West Covina podría ser la próxima ciudad en declararse contra el ‘estado santuario’

Así como Los Alamitos, Aliso Viejo y Huntington Beach, la ciudad de West Covina podría convertirse en la próxima localidad en contra del ‘estado santuario’.

Desde el año pasado, el alcalde de la ciudad, Corey Warshaw, había enviado una carta en nombre del concilio en contra del proyecto de Ley SB-54, argumentado estar en desacuerdo en cómo la ley impide a las autoridades locales trabajar con los agentes de inmigración.

Este año, con la ley en vigor y varias ciudades agregándose a la demanda federal en contra la SB-54, el alcalde actual de West Covina, Mike Spence, vuelve a empujar el tema en apoyo a la administración Trump.

La moción de apoyo murió este fin de semana por falta de votos. No obstante, Spence sostiene que su meta es llegar a ser la primera ciudad del condado de Los Ángeles en oponerse formalmente a la ley.

“Apoyar la demanda de Huntington Beach parecía una extensión modesta de la posición que ya tomamos como ciudad anteriormente”, dijo Spence.

El debate de West Covina se produce en el momento que el movimiento anti-santuario toma fuerzas.

La junta de supervisores del condado de Orange acordó recientemente unirse a la demanda del Fiscal General, Jeff Sessions, en contra del Estado Dorado, que alega que la Ley de Valores de California es inconstitucional.

San Juan Capistrano, Mission Viejo, Yorba Linda y Foutain Valley recientemente tomaron posiciones en contra de las leyes santuario.

Esta semana, Newport Beach considerará oponerse formalmente a la ley con una resolución, mientras que San Juan Capistrano también votó para oponerse a SB-54 y San Dimas está todavía analizando la ley.

El senador Kevin de León, autor de la ley, se presentó ante la ciudad recientemente para explicarles que “la ley es de hecho constitucional”.

Admitió el legislador que Estados Unidos tiene un sistema disfuncional y roto respecto a las leyes de inmigración, pero enfatizó que no existe una cifra de 11 millones de indocumentados criminales como el presidente Trump ha dicho.

De León insistió que trabajó con el exfiscal general, Eric Holder, para garantizar la constitucionalidad del proyecto de ley, y que no impide la colaboración entre los funcionarios federales encargados de la aplicación de la ley y las agencias policiales locales para investigar delitos graves.

“La aplicación de las leyes de inmigración es responsabilidad del gobierno federal, no de West Covina PD, LAPD o Pomona PD”, dijo.

Vanessa Prieto, residente de West Covina, sostuvo que existe tanto oposición a la ley como apoyo.

“Hay mucha gente que ha llegado a las juntas de concilio pidiendo que la ciudad se muestre en contra de la ley. También tenemos mucha gente que considera que los funcionarios deben proteger a toda la comunidad sin importar su estado legal”, dijo Prieto.

“La gente no entiende que los indocumentados con delitos graves no están protegidos bajo la SB-54. Creen que estamos protegiendo a lo peor de lo peor, pero en realidad esta protección es para la gente trabajadora que los quiere poner comida en la mesa de su familia”, agregó.

Aun no hay fecha para revisitar la moción del alcalde Spence.