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Reclamo judicial reta la regla de salida forzada para los que piden asilo en la frontera

(AP)

Un nuevo reclamo judicial alega que la regla federal que obliga a las personas que piden asilo a salir de país, los pone en peligro extremo, y reta a que sea anulada.

Para ponerle más peso a la queja, se une a la American Civil Liberties Union (ACLU), Southern Poverty Law Center y el Centro para Estudios de Género y Refugiados, entre otros grupos.

“La administración de Trump está devolviendo por la fuerza a los solicitantes de asilo al peligro en México”, afirma Judy Rabinovitz, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

“Una vez más, la administración está violando la ley para disuadir a los solicitantes de asilo de buscar seguridad en Estados Unidos”, sostiene Rabinovitz.

La demanda surge de 11 solicitantes de asilo de Guatemala, Honduras y El Salvador, que fueron devueltos a México, y quienes tienen que esperar en la frontera con el riesgo de secuestro, desaparición, tráfico, asalto sexual, y asesinato, entre otros daños.

“Las lesbianas, gay, bisexuales y transexuales, así como las personas de herencia indígena, están particularmente en riesgo. Incluso antes de ser sometidos a la nueva política de devolución forzada, muchos de los demandantes ya habían sido víctimas de discriminación, robo, extorsión, secuestro, y asalto en México”, afirma la demanda.

“Bajo estas condiciones [para los refugiados] es casi imposible prepararse para sus casos”, sostiene.

Los activistas citan violaciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Procedimientos Administrativos, así como el deber de Estados Unidos bajo la ley internacional de derechos humanos de no devolver a las personas a condiciones peligrosas.

Explican que la mayoría de personas que pide asilo tiene suficiente credibilidad para que se les otorgue el alivio, y para que tengan que esperar por su caso en un lugar seguro.

El demandante “John Doe”, por ejemplo, es un hombre indígena de Guatemala que sufrió brutales golpizas y amenazas de muerte a manos de un “escuadrón de la muerte” que controla su ciudad.

El escuadrón de la muerte lo ataca por su identidad indígena, frecuentemente provocándolo con insultos y ataques que lo han dejado ensangrentado e inconsciente. John reportó los primeros golpes a la policía, pero no hicieron nada para protegerlo.

Por su parte, otro demandante de Honduras trabajó encubierto para detectar actividades de tráfico de drogas en su region. Huyó del país para buscar asilo después que su identidad se reveló a los narcotraficantes. Aunque el demandante logró escapar, su hermano fue asesinado.

“Esto ya no es solo una guerra contra los solicitantes de asilo, es una guerra contra nuestro sistema de leyes”, señala Melissa Crow, abogada y principal supervisora del Southern Poverty Law Center.

“Esta política equivocada priva a las personas vulnerables de las protecciones humanitarias que han estado en los libros durante décadas y pone sus vidas en peligro”, agrega.

Blaine Bookey, directora legal del Centro para Estudios de Género y Refugiados, recalca que “la política socava gravemente el propósito del sistema de asilo, al poner en peligro a la gente en lugar de salvaguardar sus vidas”.

El caso, Innovation Law Lab v. Nielsen, se presentó en un tribunal federal de San Francisco, y es apoyado por Innovation Law Lab, el Centro de Recursos Centroamericanos del Norte de California, el Centro Legal de la Raza, la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco, la Clínica de Defensa de Inmigración y Deportación, Al Otro Lado, y el Centro de Justicia de Tahirih.


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