Defensores pro-inmigrantes aseguran que regresa el racismo con nuevas medidas del Sheriff

Defensores pro-inmigrantes aseguran que regresa el racismo con nuevas medidas del Sheriff

La frustración aflora entre los defensores de los migrantes, al saber que la cancelación del programa 287(g) duró poco tiempo, porque cuatro meses después se comienza a implementar un nuevo plan que revive la polémica iniciativa federal.

Jim McDonnell, jefe del Departamento del Sheriff, presentó este martes el plan que permite a la agencia notificar a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), siete días antes de que los reclusos sean liberados.

Además, los agentes de migración podrán ingresar a las cárceles para entrevistar a los presos que han cometido delitos graves, tal como se hacía con el programa 287(g), el cual fue cuestionado porque deportaba a migrantes con infracciones leves.

“Es un regreso a las malas prácticas y racismo”, dijo de forma tajante Antonio Bernabé, activista y organizador comunitario de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla).

“No confiamos en el sheriff porque se ha comprobado malos manejos, hemos visto como se les negó a las personas detenidas la oportunidad de ver a un juez y ahora muchos de ellos pueden regresar”, agregó Bernabé.

En el pasado, este tipo de políticas deportó a personas indocumentadas por infracciones de tránsito, quienes al ser detenidos por el sheriff les pidió su licencia de conducir y luego fueron remitidos a Migración.

Blanca Pérez, por ejemplo, todavía tiene el sabor amargo de haberse librado de la deportación. En el 2011, la policía la detuvo en el Valle de San Fernando por vender paletas cerca de una escuela. Al llegar a un centro de detención del Condado inició su calvario.

“Siempre que salgo ando con ese miedo”, aseguró la comerciante mexicana, quien después de un largo proceso quedó libre de cargos. Al conocer sobre las nuevas medidas del sheriff, cree que el peligro para ella será inminente.

“Quiero que nos dejen trabajar, ellos deberían dedicarse a capturar delincuentes, haciendo algo beneficioso para la comunidad”, manifestó la migrante de 35 años, cuyos ingresos utiliza para mantener a un hijo en L.A. y dos en su natal Oaxaca.

La junta de supervisores del Condado de Los Ángeles, en mayo pasado, aprobó en una votación cerrada (3-2) eliminar el programa 287(g), después de conocerse que muchas familias fueron separadas por este tipo de iniciativas.

Elizabeth Uribe, abogada de inmigración, consideró que la nueva medida es ambigua; según la jurista, aunque los términos y conceptos que se utilizan son diferentes, todavía queda a discresión de las autoridades aplicarlo a su manera.

“¿Quién va a determinar que un crimen es grave? ¿Cuáles son los delitos graves? ¿Tendrá una persona pobre el tiempo suficiente para contratar un abogado?”, se pregunta Uribe.

“Lo que se ve es que se trata de un plan que está disfrazando el proceso de detención de ICE que existía antes, lo único que están haciendo es un cambio de vocabulario”, agregó la abogada.

Al aprobarse la cancelación del programa 287(g), los supervisores del condado instruyeron al sheriff que colaborara con migración de otra manera; además, incluyó que se evaluara el Programa Prioritario de Aplicación de la Ley (PEP).

PEP es una iniciativa federal que se enfoca en personas condenadas por delitos graves, entre los que se destacan el terrorismo, espionaje o que representan una amenaza a la seguridad nacional.

“Es un retroceso, están queriendo imponer agentes de ICE de la misma manera que estaban antes; el nuevo plan del sheriff va más allá de los límites de PEP”, advirtió Jennie Pasquarella, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

En el 2013, ACLU demandó al gobierno federal, al señalar que ICE forzaba a los detenidos a firmar su salida voluntaria, sin darles la oportunidad de tener representación de un abogado.

Durante el período establecido, entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014, se estima que alrededor de 30 mil personas fueron deportadas por Migración en el Sur de California o por la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego.

A juicio de Joseph Wiltberger, investigador y profesor de Migración de la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN), los programas federales todavía generan antipatías debido a los antecedentes de familias desintegradas por las deportaciones.

“La pregunta a resolver es saber, si con las reformas se van a poder deportar en verdad a personas que han cometido crímenes graves; el problema que hemos visto es que no ha habido una rendición de cuentas transparente”, aseguró el académico.

En la administración de George W. Bush se deportaron un promedio de 252 mil personas cada año. En el mandato de Barack Obama la cifra anual ascendió a 400 mil. Eso significa, que desde el 2009 hasta el 2014, asciende a 2.4 millones.

Copyright © 2018, Hoy Los Angeles, una publicación de Los Angeles Times Media Group
52°