Supervisores de LA quieren cámaras portátiles para los agentes del sheriff

En un intento más para evitar los incidentes de brutalidad de los agentes del orden en contra de los residentes, la junta de supervisores del condado de Los Ángeles da un paso más para el uso de cámaras portátiles.

La junta contratará a un consultor para resolver los detalles sobre cómo estas cámaras deben usarse y cuándo deben encenderse.

Los supervisores Mark Ridley-Thomas e Hilda Solís, colaboraron en la moción enfatizando que dos tercios de las agencias de la ley en todo el país, ya usan cámaras corporales o están implementando planes para usarlas.

“Es hora de que el condado de Los Ángeles encuentre su camino hacia metodologías contemporáneas de aplicación de la ley’’, dijo Ridley-Thomas.

Por su parte, Solís recalció que el uso del contenido de la cámara ha sido encontrado efectivo en la reducción del número de quejas civiles y en confrontaciones entre los agentes del orden y el público.

“El objetivo es aumentar la transparencia’’ entre lo que sucede en situaciones de emergencia entre la comunidad y los agentes, sostiene Solís.

Sin embargo, la junta tendrá que invertir una fuerte cantidad de dinero, ya que un informe de 2017 del director general del condado estimió el costo de desplegar más de 6 mil cámaras en 84 millones de dólares.

Asimismo, se requeriría contratar 302 personas, 239 de los cuales trabajaría para el departamento del sheriff.

Esta suma casi es el monto de lo que tiene que pagar la junta en demandas, dice David Galindo, miembro de la Red para Detener la Encarcelación, enfatizando los pagos por reclamaciones de mala conducta del Departamento que superaron los 50 millones en el 2016.

“Creo que las cámaras y la transparencia son una señal de transparencia. Es un buen paso hacer esto aunque haya gente descontenta… Pero entre más claridad de lo que sucede y cómo trabajan los agentes, habrá menos quejas y más confianza hacia el sheriff”, dice el activista.

Brian Williams, quien lidera la comisión civil que actúa como agencia de vigilancia sobre el departamento del sheriff, dijo que una forma de reducir costos sería determinar que los videos no estén sujetos a solicitudes de acto de registro público.

Hasta ahora la comisión sugiere que solo se publiquen videos de incidentes de alto perfil en los siguientes los 30 días, tal como lo hace la ciudad de Los Ángeles.

Sin embargo, a los agentes del sheriff no se les permitiría ver imágenes de video hasta después de rendir una declaración inicial de lo sucedido.

Para Williams, las cámaras no resolverán todos los problemas, “pero son un camino hacia la reducción del uso excesiva e innecesario de la fuerza, las quejas, el aumento de la transparencia, el impulso por la justicia social y posiblemente evitar disturbios civiles en circunstancias extremas”, dijo Williams.

El inspector general Max Huntsman, cuyo equipo investiga los tiroteos de los agentes del sheriff y reclamos de fuerza excesiva, agrega que cada video es crítico tanto en proteger al público como para vindicar a los agentes del orden público que hacen su trabajo.

“Si no tienes video, no sabes lo que pasó ‘’, dijo Huntsman.