Sin respuesta policial: Padres exigen esclarecimiento en las muertes de sus hijos en manos de las autoridades

Han pasado seis meses desde que Arturo Valdez salió de su hogar para comprar un galón de leche, pero “no ha vuelto a casa… de hecho, nunca regresará”, dice Blanca Dueñas, madre del joven baleado por los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“Hasta la fecha sigo esperando que la policía me diga qué fue lo que sucedió, por qué le dispararon en la cabeza, pero nadie se ha acercado a decirme nada”, señala Dueñas mientras abraza un teléfono con la foto de su hijo.

Dueñas es una de 56 familias cuyos hijos, esposos, padres o hermanos han muerto a manos de la Policía de Los Ángeles o el Departamento del Sheriff del condado entre el primero de enero del 2015 al 31 de julio de este año.

También es una de 56 familias que les exigen a las autoridades esclarecer cada una de las muertes donde no hay respuesta ni comunicación de parte de ambas agencias, declaran activistas.

En el caso de Arturo, de 27 años de edad, su madre alega que la única vez que supo algo de las autoridades fue cuando le avisaron que su hijo había muerto.

Valdez fue baleado un domingo 10 de abril en la cuadra 200 de Park Paseo Lane, en Boyle Heights, según la oficina del forense. Las autoridades le culparon de haber entrado a una vivienda para robar, portar un cuchillo y amenazar de muerte a la persona que habitaba esa vivienda.

Por su parte, la madre de Valdez alega que como familiar inmediato, ella debería de saber sobre el caso, pero la policía no se ha comunicado con ella.

“Es triste ver cómo las madres lloramos tanto; primero de felicidad cuando damos a luz y luego cuando se mueren nuestros hijos. Peor aún, cuando no sabemos en las circunstancias en que murieron, ya que la policía se queda callada, se protege a sí misma y no le importa nuestro dolor”, dice la señora Blanca.

Otra muerte sin respuesta

En el caso de la familia Rodríguez, la muerte de Edwin Rodríguez, de 24 años de edad, tampoco tiene respuesta.

“Mi hijo murió con 17 balazos por la espalda que le propinaron agentes del Sheriff el 14 de febrero entre la avenida Ferris y el Bulevar Whittier, en el Este de Los Ángeles”, señala Estela Rodríguez, madre del joven.

“Al principio las autoridades dijeron que mi hijo se había robado un auto, luego dijeron que lo detuvieron en el auto porque supuestamente no tenía placas y luego alegaron que tenía un arma… lo cierto es que el carro no era robado y el arma nunca fue encontrada”, dice la señora Estela.

Por su parte, las autoridades del Sheriff señalan que Rodríguez, quien venía como pasajero del auto se resistió a salir y puso nerviosos a los agentes al poner sus manos en el área de la cintura.

Cuando Rodriguez fue forzado a salir del auto, el sujeto siguió forcejeando y entonces dos agentes le dispararon porque vieron que iba a tomar un arma, señala el reporte de las autoridades.

“Yo vi a mi hijo con la nariz golpeada, la boca abierta, con cuatro balazos en la cabeza, dos en los brazos, en su espalda y abdomen. Las autoridades tienen licencia para matar y nosotros como contribuyentes les pagamos para que hagan ese trabajo”, dice Estela.

“En la última conversación que tuve con mi hijo, me dijo que cuidara a sus niños. Ya basta de tanta muerte. Los latinos tenemos derechos y debemos de pedir justicia como la comunidad afroamericana”, agrega Estela.

Activistas piden respuestas

En el marco de las muertes sin respuesta policial, Sol Márquez, miembro de la Organización Socialista Camino a la Libertad, sostiene que la muerte de Jesse Romero, un adolescente de 14 años de edad, que murió este pasado 10 de agosto en manos del LAPD, es la quinta muerte de un latino solamente en el área de Boyle Heights en lo que va del año.

“Pedimos a las autoridades que se acerquen a las familias para esclarecer las muertes”, indica Márquez.

Asimismo, Carlos Montes, miembro del Centro CSO y activista para los derechos chicanos, señala que las muertes le recuerdan a los movimientos chicanos de los años 70, donde se le pedía a los políticos justicia social.

“No ha habido muchos cambios, continúa la discriminación, los asesinatos, la segregación. No podemos continuar sin salir a luchar”, dice Montes, quien recientemente organizó un foro comunitario donde se habló de las muertes.

Las autoridades

Según las autoridades, no se puede hablar de casos que se encuentran bajo investigación.

Regularmente, en el caso del Departamento del Sheriff de Los Ángeles la oficina de la Procuraduría también abre una investigación. En caso del LAPD, la Comisión puede abrir una investigación interna aparte de la Procuraduría.

Para cerrar esa brecha de comunicación, recientemente, la Comisión de Policía de Los Ángeles, le pidió al jefe Charlie Beck, nombrar un agente con experiencia para proveer información a estas familias.

Según Matthew Johnson, presidente de la Comisión, el encargado debe tener “acceso a información correcta para garantizar información precisa en relación al proceso [de investigación] y que se proporcione lo antes posible” a los familiares.

Entre el 2000 y el 2016, de las 654 personas que perdieron la vida bajo las balas de las autoridades en el condado de Los Ángeles, más de la mitad eran de origen latino.

Tal como esta familia, otras familias necesitan respuestas y necesitan que alguien se responsabilice de esas muertes, sostuvo Cristina Jiménez, co-fundadora y directora de United We Dream.

A nivel local, un reporte de la Comisión revela que en el 2015 algunos de sus agentes abusaron de su fuerza en casi 2 mil casos. El plan de la comisión también requiere que el agente asignado les informe a las familias sobre sus seres queridos que han resultado herido por los agentes de la policía.