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Salen a protestar por Daca; impacto económico golpearía a EU

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El día elegido por la presidencia de Donald Trump para eliminar el programa Daca, que le brinda la estadía legal a casi 700,000 jóvenes indocumentados, cerca de un centenar de activistas pro-inmigrantes salieron a las calles de Los Ángeles para exigirle al Congreso llegar al acuerdo de un alivio contra la deportación de este sector.

Aunque por ahora interdictos judiciales obligan al gobierno a continuar emitiendo renovaciones para los beneficiarios de este programa, la disputa de que si este debe continuar en pie o no, se dirige al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

El impacto negativo de que el Congreso no pueda llegar a un acuerdo podría ser la deportación de miles de jóvenes, el dolor de la separación familiar y un golpe fuerte a la economía de Estados Unidos, dijeron activistas este lunes.

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“Trump llegó a deshacer un programa que no solamente era compasivo, sino que también nos daba la oportunidad como inmigrantes de hacer de este país nuestro y aportar a la sociedad”, dijo Daniel López, activista “soñador”.

“Daca sobrevive gracias a la decisión de la Corte Suprema, pero no queremos esperar a que ahora otra corte decida nuestro futuro, le pedimos a los políticos que tomen las riendas. Nosotros no somos ladrones, somos aportadores”, agregó López.

Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla, exigió al presidente que cumpla su palabra de negociar en buena fe sobre el futuro de los “dreamers”, sin pedir muro o la desaparición de la inmigración en cadena.

“Si no cumple Trump, el Congreso debe hacer su trabajo. Está claro que podemos negociar sobre la seguridad en la frontera, pero no a costa de tomar como rehén a los beneficiarios de Daca, quienes contribuyen a la sociedad”, dijo Salas.

Un motor económico

Varios expertos están de acuerdo en que Estados Unidos tiene más que perder si desaparece Daca.

Un estudio del Center for American Progress estimó que la pérdida de todos los trabajadores amparados a ese programa reduciría el producto interno bruto del país (PIB) en 433,000 millones de dólares en los próximos 10 años.

Ese impacto económico se sentiría principalmente en California, en donde hay un estimado de 188,000 trabajadores que están bajo Daca; el estado sufriría una pérdida de PIB de $11.3 mil millones al año, según la investigación.

Texas perdería $6.1 mil millones en el PIB anualmente, y Carolina del Norte perdería $1.9 mil millones al año.

De acuerdo al Center for American Progress los “soñadores” comienzan pequeñas empresas, el doble de la tasa de la población general.

Asimismo, como contribuyentes, los destinatarios de Daca o aquellos elegibles para el programa contribuyen con un estimado de $2,000 millones por año en impuestos estatales y locales.

Por otra parte, en por lo menos 26 estados, la población elegible para este alivio migratorio tiene un poder adquisitivo de al menos $100 millones.

El senador Martin Heinricoh, miembro del Comité Económico Conjunto, acota que las vidas que los “dreamers” han construido en los Estados Unidos reflejan lo mejor del país.

“Todos los días, estos talentosos jóvenes se suman a la fortaleza de nuestra economía y la vitalidad de nuestra nación”, dijo el senador.

“Los empleadores estadounidenses serían perjudicados, enfrentando $6.3 mil millones en costos de rotación innecesarios para reclutar, contratar y entrenar a más de 700 mil nuevos empleados”, subraya Heinricoh.

El DREAM Act, otra esperanza

Cuando Trump anunció la cancelación de Daca, la comunidad de “dreamers” pidió el apoyo para la aprobación del DREAM Act, una ley que les brinda la oportunidad para alcanzar la ciudadanía.

Sin embargo, hasta ahora el Congreso tampoco ha logrado su aprobación ante las disputas entre demócratas y republicanos.

Francesc Ortega, profesor de economía de Qeens College (CUNY) y quien también investigó el impacto de la revocación de Daca, insiste en que existen beneficios económicos de este programa, aunque esto solo brinda un estatus temporal.

No obstante, la aprobación del DREAM Act, resultaría en mejores beneficios.

“Al proporcionar un camino hacia la residencia legal permanente, los planes educativos de ‘DREAMers’ no se distorsionarían, como puede ser el caso de los permisos temporales. De hecho, es probable que la Ley DREAM aumente la asistencia a la universidad entre los ‘DREAMers’, y por ende la contribución de los ‘DREAMers’ a la economía”, sostiene Ortega.

Asimismo, la investigación demuestra que los inmigrantes que recibirían permisos permanentes de trabajo legal en virtud de la Ley DREAM, no competirían con los trabajadores poco calificados de los de Estados Unidos.

La ley, además, no tendría un efecto significativo en los salarios de los trabajadores nacidos en territorio estadounidense, independientemente del nivel de educación, porque los “soñadores” representan una fracción tan pequeña de la fuerza de trabajo.

Si bien, el desaparecer Daca le costaría al gobierno unos $60 mil millones de dólares en deportaciones, para Maru Galván, madre de dos “dreamers”, la vía justa es el DREAM ACT.

“No es justo que este sector sea perseguido. Ellos necesitan sus permisos de trabajo”, concluyó Galván.

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