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Tras balaceras en Santa Mónica y Texas: ¿Ya no puedes estar desarmado o sí?

(Getty Images)

El tema de las armas tanto en Los Ángeles, California y en todo el país han causado división, entre aquellos que buscan la prohibición de las mismas y quienes buscan vías más fáciles para obtenerlas y protegerse.

En Santa Mónica, las autoridades están aún en busca de dos  o tres sospechosos que dejaron a una mujer muerta y varias personas heridas este fin de semana en un autobús de fiestas, mientras que en Texas un hombre, de 26 años de edad, fue detenido por la matanza de 26 personas en una iglesia.

“El problema es que ya no puedes estar desarmado en California”, sostiene el señor Ángel Chávez, quien se ha comprado una pistola “para proteger a la familia”, y la cual carga a todos lados.

“No puedes ir a conciertos o eventos deportivos en Los Ángeles, sin pensar que algo pueda suceder… todos tenemos eso en la mente con todas las balaceras que se están viendo a nivel local y nacional”, dijo Chávez.

Sin embargo, su esposa opina lo contrario.

“Las leyes deben ser más duras con el control de armas para que estas tragedias puedan evitarse. Muchas personas no pueden controlar el odio que tienen o la ira, y el acceso a las armas les facilita usarlas. Yo ya le dije a mi esposo que no quiero esa ‘cosa’ en mi casa ni cerca de mis hijos”, dijo Gloria.

A nivel local el gobierno tampoco logra ponerse de acuerdo.

El vicegobernador Gavin Newsom, por su parte, le está pidiendo a los tribunales levantar una orden que bloquee la prohibición de la posesión de municiones de gran capacidad, al requerir verificaciones de antecedentes para la venta de municiones y acelerar la incautación de armas de fuego de propietarios que ya no pueden poseerlas.

La Proposición 63 fue aprobada en noviembre del 2016 por los electores, pero siete meses después, un juez federal en San Diego falló a favor de una solicitud de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) para retrasar temporalmente la prohibición.

En una carta a la corte, Newsom y el Centro Legal de Giffords para Prevenir la Violencia con Armas argumentan que la prohibición de las municiones de gran capacidad es necesaria para ayudar a prevenir que ocurran masacres con armas de alta capacidad.

“Es una realidad trágica que a medida que pasa el tiempo, se nos presentan cada vez más pruebas sobre el poder devastador de las municiones de gran capacidad, que son el accesorio preferido en los tiroteos masivos para asesinos en masa”, dice Newsom en un comunicado.

No obstante, los opositores sostienen que las restricciones no son positivas para aquellos ciudadanos que se acatan a la ley.

“Entendemos el deseo de las personas de hacer algo para que la sociedad esté más segura frente a la violencia armada”, dice Sean Brady, vocero de la Coalición por las Libertades Civiles, y quien está en contra de la medida.

Sin embargo, Brady agrega que “no creemos que la eliminación de los derechos constitucionales de las personas sea una forma adecuada de abordar un problema social”.

Un hecho es que los californianos han agregado legalmente alrededor de 1.5 millones de armas de fuego a sus hogares cada año, según datos del FBI y del Departamento de Justicia del estado.

Todo esto a pesar de que el estado ya tiene un programa para eliminar las armas de las personas condenadas por un delito grave o un delito menor violento, o para aquellas que son mentalmente inestables u objeto de una orden de restricción que involucra violencia doméstica.

A juicio de Óscar Ramos, un miembro de Stop Más Encarcelación Network, hasta este 2017 los políticos de California le hicieron dudar sobre las leyes que aprobaron, ya que “ayudan más a los criminales que a la comunidad”.

Por ejemplo, el proyecto de ley 424-AB, presentado por el asambleísta demócrata Kevin McCarty, elimina el poder de las autoridades escolares locales para permitir que alguien porte un arma de manera legal dentro de los planteles.

Por otra parte, el proyecto de ley 620 del Senador Steven Bradford, deroga la antigua sección del Código Penal que requiere años adicionales tras las rejas para que cualquier persona que use una pistola cometa un delito.

La misma ley permite que los jueces decidan si las condenas a la discreción futura de los jueces.

“Si entra un loco a las escuelas, los maestros no pueden proteger a los estudiantes, pero si alguien usa una arma para cometer algún delitos, el juez puede reducir su sentencia si lo desea… no le encuentro sentido a estas leyes. No estoy de acuerdo con ellas”, dice Ramos.

Por su parte, Lizzie Buchen, abogada con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en California apoya la SB 620.

“Durante mucho tiempo, los castigos extras encima de las sentencias han impulsado el encarcelamiento masivo, no han logrado detener los crímenes y han atrapado de manera desproporcionada a las personas de color”, indicó Buchen.


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