La ‘regla de carga pública’ afectaría a casi un millón de solicitantes de residencia anualmente

El plan federal que les niega la “tarjeta verde” a los usuarios de beneficios públicos ha sembrado muchas dudas en la comunidad inmigrante, y es que hasta hace apenas unos días el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentó una versión preliminar de su “regla de carga pública”.

Lo que es un hecho para los expertos, es que el plan radical del presidente Donald Trump tiene como meta remodelar el sistema legal de inmigración sin que el Congreso tome ninguna medida.

Según el propio cálculo del DHS, esta regla afectaría anualmente a unos 900,000 solicitantes de tarjetas de residencia y visas dentro de Estados Unidos.

Doug Rand, exfuncionario de la Casa Blanca y quien trabajó en las regulaciones de inmigración, detalla lo que la regla significa para la comunidad inmigrante.

“La regla de la carga pública reduciría drásticamente el número de personas elegibles para tarjetas de residencia y visas temporales, no solo en función del uso real de los beneficios del gobierno, sino también del uso ‘probable’ de los beneficios en cualquier momento en el futuro”, indica Rand.

Por primera vez, el DHS exigiría que los inmigrantes tengan un ingreso familiar tan alto como el 250% de las Pautas Federales de Pobreza, eso es $41,150 para una pareja sin hijos y $73,550 para una familia de cinco, sostiene el experto

Si se aplica estrictamente la regla:

¿Qué significa?

• El DHS podría comenzar a negar a más de la mitad de todos los solicitantes de la tarjeta verde de matrimonio, y cada año obliga a casi 200,000 parejas casadas a abandonar Estados Unidos o vivir separadas por tiempo indefinido.

• Alrededor del 56% de todos los solicitantes de tarjetas de residencia basados en la familia podrían ser rechazados, bajo el requisito de ingresos sin precedentes de la regla de carga pública, más del 47% estimado en riesgo basado en el uso previo de los beneficios del gobierno.
• Además, este nuevo obstáculo tendría efectos desproporcionados basados en el origen nacional y el origen étnico, bloqueando el 71% de los solicitantes de México y América Central, el 69% de África y el 52% de Asia, pero solo el 36% de Europa, Canadá y Oceanía.

De acuerdo a Rand, siempre hay cierta incertidumbre en cualquier solicitud, ya que los agentes de inmigración ejercen una cantidad justa de discreción caso por caso.

“Pero el plan de carga pública del DHS aumentaría esa incertidumbre al introducir tantos nuevos factores para que los oficiales los examinen. DHS exige que sus funcionarios vayan más allá de la determinación habitual de elegibilidad para una tarjeta verde o categoría de visa”, dijo.

El DHS podría tachar como posible carga publica el ser mayor de 61 años o ser menor de 18 años, tener alguna condición médica que pueda interferir con la escuela o el trabajo, no tener recursos suficientes para cubrir tal condición médica o no tener seguro de salud privado.

Otros factores negativos serían tener varios hijos u otros dependientes, tener pasivos financieros, tener “mal crédito” o una puntuación de crédito baja, no tener historial de empleo, no tener un diploma de escuela secundaria o educación superior e inclusive no habla inglés.

El experto sostiene que el mayor problema de la nueva regla es que ya no se necesita.

“Cuando se trata de los estándares de carga pública, la política de status quo nos ha servido bien. El Congreso ya decidió quién es elegible para los beneficios públicos y quién no, y estableció un umbral de ingresos claro para los patrocinadores”, agrega.

A su juicio, la norma propuesta está diseñada para impedir y reducir la inmigración legal.

“Nunca en la historia de nuestra nación hemos dicho que tiene que ser una clase media cómoda para convertirse en estadounidense”, sostiene.

¿Qué pasa Ahora?

Regla propuesta: El DHS publica una regla “propuesta” o “borrador” en el Registro Federal (conocida como “Notificación de Reglamentación Propuesta”), con una fecha de publicación oficial del 10 de octubre de 2018.

Este documento establece la los cambios que DHS quiere hacer al Código de Regulaciones Federales, junto con una larga justificación legal y económica.

Período de comentarios públicos: Para los próximos 60 días, la regla propuesta está abierta para comentarios públicos.

Esto significa que cualquier persona puede enviar a DHS sus propios comentarios sobre la regla de carga pública, incluidos los argumentos para mantener el status quo o modificar el texto reglamentario.

Deliberación interna: durante los próximos meses, el DHS lee todos los comentarios públicos, prepara una respuesta a cada preocupación importante y posiblemente realiza cambios en su plan regulatorio y análisis de impacto económico.

Este proceso generalmente toma mucho tiempo: seis meses serían muy rápidos en términos de agencias federales, y más de un año no es raro.

Regla final: DHS publica una regla “final” en el Registro Federal. Este documento establece los cambios finales que DHS hará al Código de Regulaciones Federales.

DHS puede decidir cambiar el curso de su regla inicial propuesta, o adoptar el mismo idioma que antes. De cualquier manera, el DHS debe proporcionar una justificación detallada de por qué eligió seguir o ignorar los comentarios públicos que recibió.

La regla final tendrá una “fecha de vigencia”, que generalmente ocurre de 30 a 60 días más tarde, momento en el cual la regla se convierte en ley, asumiendo que no está bloqueada por un juez en una demanda federal.