramina”. Jacintho había vuelto a surtir la receta del paciente de metadona el día anterior, pero dijo que una pastilla de 10 miligramos no era una dosis tóxica. Y dijo que nunca recetó difenhidramina, el antihistamínico vendido como Benadryl.

“La única forma en que habría muerto sería si no lo hubiera tomado como se le indicó, o si lo hubiera mezclado con un medicamento que no fue recetado”, dijo Jacintho.

Al 21 de diciembre, Jacintho todavía estaba esperando saber si enfrentaría una acusación formal.

El año pasado, la junta reescribió esas cartas en un tono menos acusador, describiendo la “revisión” como una rutina, aunque aún amenaza a los médicos con multas de $1,000. En un subconjunto de casos mucho más pequeño, encuentra problemas que resultan en acusaciones formales que pueden terminar en acciones disciplinarias, como amonestaciones públicas o restricciones en la capacidad de un médico para practicar.

A pesar de su designación como The Death Certificate Project, el esfuerzo de California no se ha centrado solo en los médicos cuyos pacientes murieron. En un número desconocido de casos de sobredosis, la junta ha enviado cartas a pacientes vivos para pedirles que autoricen a sus médicos a entregar sus registros médicos a la junta, agregando que esos documentos serían citados de un modo u otro.

El doctor Paul Speckart, internista de San Diego, dijo que tres de sus pacientes el año pasado recibieron cartas de la junta que parecían cuestionar su calidad de atención cuando todo lo que hizo fue tratar de aliviar su dolor, bien documentado. La junta no ha presentado ninguna acusación contra él.

“Ni siquiera se puede empezar a entender lo perturbador y molesto que es esto”, dijo Speckart. “No es solo una amenaza a la licencia; es una amenaza a que no hayas sido un buen médico”.

* Cheryl Clark escribe para California Healthnet.

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