Buscan facilitar las declaraciones de los menores víctimas de trata en los tribunales

“Estimada jueza, le escribo para contar mi historia”, afirmó en marzo pasado una adolescente en el estrado de los testigos, desde una corte de Los Ángeles, cuya voz suave era apenas audible mientras leía la carta que había escrito.

En el documento, la joven describía cómo Dora Alicia Valle la había llevado de contrabando a California desde El Salvador, y la había forzado a trabajar en un restaurante de Pacoima por un pago ínfimo. Allí, la chica tomaba las órdenes y lavaba los platos; limpiaba verduras y fregaba los pisos. Durante los fines de semana, trabajaba desde la mañana hasta la medianoche, y en días de semana lo hacía hasta muy entrada la noche.

“Aún tengo pesadillas y me pongo triste cuando pienso demasiado en ello”, aseguró la adolescente, según los documentos judiciales. “Tenía mucho miedo de Alicia. Cuando se enfadaba, me golpeaba y me hacía sentir muy mal”.

Mientras los legisladores de California intentan reducir el comercio sexual ilegal y la esclavitud laboral antes de levantar las sesiones del congreso, a fines de agosto, al menos un proyecto de ley busca proteger a estas víctimas, jóvenes vulnerables, que son el centro de los casos de trata que llegan a la corte.

El nuevo proyecto, presentado por el asambleísta Miguel Santiago (D-Los Ángeles), permitiría a los menores de 15 años testificar a través de circuitos cerrados de televisión fuera de los tribunales, donde podrían compartir sus experiencias dolorosas y, a menudo, muy traumáticas, lejos de la presencia del jurado y el acusado.

De unas dos docenas de proyectos de ley vinculados con la trata de personas que están aún pendientes en el Congreso estatal, el de Santiago ha recibido el mayor apoyo por parte de defensores y autoridades. Pero tiene un rival importante: la American Civil Liberties Union (ACLU), que sostiene que esta ley violaría el derecho constitucional de los acusados a enfrentarse a sus acusadores. “Si se aprueba o no, será de todas formas un primer capítulo”, aseguró la jueza de distrito Catherine Pratt, de la Corte Suprema de Los Ángeles. “Habrá mucha discusión acerca de su aprobación”.

Los defensores del Proyecto de Ley 1276 sostienen que la cooperación de las víctimas es, a menudo, crucial para construir los casos contra los especuladores del tráfico humano, una actividad ilegal que genera miles de millones de dólares y sacude a cientos de miles de víctimas menores de edad en todo el país cada año.

La experiencia puede ser insoportable para los jóvenes sobrevivientes. Los fiscales señalan que algunos niños dejan la escuela o huyen de sus hogares de acogida para evitar enfrentarse a los acusados. En tribunales de Los Ángeles y San Diego, donde las pandillas manejan el comercio humano, los miembros de las organizaciones criminales han intimidado y hostigado a los testigos desde el banquillo.

Algunos menores de edad con condiciones de vida más estables han caído en depresiones severas luego de tomar el estrado. Otros han intentado suicidarse.

Para los sobrevivientes de la explotación sexual, los casos pueden ser más difíciles. Las víctimas suelen ser niños y adolescentes, según sostienen los fiscales y trabajadores sociales. Muchos de ellos son niñas que provienen de hogares deficientes y que desconfían de la autoridad. Tal como ocurre en los casos de violaciones, hay sentimientos de humillación y vergüenza a testificar, manifestó Pratt, cuya corte de Compton se especializa en casos de prostitución y trata de personas. “Pero, además de todo ello, estas niñas no se identifican como víctimas de violaciones”, agregó la magistrada. “A raíz del trauma que han experimentado llegan a creer que lo han hecho voluntariamente. Son muy desafiantes y están enojadas”.

La ley de California ya permite a los menores de 14 años testificar a través de circuitos cerrados de TV en casos de ataque sexual y violencia cuando se reúnen ciertas condiciones para ello. El método puede utilizarse en las cortes civiles para algunos casos de abuso infantil.

La versión original del proyecto de ley propuesto por Santiago busca aplicar esta práctica a todos los casos de trata con testigos menores de 18 años de edad. Pero el legislador sostuvo que bajaría el límite de edad luego de que sus oponentes manifestaran preocupación ante la posibilidad de que la disposición erosione el derecho del acusado en demasiados casos. Poco después, Santiago modificó las condiciones en las cuales un juez podría ordenar el uso de este método, luego de que los defensores sostuvieran que no podría aplicarse en suficientes casos.

El legislador cree que su propuesta es constitucional, ya que un juez podría emplear la práctica sólo en condiciones únicas durante un juicio, o en las audiencias previas. “Estamos hablando de niños que han pasado por hechos terribles, y luego deben ir a una corte y hacer frente a sus tratantes”, insistió Santiago.

Pero la organización ACLU sostiene que la propuesta se aleja demasiado de las excepciones legales de un fallo de la Corte Suprema de los EE.UU., que sostiene que cualquier acusado tiene derecho a un enfrentamiento físico, cara a cara, con el acusador.

Algunos hallazgos legales sostienen que permitir que los niños testifiquen a través de un circuito cerrado de TV funciona en casos de abuso infantil. Pero en esas circunstancias, los adultos pierden sus privilegios parentales y se les da la oportunidad de asistir a clases para padres.

En los casos de trata de personas, las apuestas son más altas, puesto que el acusado puede enfrentar una pena de años de prisión. Natasha Minsker, directora del California Center for Advocacy and Policy de ACLU, afirmó en un comunicado que los tribunales han reconocido solamente una pequeña excepción a la cláusula de confrontación en los casos de víctimas de abuso infantil. “Los casos que defienden el uso de circuitos cerrados de TV usualmente involucran a niños muy pequeños, menores de 12 años”, dijo. “El proyecto 1276 va mucho más allá de lo que las cortes han reconocido anteriormente como válido, y genera preocupaciones constitucionales serias”.

Dora Alicia Valle, de 52 años de edad y oriunda de Sylmar, fue sentenciada a cinco años de prisión al no refutar sus cargos por trata de personas y esclavitud en julio pasado, durante la selección del jurado para su juicio. Los documentos judiciales indican que la mujer le pagó a coyotes para ingresar de contrabando a la niña desde El Salvador cuando ésta apenas tenía ocho años de edad. Valle forzó a la menor a trabajar hasta 16 horas por día y retenía su salario, y la amenazaba con golpearla con un cinto o una pistola.

En una audiencia realizada en marzo pasado, los amigos de Valle afirmaron que ella sólo trataba de proveer sustento para la jovencita que había acogido. Pero al tomar el estrado de los testigos contra Valle por segunda vez -una hazaña que le resultó prácticamente imposible de hacer- la adolescente dijo que Valle la había arrebatado de la única familia amorosa que ella había conocido.

Después de todo lo que le hizo pasar, narró la joven ante la jueza, dejó de jugar con muñecas y tuvo dificultades en la escuela. Para terminar, el fiscal Paul Kim sostuvo que la acusada “sólo trajo a la niña aquí para convertirla en su esclava, su sierva”.

Que la niña estuviera dispuesta a declarar contra Valle en la corte, una vez antes del juicio y luego durante la sentencia, fue significativo, aseguraron los trabajadores sociales y fiscales del caso. Con demasiada frecuencia, afirmaron, las víctimas no se presentan en absoluto.

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